"La DGI viene bregando porque el secreto bancario no exista para la Impositiva"

En la firma del convenio, el intendente de Montevideo, Ricardo Erlich, señaló que la posibilidad de informarse sobre cómo afectará a la población la reforma se podrá concretar desde el 1 de noviembre en los 18 CCZ que funcionan en Montevideo.

Acotó que este acuerdo permitirá ofrecer a los vecinos más servicios, utilizando la infraestructura existente y convertir los CCZ «en verdaderos centros cívicos».

Ehrlich indicó que la reforma tributaria «cambiará el rumbo del país», a la vez de construir una cultura institucional diferente, basada en la cooperación entre organismos del Estado, en este caso la comuna capitalina y la DGI.

Por su parte el director de Rentas destacó: «Estamos comprando el hardware necesario, el software, contratando personal y armando infraestructura física, para que a partir de que el Parlamento apruebe la reforma tributaria estemos listos».

También acotó que se está mejorando el cruzamiento de datos entre el BPS, la Aduana y la DGI.

Esto es posible porque entre administraciones tributarias no existe el secreto tributario.

La reforma tributaria tendrá como uno de sus grandes eslabones, precisamente el cruzamiento de información.

Se está trabajando con distintos agentes, como ser el BPS, Caja Notarial, Caja de Profesionales, Caja Policial, y Caja Militar, lo mismo que con el Registro de Identificación Civil. «Ya hay reuniones técnicas para saber cómo vamos a cruzar la información y qué aportará cada uno», señaló Zaidenzstat. A nivel bancario, los pagos de renta sobre intereses de depósitos se efectuarán de manera global (o sea por la totalidad de las colocaciones), sin discriminar al titular del depósito. Esto es debido a la existencia del secreto bancario. El director de Rentas dijo que en todo el mundo los recaudadores tienen acceso a la información sobre los depósitos de los contribuyentes. «En Uruguay la DGI viene bregando porque el secreto bancario no exista para la impositiva», señaló. En este sentido dentro del gobierno se buscan fórmulas que no afecten al sistema financiero, pero que contribuyan a la tarea de control de la DGI en el marco de la nueva reforma impositiva.

La idea es evitar que la gente tenga que presentar declaraciones juradas. En el caso de las personas físicas «el que tenga voluntad de hacerlo (presentar declaraciones juradas) que lo haga», poniendo como ejemplo que las declaraciones podrían ser para quienes hayan tenido retenciones en exceso, cambios en su situación personal (la llegada de un hijo que permite deducciones por salud), o cambios a nivel laboral.

 

Agentes de retención

En el caso de los aportes que deban realizar los trabajadores (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas), ya se estableció que los agentes de retención serán las empresas donde trabajan, las cuales deberán transferir el dinero a cuentas preestablecidas (posiblemente en instituciones bancarias) y después se transferirán esos datos a la DGI.

«La idea es racionalizar el sistema y no complicarle la vida al sector privado, utilizando la infraestructura que ya tiene el BPS», señaló el director de Rentas. Al referirse a la reglamentación de la ley, una vez que sea aprobada en el Parlamento, dijo que se trabajan con diferentes escenarios, pero partiendo del grueso del proyecto actual.

Aclaró que no impide que se siga tratando el proyecto de ley, a que se avance en la reglamentación. Existen equipos multidisciplinarios trabajando dentro del Ministerio de Economía y de la DGI, los cuales interactúan entre sí, en una reglamentación considerada como «difícil y que tendrá su tiempo de maduración».

Uno de los puntos que aún se están discutiendo son los límites entre el Imeba y el IRAE, para la tributación del agro. A este respecto, Zaidensztat señaló: «Que los topes sean más altos o más bajos, conceptualmente no nos trae cambios (en el proyecto de desarrollo informático) para tener la declaración de pagos de impuestos y control».

Para la reglamentación se está trabajando con el proyecto de ley original del Poder Ejecutivo y los cambios propuestos en el documento remitido a los sectores frenteamplistas por parte del ingeniero Jorge Brovetto.

 

Cuestionario técnico

El personal de la DGI está confeccionando un cuestionario técnico para que el mismo pueda ser consultado en todo el país. Hasta el momento se han reunido 1.500 preguntas, con sus respuestas, las cuales abarcan desde cuánto debe pagar un trabajador hasta las deducciones que podrán hacer las empresas.

Zaidensztat admitió que «la idea era que a esta altura del año la reforma tributaria presentada al Parlamento ya estuviera aprobada o próxima a aprobarse», acotando que «lo ideal para la DGI es que el proyecto se apruebe lo antes posible para tener la menor cantidad de errores posible» en su intrumentación. Si bien el convenio con la IMM entra a regir desde el 1 de noviembre, el director de Rentas aclaró que si para esa fecha aún no está la reglamentación de la reforma tributaria, el asesoramiento comenzará más adelante. *