… y ahora?

Mientras el gobierno y los empresarios acuerdan paliativos marginales, las autoridades y los principales analistas han vuelto a equivocarse en la estimación de lo que sucedería con la inflación, o sea con la magnitud de ese impuesto encubierto al cual apelan, consciente o inconscientemente los gobiernos cuando advierten el riesgo del desequilibrio fiscal. Hay tres tipo de políticas posibles ante un proceso de rebrote inflacionario como el que se insinuaba ya, siete meses atrás (ver gráfica de la nota adjunta): una ignorar el riesgo y juguetear con los acuerdos de precios para demostrar sensibilidad. La segunda consiste en aplicar medidas tributarias y comerciales que compriman la emergencia ganando tiempo. La tercera consiste en imponer disciplinas fiscales de mayor impacto, bajando de esta manera la demanda producida por el aumento del gasto público e interrogar al Banco Central acerca de cómo va a aplicar sus instrumentos para defender la moneda nacional y en tanto, el salario, las pasividades y el ahorro o la inversión de los uruguayos en pesos. La elegida, obviamente es la primera. La inflación es en sí un problema que los uruguayos no logramos entender. Condenamos un «ajuste fiscal» y nadie parece preocuparse por la mera posibilidad de que el gobierno acepte eliminar con la inflación el aumento real de salarios y jubilaciones que acepta en la negociación. De otra manera, ¿cómo es posible que nadie interrogue al BCU acerca de porqué el BCU no ha comenzado a aplicar plenamente el programa monetario comprometido? Con los datos a junio, los últimos disponibles, la variación interanual del M1 en el último trimestre superó el 20% revirtiendo la tendencia comprometida de disminución de los medios de pago hacia un 9% en los próximos doce meses. Hace treinta días el BCU iba en esa dirección y la expansión disminuía al 17%. Ahora vamos en dirección contraria. Lo que pasa es obvio. El gobierno no tiene fuerza y el BCU menos para jugarse enfrentando el riesgo inflacionario tal cual lo ha comprometido. Y ello, además de colarse como un dato en toda la negociación colectiva, en la formación de las tasas de interés y demás, sugiere un dato aún más problemático. La indolencia frente al desgaste que sufre otro regulador, esencial en este caso. El BCU no está en condiciones de cumplir su misión constitucional principal. En los años previos a la crisis de 2002 sucedía algo similar, aunque en otras áreas de responsabilidad del regulador. Y ese sí es un problema que tiene una magnitud de otra naturaleza que el precio de la paleta y el pollo. Para el gobierno una inflación mayor puede hasta ser bienvenida si corrige embozadamente su debilidad para asegurar estabilidad a futuro. El problema es el silencio de los trabajadores y del propio BCU que no debería tener en este momento las mismas prioridades que el Poder Ejecutivo. *

J.J.