Estrategia oficial amplía la franja de beneficiarios para acceso a la vivienda

El nuevo sistema nacional de vivienda apunta a una transformación radical del abordaje que ha realizado el Estado hasta el momento.

La nueva estrategia busca generar un escenario de credibilidad y confianza entre Estado, actores privados y la ciudadanía. Este año estarán disponibles instrumentos novedosos de financiamiento que habiliten la participación de inversión privada, ampliando y dinamizando el mercado. En este sentido se manifestó a favor de que las AFAP puedan invertir en vivienda, pues los plazos de ahorro provisional y de compra de una vivienda encajan perfectamente

En este escenario, el BHU funcionará en régimen de competencia. La nueva Agencia Nacional de Vivienda se hará cargo de la ejecución de las políticas que fije el ministerio.

El nuevo diseño supone mirar el sistema público de otra manera y reformular el posicionamiento de los diferentes actores con injerencia en la materia. «El Estado debe apuntalar a aquellos que no pueden abastecerse en el mercado», volviendo a la producción de vivienda digna para todos los sectores sociales mas allá de sus ingresos». De este modo, generar un producto atractivo para amplios sectores, rompiendo el circulo vicioso de la exclusión social, al realizarse vivienda «para pobres en lugares para pobres «.

Por eso el énfasis estará en programas en zonas consolidadas, con todos los servicios, y no seguir extendiendo las manchas urbanas, con los costos adicionales en infraestructura que conlleva.

Otro de los cambios fundamentales en la nueva generación de políticas, supone comenzar mirar desde la demanda, es decir la situación concreta del ciudadano y sus capacidades, y no desde la oferta como ha sido la norma hasta el momento.

En relación a la situación actual dijo que el país se ha movido con un paradigma inercial de cómo hacer políticas de vivienda, mientras la situación habitacional de los uruguayos iba en franco deterioro.

En relación al déficit indicó que en términos absolutos, el mismo alcanza a unas 88 mil viviendas. Sin embargo, la carencia no solo es cuantitativa, sino también cualitativa. Agrego que si se analizara el stock construido habría incluso que demoler, haciendo alusión al importante número de viviendas vacías en nuestro país, muy por encima de la media internacional.

 

Cambio cultural

Otro aspecto primordial referido a la dificultad notoria del mantenimiento del stock existente, es que muchos propietarios no pueden hacer frente a la refacción y mantenimiento de su vivienda. Esta situación probablemente alimente el abultado número de viviendas vacías y limite la entrada de las mismas al mercado: «Este no es sólo un problema de acceso al crédito, sino cultural», pues el deterioro, moderado o grave, alcanza prácticamente al 60% del stock total de viviendas.

En relación al Plan Quinquenal, se eleva el límite de 60 UR a 75 UR de ingreso familiar, ampliándose el universo de beneficiarios.

En este sentido, si se excluye al 20% de población de mayores ingresos, el 80% restante estará en condiciones de ser cubierta por la política pública de vivienda, atendiendo al principio de universalidad que la inspira.

A su vez, dentro de ese 80% de población hay algo más de un 20% de menores ingresos que no superan los $6.800, y un 4%, unas 51 mil familias, es decir más de 200 mil personas, viviendo en asentamientos irregulares.

 

El nuevo Fondo Nacional de Vivienda

La idea es que el nuevo fondo subsidie la cuota de la vivienda, a través de un estudio pormenorizado de los sujetos de subsidio, que permita ampliar la demanda. De este modo, una parte de la cuota la pagará la familia y otra el fondo.

Se hará un seguimiento de la situación financiera de la familia para adaptar las condiciones a lo largo del tiempo con los datos del nuevo sistema tributario.

La transformación prevista supone además revisar la estructura que ha matrizado el pensamiento en materia de vivienda a partir de la Ley de 1968.

Esta concepción se generó en una sociedad en la cual el 85% de la población estaba asociada a un trabajo formal. Pero la precariedad laboral condujo a la desafiliación creciente del sistema de acceso a la vivienda.

Esta es la base de una demanda insolvente que no aporta pero que comienza a ser proporcionalmente mayor sobre los recursos del fondo.

A su vez, en la década de los 90 se quita el aporte patronal al fondo. Menguado en su capacidad, se torna totalmente regresivo pues sólo aportan trabajadores y jubilados. Asimismo, el fondo fue segmentado para los pasivos, por lo que estos aportaban debía cubrir solamente viviendas para pasivos, generándose un excedente que no puede ser utilizado. En este proceso el fondo perdió capacidad de impacto que, para atender a la totalidad requeriría unos U$S 1.500 millones, hoy alcanza solamente a los 300 millones, o sea 5 veces menos, lo que se agrava con el paso del tiempo, acumulando déficit.

Por eso el nuevo diseño pretende atacar estos aspectos estructurales pues «si no se cambia la lógica no se va a tener capacidad de impacto», indicó Altamirano. *