El gobierno encara acciones de mayor agresividad comercial mientras los privados buscan otros mercados

Luego de tres semanas de permanencia del cierre del mercado mexicano para la carne exportada por Uruguay, el gobierno estudia su estrategia a fin de evitar que, más allá de la afectación económica, la arbitrariedad de la decisión mexicana y la imposibilidad de revertirla generen nuevas incertidumbres en el sector agropecuario y agroindustrial.

Las exportaciones de carne bovina a México permanecen bloqueadas desde el pasado 18 de enero, fecha en la cual el organismo sanitario mexicano halló que dos cajas de carne provenientes de Uruguay carecían de la identificación de pertenencia al lote acordada en el reglamento. Luego de tres semanas de investigación y gestión se ha develado que no existe ninguna dificultad técnica apreciable por el organismo de contralor mexicano que pueda explicar la medida. La trazabilidad exigida está asegurada por distintas vías, e incluso los importadores mexicanos elevaron una protesta al organismo sanitario azteca acusándolo de vulnerar tanto sus derechos como el de los consumidores mexicanos.

La historia verdadera parecería tener que ver con el traspaso de mando y una sucesión de cambios de técnicos en la administración y control de los procesos de sanidad. Los importadores mexicanos acusaban al organismo de afectar los negocios por las disidencias creadas entre los miembros del nuevo y el viejo equipo, incluyendo la misión de inspectores veterinarios residente actualmente en Uruguay.

 

¿Viraje de política?

El MGAP le ha hecho saber al gobierno mexicano que admite una nueva inspección sobre la metodología que asegura la trazabilidad y el cumplimiento de las condiciones sanitarias acordadas en el convenio. Los mexicanos no responden, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya no tiene mucho para hacer y de ahora en más al gobierno le resta realizar acciones de reivindicación de las garantías afectadas, llevando el tema al organismo arbitral del tratado de libre comercio en el cual se enmarca el comercio de carne.

El gobierno no es muy propenso a establecer un contencioso formal por diversas razones, al tiempo que sabe que tampoco puede permanecer impasible frente a otra expresión de debilidad para defender los acuerdos comerciales de largo plazo que firma y en cuyos marcos los privados comprometen proyectos de inversión.

La excepcional situación de la agropecuaria y precios de exportación promedio para la carcasa de carne bovina que oscilan en U$S 2.000 otorgan al gobierno un margen mínimo dentro del cual tomar sus decisiones.

Uruguay ha comenzado a afrontar algunos problemas de mercados inexistentes hasta ahora. Chile y Rusia, mercados que sustituyeron con mejores precios la predominancia de las exportaciones al Nafta, ahora están siendo abastecidos por competidores que trabajan con mejores precios que Uruguay. En particular Brasil, pese a su escasa competitividad cambiaria. Argentina y Brasil comienzan a moverse con más comodidad en mercados de concurrencia común con nuestro país, en la medida en que se ha ido diluyendo la afectación que les produjeron en el pasado reciente los brotes de aftosa. Técnicos de Opypa e Inac consultados a principios de la semana entendían que la perspectiva de mercados para la carne bovina sigue siendo excepcional, lo que no supone que en el corto plazo se produzcan turbulencias variadas. Ello es lo que motivaría al gobierno para generar señales de defensa de los acuerdos suscritos. *