LAS MEDICIONES OFICIALES ARGENTINAS NUEVAMENTE EN EL OJO DE LA TORMENTA

Grave error en el resultado de la balanza comercial argentina

El gobierno anunció públicamente que detectó «fallas gravísimas» en las últimas cifras difundidas por el organismo sobre el saldo de la balanza comercial, que, además, se suman a otras que habrían sido cometidas a lo largo del año anterior.

Esto se produce justo en medio de la creciente controversia que generaron los cambios de funcionarios y metodologías en área de precios responsable de fijar los guarismos de inflación.

La ministra de Economía, Felisa Miceli, sostuvo que el Indec subestimó los ingresos generados por las exportaciones de productos primarios el mes pasado, al computar una caída en el precio promedio cuando, en realidad, y según los cálculos del Palacio de Hacienda, hubo una suba más que considerable.

La ministra reconoció el «error», y criticó «a los analistas» que salieron públicamente a defender al Instituto, sin haber detectado la equivocación.

La polémica en relación a las mediciones oficiales de los distintos indicadores se cobró la destitución de la encargada de la medición del IPC argentino, quien ocupaba el cargo desde 2001, y ­según la número uno de Economía­ será sustituida por alguien ajeno al plantel del instituto.

 

Golpe mortal

Según versiones que recoge el portal en Internet del diario Clarín, en el Indec «existe un fuerte malestar entre el personal técnico porque el desplazamiento de la funcionaria «es un golpe mortal a la independencia y credibilidad del organismo».

Y admitieron que todas las áreas sufren presiones políticas cada vez que difunden indicadores con resultados adversos a la política oficial.

Según estas versiones, la encargada habría sido desplazada por defender técnicamente la validez de los índices. Y por negarse, amparándose en el secreto estadístico, a darle a Comercio Interior la lista de los locales y comercios que los encuestadores visitan para relevar los precios. En el organismo aseguran que la desplazada funcionaria se negó a introducir «cambios metodológicos» que no respondieran a criterios internacionales. Y exigió que primero se hiciera una consulta amplia a especialistas y técnicos del país. *

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