Las empresas públicas han vuelto a contribuir al equilibrio pero enfrentan riesgos nuevos

Actualmente el Estado estaría logrando generar un equilibro global en sus cuentas partiendo del mantenimiento del superávit primario y una gestión de deuda que ha permitido que la aplicación del superávit al servicio de deuda alcance, dejando incluso, un superávit global que al término de los últimos doce meses finalizados a mayo pudiera estimarse en los ochenta millones de dólares.

Desde la perspectiva de la meta de estabilización, sin tener que afectar los niveles de actividad, la creación de dicho superávit global genera una tranquilidad importante, dado que el gobierno tiene la posibilidad de sostener la cotización del dólar con recursos genuinos mejorando las reservas y, eventualmente, acelerando el programa de gestión de deuda. Si a ello se le suma la posibilidad de que el crecimiento del 5.25% estimado para el corriente año sea superado se entiende cómo los principales analistas y consultoras del sector privado continúan extendiéndole un crédito de confianza significativo al cumplimiento del programa económico y financiero del gobierno. Y a la vez se comprende que ese mismo conjunto de analistas, aún con matices e indicando las dificultades que tendrá el BCU en los próximos meses, continúan confiando en que el regulador y el ejecutivo van a lograr mantener la inflación mínimamente despegada de las metas pero en una tendencia de aproximación a ellas.

 

Riesgo Entes

En los últimos meses las calificadoras de riesgo han venido mejorando o sosteniendo las notas de UTE y Ancap. La calificación de los títulos de deuda de UTE está al tope de la escala de calificación nacional y ello tiene un correlato con las cotizaciones de las obligaciones negociables de la empresa en la Bolsa local. Con menor exposición pública, también Ancap mantiene una calificación muy aceptable. Antel no tiene antecedentes de calificación de riesgo, empero, se acepta que si el ente decidiera financiar sus inversiones en el mercado local, pese a la mayor volatilidad y exposición a la competencia, no tendría dificultades en lograr fondos a tasas razonables en el mercado local y, probablemente también en los mercados globales. OSE va a tener que emitir en poco tiempo más algún producto financiero estructurado que le permita cofinanciar las inversiones planificadas con similares resultados si esa operación no se difiere en demasía.

Sin embargo, en la medida en que se ingresa al último tramo de la actual administración, es natural que el riesgo soberano y, en tanto, también los riesgos de las empresas nacionales, incluidas las públicas, comience a crecer. Esta perspectiva es más notoria si a ella se le incorpora el análisis de escenarios en los cuales deberán ser gestionadas las empresas públicas y su financiamiento en el futuro. El entorno del país ya no es el mismo que el gobierno manejaba cuando anunció en diciembre pasado el programa económico y financiero de 2007. Entonces, la inflación importada parecía estar en vías de ser contenida, no se visualizaban grandes cambios en los precios del dinero y se suponía que los costos energéticos no iban a volverse a asociar con episodios atmosféricos como la sequía de 2005 y el precio del petróleo se ubicaría en un rango de sesenta y cinco a setenta dólares ­referencia del precio del barril WTI en el mercado spot norteamericano­.

Ya en el ingreso del segundo semestre del año, esa perspectiva de equilibrio y aporte de las empresas públicas al equilibrio general ha comenzado a variar. Es explicable en tanto, que en este cuadro de mayores dificultades el Poder Ejecutivo intente generar señales de atención respecto a los cambios que deben procesarse en los entes. Fuentes del gobierno señalaban la semana pasada que, incluso, la presión derivada del cambio del entorno debería facilitar las operaciones de reestructura y profesionalización extrema de la gestión de las empresas. *