Comerciantes opinaron sobre la designación de su representante en el BPS

Entre elecciones y designación directa en Banco de Previsión

Por su parte, una delegación de empresarios se entrevistó ayer con el presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Luis Alberto Lacalle. El grupo, que representa el 95% de las empresas instaladas en el país, reclama la inclusión de un representante en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) que «sea elegido mediante un acto eleccionarío como está previsto en la Constitución de 1967 (ley 16.241)», dijeron fuentes consultadas por LA REPUBLICA.

Los empresarios rechazan un proyecto de ley presentado por el senador Alejandro Atchugarry, actualmente reformulado por el Poder Ejecutivo y que faculta al gobierno a designar directamente los representantes de los trabajadores en actividad y los empresarios de una serie de candidatos propuestos por las organizaciones más representativas de ambos sectores.

Durante la reunión, el ex presidente de la República explicó a los representantes comerciales que «estudiará el tema conjuntamente con Alberto Zumarán y luego pasaría un informe al Directorio nacionalista».

Una de las fuentes explicó que según las estimaciones efectuadas por la Corte Electoral, las elecciones en los tres sectores (trabajadores, jubilados y empresarios) costarían aproximadamente 6 millones de dólares.

En cambio, las elecciones únicamente para empresarios y jubilados insumirían un costo cercano a los 3 millones de dólares.

Designación

¿Le parece correcto que los empresarios designen directamente a sus representantes en el BPS o piensa que, como establece la ley, el mismo debería ser electo en elecciones abiertas?, preguntó la publicación oficial de la Asociación Comercial del Uruguay (ACU) en su número de octubre.

Al respecto, el actual presidente de la ACU consideró que el tema es «complejo ya que, en primer lugar, aparece como muy dificil de organizar la elección. También es una oportunidad para que el empresario pueda discutir abiertamente los temas de su interés».

No obstante, el presidente del Centro Comercial de La Unión sostuvo que las gremiales empresariales deberían reunirse y designar directamente a un representante. «Cuando decimos todas las gremiales empresariales nos referimos a que la convocatoria a las mismas sea lo más amplia posible, para evitar que el tema sea resuelto entre unas pocas personas».

Por su parte, el presidente del Grupo Centro, Eduardo González Gil, dijo a esta publicación que «no debería haber elecciones. Como en este caso están establecidas por la ley, lo que debería impulsarse es una modificación que las elimine».

Otro de los entrevistados, el presidente de la Cámara Uruguaya del Disco, entendió conveniente la realización de elecciones abiertas. «Debería estudiarse si pudiera hacerse coincidir las elecciones del BPS con la elección nacional o municipal».

«Tal cual lo establecen las normas de la democracia: voto universal y secreto para los empresarios», opinó Enrique Singer, presidente del Grupo Comercial Cordón.

En ese sentido, Enrique Quinteros, presidente de la Asociación de Discotecas, Restoranes, Pubs y Afines, apoyo la tesis de elecciones abiertas, porque «siempre es mejor un acto electoral cristalino en el que se discutan abiertamente los temas. En una elección abierta los empresarios podrán mandatar a su delegado en el BPS.

De lo contrario, se corre el riesgo de que nadie sepa quién es el delegado ni qué cosas apoya en el Directorio».

Otro de los consultados, Augusto Montesdeoca, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Corea, dijo: «Es evidente que las cámaras empresariales deben tener incidencia en este tema que es, sin duda, un tema escabroso para opinar.

Lo que parece claro es que para que haya una elección abierta, ésta debería reglamentarse de modo tal que un acto electoral tan amplio como el que se propone, no se termine desvirtuando».

Y, finalmente, el presidente de Agencias de Modelos y Promociones Asociados, Germán Barcala, consultado al respecto, dijo que las características de la elección deben ser las mismas para los empresarios que para los jubilados y los trabajadores.

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