La promoción de la reforma administrativa del Estado colide con la agenda principal

Hay una precipitación infernal de proyectos de todo tipo, los cuales disputan entre sí por los recursos y el tiempo disponible que tiene este gobierno para completar un programa ordenado de reformas tan esenciales como complejas. No se pueden alterar todos los días las prioridades de ese plan. No hay razón ni tiempo para embarcarnos en la confrontación de una reforma administrativa u organizativa de un Estado cuya misión aún es incierta en el seno del mismo partido de gobierno.

No hay un tiempo infinito para impulsar, entender y aprobar lo que ya está en la agenda. La curva del crecimiento de los próximos años comienza a recostarse sobre tasas más normales. Aun sin cambios relevantes en el entorno actual, es obvio que la recaudación de impuestos no seguirá creciendo al 20% ni la productividad del trabajo se mantendrá en los niveles actuales. Las proyecciones del programa económico y financiero prevén un escenario en el cual el gasto discrecional del gobierno, incluyendo las transferencias a la seguridad social, aumentará mínimamente en un 17%.

Lo cual supone que para cumplir los compromisos -ahora sin el FMI, compromisos únicamente con la propia sustentabilidad del programa- la gestión del gobierno va a transitar por andariveles extremadamente más estrechos que aquellos en los cuales pudo moverse la política en 2006. Pese a ello ya sabemos que la deuda pública neta aumentará en el año otros doscientos millones de dólares lo cual, más allá de la pericia de la nueva Oficina de administración de la deuda, determinará que tengamos que pagar unos U$S 920 millones tan sólo por concepto de intereses, U$S 50: más que en 2006. Pese a esa idea de las nuevas restricciones, hasta aquí todo es previsible y nada dramático por cierto. Todo bien, a condición, por ejemplo, de que el gobierno en su conjunto entienda que las cuentas cierran con una emisión neta de títulos de deuda algo mayor a los U$S 700 millones.

Deuda que habrá que emitir en condiciones de plazos e intereses soportables por el programa y el mercado. Y esto siempre es difícil e incierto para Uruguay. Actualmente Uruguay tiene un riesgo país – castigo por el riesgo diferencial frente a los emisores de deuda triple A- históricamente bajo. Pero ninguna calificadora de riesgo le otorgará a las emisiones de este país la nota de inversión «no especulativa» en el futuro próximo.

Ello no importa demasiado cuando los capitales se derraman sobre la periferia. Pero cuando eso no sucede, emitir deuda nueva es prácticamente imposible para un país como Uruguay.

 

Elusión cara y peligrosa

Ello supone la existencia de una confrontación brutal por la estabilidad financiera y monetaria, requisito absolutamente imprescindible para ir empujando el país a los mínimos estadios de confianza necesarios para tentar operaciones más ambiciosas en materia de desarrollo e inclusión social.

La esencia de esa confrontación continúa siendo ignorada. Luego de su decisión de enfrascarse en la reforma administrativa del Estado, todos sospechamos que la gran mayoría del gobierno no está dispuesta a intentar eliminar las causas principales de la inestabilidad que padece este país con acciones más ofensivas en materia legislativa. El sistema arcaico de reglas de competencia y propiedad o el desprecio por la función de los reguladores determina la subsistencia de un riesgo que afecta profundamente cualquier intento de mejorar los negocios sanos y la transformación empresarial a nivel de todo el espectro de empresas nacionales.

La inversión externa directa y las grandes transnacionales encuentran con cierta facilidad formas de minimizar los riesgos que se desprenden de marcos normativos obsoletos. En esa dirección el país ha suscrito acuerdos de protección de inversión y los grandes proyectos dirimirán sus conflictos en tribunales arbitrales especiales o en sedes judiciales externas. En cambio, si esa protección que tiene la inversión extranjera no se hace extensiva a las empresas nacionales a través de la creación de un cuerpo de garantías legales que hoy no están disponibles los malos empresarios mantendrán sus excusas y todos nos seguiremos educando en la evasión de responsabilidades individuales.

El riesgo de la inversión genuina y sana sigue siendo demasiado elevado. Y se sintetiza en dos tipos de tasas de interés; aquellas que pagan las empresas e inversores externos y otra que debe pagar el gobierno y las empresas nacionales. En un país en apuros como Uruguay, la sospecha de que la mayoría del gobierno no tiene muy claras las prioridades de su agenda de reformas en los regímenes de competencia, propiedad y regulación es un fenomenal problema económico y social para un futuro próximo.

 

La señal de la OPP

Esa batalla por la estabilidad, el desequilibrio y la reforma estructural es la confrontación principal y el desafío más fuerte que tiene este gobierno. Sin embargo, esos no son valores apreciados en la puja de la política menuda.

Si aumenta la puja y la confrontación en las zonas de rentabilidad mayor para la política partidaria y menor para el Estado, la estabilidad será más cara y la reforma estructural más hipotética. Lentamente se van perfilando en la acción dominante del gobierno acciones que no son comprensibles si no se explican en el cuadro de ese incremento de la confrontación política. Los cambios en la OPP son explicados en esta perspectiva de alistamiento para un incremento de la confrontación y más allá de que sean explicables por la propia lógica de los equilibrios políticos, no son neutros desde una visión de riesgo en materia económica y, sobre todo, financiera. Se dice que las autoridades del equipo económico ya se conformarán con arribar al término de 2007 con un superávit primario del 3.5%, tres o cuatro décimas debajo del objetivo programa. En absoluto, una pérdida menor. En el contexto, una erosión de credibilidad muy fuerte. Uruguay, su gente y la propia esencia del cambio no se merecen improvisaciones que deberían estar prohibidas a esta altura de la experiencia. El año pasado fue calificado como el año de las reformas estructurales y finalizó a duras penas con una reforma tributaria de dudosa aplicabilidad inmediata.

Este año debería haber comenzado con reafirmación del calendario principal. En principio, el de la reforma de los arcaicos sistemas de competencia y quiebra -nada menos que el sustento legal de la incompetencia empresarial y la propiedad mal habida. Con la firma de todos los ministros en un proyecto de ley enviado el último día hábil de 2005 se le había prometido al país habilitar al Banco Central con los instrumentos que exige para cumplir su delicada misión de regulación monetaria y seguridad bancaria. Todo ello, incluyendo el SNIS, se subsumirá ahora detrás de dos iniciativas más funcionales con la política disponible: una Rendición de cuentas de resultados imprevisibles y una reforma del Estado de tipo administrativa que ya está generando más costos que cualquier ganancia visible. *