El Estado cubre sus déficits utilizando más de U$S 2.000 millones, el 86% de todos los ahorros gestionados por las AFAPs

Las modificaciones atenderán además, los proyectos de transformación de las cajas y servicios de pensiones que aún no comprende la Reforma votada en 1995. Empero, el Ministerio de Economía procurará vincular también las modificaciones del régimen a la promoción del mercado de valores. El cual será también objeto de atención de una iniciativa que procurará corregir las dificultades que no ha podido resolver el marco legal completado a finales de los 90. Sin aguardar estas modificaciones más estructurales, el Ministerio intenta acelerar la mejora del régimen de financiación de la inversión productiva, dadas las limitaciones que tiene el sistema bancario para asistir a las empresas con problemas de categorización de riesgo en el BCU. A tales efectos acaba de enviar un proyecto de desgravación tributaria para fideicomisos financieros. Por último, las modificaciones del régimen de AFAP y su mercado de inversión, serán articuladas con los cambios en la supervisión integrada y regulación del riesgo de los mercados financieros, que ha comenzando a ser discutida ya en el marco del proyecto de Ley que modifica la carta orgánica del Banco Central, actualmente a estudio de la comisión de hacienda del Senado.

 

La situación de las AFAPs

El reporte trimestral de situación de las administradoras y los fondos previsionales privados liberado por el Banco Central la semana pasada, muestra al sistema en condiciones de estabilidad con permanencia de riesgos de concentración de la inversión y limitaciones para flexibilizar la condiciones en las cuales, los administradores profesionales de los fondos de pensión, deberían procurar mejorar la rentabilidad y la seguridad de los recursos que le confían más de setecientos mil trabajadores.

Al término del tercer trimestre, las AFAPs administran unos U$S 2.500 millones, un 14% del PBI en una gestión cuyas tendencias de mejora de gestión son expresivas y se vinculan a la disminución de los costos de administración y seguros que para el total del sistema ha descendido al 2.8%. Sin embargo, dichas tendencias comienzan a indicar la proximidad de límites serios a la continuidad de una modalidad de inversión que, esencialmente, se limita a adquirir deuda pública y a realizar transacciones utilizando las posibilidades que tiene el sistema bancario de lograr rentabilidades compartidas, explotando los diferenciales de tasas de interés internas e internacionales.

Sin posibilidades de utilizar plenamente la capacidad de inversión y gestión de los administradores profesionales ahora controlados con fuerte supervisión por el BCU, las AFAPs no compiten entre sí, forman precios a veces inconvenientes para el funcionamiento normal del mercado y, en ese proceso, comienzan a disminuir la rentabilidad de los fondos que administran.

En los once años de gestión del régimen, los saldos de cuenta de ahorro individual han sido completados con un 40% de aportes directos y un 60% logrado en base a la capitalización de las ganancias financieras de los fondos. Ya en setiembre la rentabilidad lograda por la inversión de los FAPs en Unidades Indexadas fue levemente negativa, independientemente que la rentabilidad proyectada para el último quinquenio móvil oscila en el 15% real.

 

Riesgos

La concentración de inversión de los FAPs en deuda pública, nominada mayoritariamente en moneda extranjera, genera una concentración de riesgos muy considerable, la que fuera observada por especialistas en este régimen de ahorro previsional en varias oportunidades e instancias académicas. De hecho, el Poder Ejecutivo ha debido corregir administrativamente los valores de mercado de bonos emitidos por el Estado en circunstancias adversas de mercado. Se establece así la paradójica coexistencia de Empresas administradoras o aseguradoras que ostentan calificaron de riesgo elevadas en la categoría nacional, tipo A, y calificaciones de Fondos invertidos, casi en su totalidad, en papeles de deuda pública que aún no han alcanzado el investment grade en la escala internacional. Dicho de otra manera, la permanencia de inhibiciones originales a la inversión de los FAPs. Determina que el Estado esté obligando a los trabajadores a continuar financiando sus déficit, contraviniendo explícitamente la voluntad del legislador.

Leído desde otro vértice, la normativa actual impide que las administradoras mejoren el riesgo y la rentabilidad de los ahorros previsionales de los trabajadores, mientras que los mismos bancos que son dueños de las AFAPs, pueden explotar al máximo las combinaciones de rentabilidad y riesgo que estimen más adecuadas para capitalizar los fondos que ya han comenzado a proveer las nuevas jubilaciones y pensiones. Al término del tercer trimestre el Estado le debía a los fondos previsionales administrados privadamente U$S 2.024 millones, sin contar con los certificados de depósitos y otros papeles emitidos por los bancos oficiales. *