Comienza el año más complejo del primer gobierno de izquierda

Escenario

Ese es el calendario en el cual los empresarios deberán tomar decisiones importantes en lo que refiere a su acomodación al nuevo marco que se va conformando ­suma de normas aprobadas y en proceso de serlo más señales sobre su propia sustentabilidad­. Ningún shock externo amenaza la estabilidad en el período. Por lo contrario, el costo energético y las tasas de interés oscilan en niveles bastante más bajos que los previstos en el programa oficial y, con la única excepción de alguna caída menor en el precio de la carne, las excepcionales cosechas agrícolas producirán ingresos que tampoco estaban previstos hace unos meses.

La estabilidad monetaria y fiscal están aseguradas en esta perspectiva, con lo cual el empresariado uruguayo, incluyendo al que se ocupa de gestionar las empresas públicas, tiene frente a sí un panorama inédito para asumir los riesgos inherentes a su condición de emprendedor. Probablemente, persista la sospecha de inconveniencias y riesgos no ponderables derivados del clima de inseguridad jurídica que sobrevuela el escenario del cambio. Pero, en términos relativos y en una perspectiva global, aceptemos que tampoco este factor, nada despreciable en la explicación de las conductas empresariales, presenta en Uruguay una inconveniencia decisiva. Entre otras razones, porque el mismo programa de reforma en proceso contiene un conjunto de garantías que deberían mejorar la estructura de seguridad básica que con razón se demanda.

 

Novedad del cambio

Esto no es poco en la historia económica del país e importa una enormidad que los empresarios y sus asesores más calificados entiendan la dinámica del proceso.

De alguna manera es lo que está sucediendo, dadas las aún muy lentas pero notorias aproximaciones de los empresarios más emprendedores al área del riesgo. Importa que la oposición y la investigación bajo ciertas hipótesis alerte sobre los errores o la inconveniencia del aprendizaje de administración que está protagonizando la izquierda. Pero no es saludable recrear la sospecha hasta el límite de la alarma pública. No se puede ­como parecen querer indicar algunas connotadas columnas de la prensa especializada­ trasladar automáticamente la historia al presente y sugerir que hoy y mañana hay y habrá en Uruguay menos seguridad y respeto al emprendedor.

Tampoco es posible inferir con datos de un escenario sustancialmente diferente que la calidad del capital humano, empresarial y profesional en este caso continúa un proceso de degradación de largas décadas. No se puede sostener que las tendencias tradicionales del clientelismo, la aversión al riesgo y la competencia leal sean las mismas que enseñan las encuestas y trabajos de investigación para un pasado que tuvo un corte abrupto en 2002-2003.

Con el agregado de que algunos de los principios de la salida de la crisis de 2002 recogidos en la solución comprensiva de aquel entonces no sólo no han sido modificados por la actual administración sino que algunos de ellos han sido consagrados en proyectos de ley, como los de defensa de la competencia, modificación del régimen de quiebras o el que modifica la Ley Orgánica del Banco Central. Es cierto que la actual administración aún no entiende la función que tienen los reguladores públicos ni cuál es su ubicación en la estructura de un Estado moderno. Pero es insoslayable que tampoco ese tema es en este tránsito un problema que inhiba la adopción de conductas de mayor riesgo empresarial.

 

Utilidad de la discusión

Advierto esto en relación a la sorpresa que me está produciendo la incursión de un conjunto de profesionales de mucha calificación en el comentario del actual proceso.

Hay columnas que parten de un fracaso consagrado; sin entender que ese eventual desenlace sería, en todo caso, el fracaso de la propia extensión de aquella solución comprensiva de la crisis bancaria y de deuda que fue implementada por un equipo de la anterior administración en el cual revistaron técnicos como el propio senador Alfie, uno de los columnistas de marras. Aquella solución posibilitó y determinó esta continuidad del cambio tan difícil de entender en su esencia y dinámica cuando en la izquierda o la derecha ­odiosa simplificación de todo­ los datos se esgrimen para recrear confron- taciones que legitiman roles inconciliables con la modernidad.

 

Lo inmediato

Pero volvamos a lo próximo. En quince días se abre una legislatura que, a diferencia de la previa, tendrá un espectro de discusión mucho más complejo. Las comisiones de hacienda y legislación y códigos deberán conciliar acuerdos sobre proyectos de ley que deben ser aprobados en un marco de discusión inteligente.

A ellos ­Competencia, Quiebra y BCU­ debería agregarse el de la reforma de la salud porque la permanencia de las fuertes incertidumbres en esta área tiene un potencial desestabilizador mayor que el que se originará a partir de la aprobación de una reforma civilizada de la salud. Con la difusión de la Reglamentación de la Ley 18.083 se develarán las últimas incógnitas que dificultan aún el diseño de los proyectos y definiciones empresariales de importancia. Rodeando todo lo nuevo, es obvio que las operaciones del gobierno en la modificación de la inserción internacional no pueden continuar siendo manejadas exclusivamente por un partido político y un equipo de técnicos asumiendo responsabilidades excesivas. Esta claro que el desencaje de Uruguay en la región agrega una vulnerabilidad insoportable al cambio: ni siquiera es posible saber ya si dispondremos de gas o energía proveniente de Argentina.

Hay que aguardar, en tanto, que la misma dinámica de los cambios obligue al gobierno a explicar con mayor contundencia y convocatorias más amplias cuál será su política exterior y comercial. Con ello ya la capacidad de seguimiento y comprensión mínimamente enterada de la agenda está saturada. Importa saberlo si es que el gobierno quiere librar las batallas principales de frente. Deberá emitir en tanto señales que despejen más el escenario en vez de habilitar todo tipo de iniciativas, por más importantes que sean, que no tienen tiempo ni espacio para ser encaradas; incluyendo en esto a la propia reforma del Estado, de la educación y de la legislación laboral, y una reiteración de la Rendición de cuentas cursada de acuerdo al plan inicial. Habrá conflicto de cualquier manera. Pero ése no el problema. Las señales que requiere la sustentabilidad del cambio no son las de una paz irreal.

Las seguridades de poder continuar estructurando las bases del cambio tienen que ver, de nuevo, con las formas que el gobierno encuentra, o no, para explotar al máximo las fortalezas institucionales de la República.