Una oportunidad para el desarrollo social y económico del Uruguay

El Uruguay ha iniciado un camino en la concreción de la diversificación de su matriz energética que además permita la generación de trabajo y el ahorro progresivo de divisas, a partir de la sustitución progresiva de combustibles de origen fósil por agrocombustibles, etanol y biodiesel. Es en definitiva una propuesta nueva de gestión del territorio, que se basa en tres pilares: la producción agrícola, el trabajo y la energía.

Este camino se inició con la instalación en el norte del país de una nueva agroindustria, la sucroalcoholera, que permitirá desarrollar la producción de caña de azúcar en Bella Unión. Esta propuesta tiene como objetivo la producción de azúcar, alcohol carburante y energía eléctrica para alimentar la red de UTE. Este proyecto es un modelo del país productivo, del país del trabajo. Esta propuesta está basada en los conceptos de soberanía energética y alimentaria, ya que engloba la producción de un alimento básico como es el azúcar, y energéticos como son la producción de alcohol carburante para mezclar con las gasolinas y energía eléctrica para venderle a UTE. Son más de 3000 las familias que este proyecto productivo incluye: trabajadores rurales (1800) e industriales (500) y 400 productores pequeños y medianos (16 hectáreas de caña de azúcar por productor).

Esta propuesta tiene como objetivo llegar a tener un área de 10000 hectáreas de caña de azúcar, que junto a la producción de arroz, hortalizas, horticultura protegida, ganadería, lechería, entre otras actividades, constituyen una región productiva diversificada, combinando la producción de alimentos y la agroenergía.

 

Algunas reflexiones

Queda sumamente claro que el sector agropecuario se debe analizar desde una perspectiva integradora, teniendo en cuenta al menos tres diferentes dimensiones: ambiental, social y económica. De este modo es posible visualizar por ejemplo en qué medida la expansión de un rubro productivo será positiva o negativa no sólo en relación al impacto económico que provocará sobre el sector sino también en relación a los efectos sociales y ambientales que tendrá a corto y largo plazo, poniendo de manifiesto en algunos casos las contradicciones entre crecimiento económico y sustentabilidad de los recursos naturales.

La creciente concentración de los recursos y del capital en el campo uruguayo, la continua pérdida de autonomía de los productores familiares, y la emigración rural afectan negativamente la equidad social del campo. Para poder plantear soluciones que sean capaces de revertir estos problemas es necesario conocer que las principales demandas de los productores agropecuarios familiares, responsables de la mayor parte de la producción de alimentos, pasan por la implementación de políticas agrarias, que vayan más halla de lo productivo, que sean adecuadas a sus necesidades y a las del resto de los uruguayos. Para eso se debe proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado interno, desarrollando a su vez políticas comerciales de complementariedad alimentaria y energética a nivel regional y fuera de la misma. En nuestro país el Estado deberá jugar un papel fundamental y en especial, en el caso de empresas como el Grupo Ancap deberá ser herramienta fundamental para el desarrollo. El Estado deberá establecer políticas de ordenamiento productivo, de gestión del territorio, léase, tierras e Instituto Nacional de Colonización, redefinición del papel del crédito para la producción nacional, como ser la creación de fideicomisos (fondos) que permitan el acceso de los pequeños y medianos agricultores a estas nuevas cadenas agroindustriales.

El potencial económico de Uruguay se basa fundamentalmente en sus 16 millones de hectáreas de tierra fértil, uno de los niveles más altos por habitante en el mundo, a lo que se suman los valores agroecológicos que aún se conservan en nuestros ecosistemas. Vale decir que cuenta con enormes ventajas para posicionarse como destacado productor de alimentos de calidad, sanos y abundantes, que ofrezcan seguridad alimentaria, en primer lugar para los habitantes de nuestro país, pero también a los de los países importadores. Paralelamente se podrán desarrollar sistemas de producción de materias primas adaptadas a nuestras condiciones agroecológicas y culturales, para la producción de etanol y biodiesel. Es por eso que no vemos contradictorias las afirmaciones realizadas en Chile por el presidente Tabaré Vázquez y las declaraciones de Fidel Castro. Vázquez planteó, «la racionalización en el uso de la tierra para la generación de elementos que produzcan biocombustibles, cuando se está agotando la fuente de combustible fósil en particular el petróleo; tiene capital importancia para la vida en el planeta. También tiene vital importancia, tener racionalizada la tierra para la producción de alimentos. A mi me parece que no es todo negro y blanco, hay matices de grises, en esa línea creo que debemos seguir». Este planteamiento se enmarca en una política armonizadora y equilibrada de la producción de alimentos y agrocombustibles.

Para esto se deberán poner en marcha nuevas cadenas agroindustriales generadoras de energía que sean económicamente rentable, y a la vez capaz de reducir el gasto que significa la importación de petróleo para el país, promoviendo simultáneamente las actividades agrícola e industrial, que están en retroceso desde hace varias décadas, al mismo tiempo que se disminuirá el impacto negativo sobre el ambiente y la salud humana producido por las emisiones de CO2 que genera el consumo de combustibles de origen fósil. Además se deberá poner énfasis en aspectos no sólo económicos, como la eficiencia, el crecimiento, el ahorro de divisas, sino también en el esfuerzo conjunto, permanente y coordinado, en una distribución equitativa del desarrollo logrado, integrando conceptos de responsabilidad y compromiso social, gestión participativa, seguridad laboral y valor agregado local.

En este momento la única asignatura pendiente en agricultura es el compromiso social del resto de los ciudadanos que deben asumir que la agricultura es un problema de todos. Para ello debemos procurar conocer los procesos a través de los cuales se obtienen los alimentos, demandando aquellos productos con «vida», con denominación de origen, con una producción que asuma los valores sociales y éticos, sin olvidar un precio justo y los valores ambientales y sociales de la agricultura. Para conseguir esto es necesario un mayor acercamiento entre el agricultor y los demás ciudadanos, en base a un consumo responsable y solidario, con el fin de plantearnos un nuevo modelo alimentario, energético y en la gestión de los recursos. *