Escrito por: JORGE JAURI

De tanto en tanto los hechos imponen la recreación de la discusión sobre el Estado. Obviamente, ya la discusión no presenta los ribetes bárbaros de la década de los sesenta y los setenta pero su abordaje sigue siendo pobre y confuso. Cincuenta años atrás la defensa del espacio estatal era una heredad valiosa, un principio social que había que defender sin demasiada preocupación por sus contenidos. El viejo Estado se caía a pedazos capturado por un juego político que anticipaba pobreza y desequilibrio. La restauración y sus prácticas se basaban en que eliminando los problemas formales del desquicio estatal, Uruguay volvería a tener una oportunidad. El afán restaurador era natural y explicable. El problema consistió en que esa recreación del espacio público se realizó en confrontación con un cuerpo de ideas que ofendían sin fundamento ni pertenencias afectivas de ninguna clase aquel pensamiento dominante tan fuertemente acrisolado en la opulenta mitad del siglo pasado. En esa confrontación de vías la elaboración de un pensamiento sobre la renovación moderna del Estado era imposible. Esa área de discusión era accesoria en la medida que lo que estaba en juego era un propósito de orden diferente: la modernización del Estado debería haber sido enfrentada en una perspectiva de modernización del capitalismo y eso sí que no era aceptable ni para la restauración ni para la revolución.
En tanto, las alternativas de reforma del Estado se llenaron de lugares comunes y confrontaciones secundarias. Antes de llenarse de vicios, clientelismo e ineficiencia, el Estado uruguayo se había quedado sin su propio sustento teórico.
La alianza restauradora del viejo Estado congregó a todas las vertientes ideológicas con la excepción del liberalismo ultramontano, tan testimonial y desencajado como pobre en su propia formulación nacional. La restauración se enfrentó a la alternativa liberal, tan escasa que sólo fue capaz de esgrimir una síntesis ramplona como lema y plataforma: “Menos Estado”. La restauración utilizó en esa confrontación la historia y una intelectualidad de pensamiento tan descansado que ni siquiera advirtió que el mundo de la posguerra ya no tendría nada que ver con aquel en el cual se había financiado y fundamentado la experiencia batllista.
Aquel batllismo original había logrado una solución transnacional de enorme eficiencia en aquellos tiempos de apertura generosa a una inmigración dolorida. La ideología dominante de la inmigración latina pero, sobre todo, las heridas de ese aluvión de inmigración del siglo pasado generaron, naturalmente, la teoría de la protección. La institucionalidad del Estado fue construyéndose sobre esas bases.
La épica de la historia ajena y propia fue haciendo el resto: levantando las murallas que nos alejaron de las novedades que surgían en el mundo En la posguerra el pensamiento uruguayo respecto a la modernización del Estado abrevó tan sólo en la discusión epidérmica. Unos en procura de la restauración simple y otros en procura de una articulación funcional con el paradigma socialista.
Ni la disponibilidad de información ni las circunstancias de las últimas décadas le permitieron a este país acceder a una discusión sobre el Estado que en el mundo ya contaba con dos siglos de acumulación.
En la emergencia democrática de los ochenta, las instituciones y los individuos nos sumimos en la recomposición de los tejidos más dañados. La Universidad y la escuela intentaron contener y cohesionar más que educar en lo nuevo. Y la contención era naturalmente tributaria del viejo pensamiento. El Estado y su legitimidad volvieron a sufrir el vacío. La renovación intentó, en el mejor de los casos, discutir valores y utilidad funcional. Pero eso era insuficiente sin incorporar los nuevos datos y aportes con los cuales los países desarrollados y muchos emergentes enfrentaban la cuestión del Estado. En el mejor de los casos intentamos incorporar lo accesorio de Keynes soslayando púdicamente sus aportes más robustos a la teoría del Estado moderno.(2)
Ahora esto ya no da para más y lo que queda del Estado derruido y vacío amenaza sepultar la propia sustentabilidad del cambio. Sería imperdonable que un principio de discusión virtuoso en torno a tres proyectos de Ley que figuran en la agenda inmediata de la legislatura que se inicia la semana próxima fuera subsumido en una discusión menor: la de la “reforma de Estado”. A no ser que ella aliente algo más que disposiciones administrativas de “mejor funcionalidad” y la imposible revisión de los contratos laborales del funcionario público. El capítulo más valioso de la impostergable reforma del Estado sobrevendrá del juego de una realidad develada y normada por esos tres proyectos de Ley absolutamente esenciales: el de reforma de la competencia; el de modificación de la legislación de quiebra y la modificación de la Ley orgánica del Banco Central. Si estos proyectos adquirieran la fuerza de la ley, la reforma del Estado será una consecuencia natural a resolver administrativamente. El lugar y funciones del Estado estarán definidos naturalmente. Si ello sucediera, la demanda del contribuyente será específica. Ya no se dispersará en la solicitud de servicios de guardería y producción social. Esos proyectos de Ley crean un ámbito de relacionamiento público y privado en áreas críticas que demandan la presencia de un Estado muy fuerte y dominante en lo esencial: la generación y resguardo de las garantías de individuos y empresas en el juego del mercado.
El mercado existe y sus malas reglas de juego actuales han sido impuestas por el mismo pensamiento restaurador de quienes utilizaron el viejo Estado ya sea para acumular renta en condiciones de competencia desleal o para proteger en él sus indolencias y falta de ambición personal. *
(1). En su orden de prioridad en la agenda legislativa: Defensa de la Competencia (en Com. Hacienda del Senado), Reforma de la Carta Orgánica del BCU (sin fecha en la Com. Hacienda del Senado), Reforma del régimen de Quiebras y Rehabilitación Empresarial (en Com. Constitución y Códigos de Diputados).
(2). En una conferencia dictada en Oxford en 1926 sobre la dilución del “laissez-faire” en Europa, Keynes encontraba en un texto de Bentham uno de los provocadores iniciales de la lucha por la utilidad pública, “de los más” el principio de lo que hoy es la llave del pensamiento sobre el nuevo Estado: las instituciones reguladoras. “Creo que, en muchos casos, la medida ideal para la unidad de control y organización está situada en algún punto entre el individuo y el Estado moderno”.
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