Proyecto en el Parlamento sobre máquinas tragamonedas

Los operadores de las máquinas tragamonedas ubicadas en diferentes zonas de Montevideo y el interior buscan llenar un vacío legal, según señaló el secretario de Aufoje, Jaime Ríos.

Recientemente la Justicia determinó que la explotación de estas máquinas no constituye un hecho ilegal, determinando a la vez que se le devolviera a sus propietarios una serie de máquinas incautadas a solicitud de la Dirección Nacional de Casinos.

También en los dictámenes judiciales se sostuvo que no existían irregularidades en el funcionamiento de las máquinas, ya que los premios pagados eran al azar.

En el 2003, durante la presidencia de Jorge Batlle, se intentó la prohibición de las tragamonedas. Ese mismo año se creó Aufoje, la cual está constituida por 26 empresas que realizan sus aportes tanto al BPS como a la DGI.

Los sistemas operativos de las máquinas son importados principalmente desde China, pero los muebles donde van las máquinas y otras partes de éstas son construidos en Uruguay.

Se señala que más de 500 familias trabajan de manera directa en esta actividad y en forma indirecta otras diez mil personas, entre electricistas, carpinteros, fleteros, mecánicos y programadores.

También se indica que estas máquinas significan un ingreso para los quiosqueros o baristas que las tienen en sus locales. De las ganancias (ingresos menos premios), generalmente un 50% va para el dueño de la máquina y el porcentaje restante, para el dueño del local.

En el proyecto que está en el Parlamento se destaca que «la reglamentación y regulación deben tener en cuenta la realidad socioeconómica de los diferentes jugadores y usuarios de estas máquinas, quienes difieren de los que concurren a las grandes salas instaladas», por ejemplo casinos del Estado o municipales. Los valores de las apuestas de estas máquinas tragamonedas van desde $0,20 hasta un peso.

Ya existe reglamentación de la quiniela, juego considerado ilegal hasta los años 50. Durante su legalización se crearon las bancas de Quinielas. En el proyecto planteado se manifiesta que para que las tragamonedas sean habilitadas deberán tener un mínimo del 20% de materiales y mano de obra nacional.

Se establece que su instalación sólo se podrá realizar en bares, cantinas, clubes sociales y en comercios afines, pero la actividad de estas máquinas no podrá constituir el principal giro comercial del establecimiento.

Dependiendo de la capacidad locativa, se podrá tener un máximo de seis máquinas.

También se indica que será el Latu el que habilite las referidas máquinas, registrándose, entre otros, el porcentaje de pago de las mismas.

A todo propietario de estas máquinas se le exigirá estar inscrito en un registro de la Asociación de Fabricantes y Operadores unipersonales de máquinas electrónicas de azar, a crearse por la ley. Se establece también el pago de un canon a la DGI por cada una de las máquinas instaladas.

Cuatro informes técnicos determinaron que la actividad desplegada por los operadores de las máquinas tragamonedas no es ilegal. Los informes fueron elaborados en 2003 por el doctor Jaime Sapolinski; en 2004, uno por Milton Cairoli y otro por Gonzalo Fernández; y en 2005, por Carlos Delpiazzo.

Sapolinski señalaba que las promociones comerciales con fabulosos premios «son fabulosas organizaciones de juegos de azar», de montos incomparables en relación con los que pueden aplicarse a las máquinas en cuestión.

Cairoli, por otra parte, definía la instalación de estas máquinas en bares, cantinas o negocios similares, como una «conducta atípica y por lo tanto lícita». El doctor Gonzalo Fernández en 2004 y frente a un proyecto para prohibir estas máquinas, sostenía que consideraba la actividad como «atípica y por consiguiente, no delictiva». *