Difícil exposición del gobierno frente a un empresariado crítico

La de ayer fue una instancia difícil para un gobierno de izquierda con el sector de empresarios más exigente de certezas en materia de políticas públicas. A diferencia de la discusión sobre la estabilidad y lo macro, incluyendo los temas tributarios, la exposición de las políticas de largo aliento que vinculan al Estado y a los empresarios medianos y grandes, genera inevitablemente una exposición de riesgo alto. Los empresarios reunidos ayer en la Cámara Mercantil no escucharon la propuesta en la materia con agrado. La disidencia se basó en la irrealidad de un planteo de promoción de la inversión de largo plazo realizado por un gobierno que, a juicio de la mayoría de los asistentes, no estaba atendiendo problemas anteriores, de mayor incidencia en la definición de la inversión productiva. Porto reiteró varias veces que si bien el régimen en consulta formaba parte de la política global del gobierno, la Oficina debía responder por un sistema de promoción de inversión útil. Pero el intento de seducción de inversores de riesgo que hace el gobierno se enfrentó ayer a un escepticismo explícito de ese núcleo empresarial. Una de las disidencias surgidas de la reunión de ayer tuvo que ver con el sistema de evaluación y reliquidación de los beneficios fiscales. En los segmentos de mayores montos de inversión, el régimen evalúa previamente la relación de estímulos y retorno social y al término evalúa resultados surgidos de la matriz de resultados reliquidando el crédito fiscal. Ello supone unos cuantos cambios con el régimen actual, entre otros, según el gobierno, la afirmación del concepto de utilidad social de la inversión. Sin embargo, hay en el diálogo con este núcleo empresarial una discrepancia tan o más importante: el gobierno sostiene que este régimen es menos dirigista que el anterior y los empresarios refutan la idea. Pero quizá la mayor disidencia refiere a si el nuevo régimen disminuye o aumenta la incertidumbre de la inversión y en tanto sus costos. Los empresarios siguen demandando que el Estado cubra una porción de riesgo mayor a la que el actual gobierno estima debe asumir en representación de la comunidad. *

J.J.