Mujica y la conciliación necesaria para sustentar el notable crecimiento

El país llega a esa instancia en un marco de inocultable tensión entre dos concepciones sobre el desarrollo, vinculadas a dos perspectivas de evolución de las relaciones de producción y sus vinculación con el mundo, representadas a la vez por dos ministros, los que a la vez lideran los sectores mayoritarios de la fuerza política en la cual se sustenta el gobierno. En el sustrato de esa generación de tensión subsiste un escenario de riesgo frente al cual los sectores más atentos de la sociedad intentan develar cuáles son las posibilidades reales que tiene Uruguay para mantener tasas de crecimiento del 4%-5% acumulativas anuales en el largo plazo sin que ello suponga una confrontación con los compromisos sociales asumidos por el gobierno de la izquierda.

Un poco más claro: la incógnita del análisis de riesgo integrado, que no se limita sólo a la capacidad de repagar la deuda soberana, sólo puede ser develada a partir de respuestas contundentes en el área de la política: ¿es posible o no forjar y administrar un proyecto más o menos formal en el cual la sociedad admita un proceso de acumulación del capital importante, y establezca con sus protagonistas los acuerdos que permitan que una porción de esa acumulación pueda ser transferida como subsidio para que los desplazados puedan valorar sus propias ganancias?

Este es el dilema central de los equilibrios de una sociedad capitalista, marco, deseable o no, pero inevitable por un largo período.

Las respuestas a esa incógnita no están claras en el Uruguay de hoy. Y esa incertidumbre que todos pretendemos de una manera y otra soslayar, conspira fuertemente sobre la ambición del desarrollo, suma de crecimiento y justicia social.

 

La centralidad agroindustrial

El sector agropecuario, entendido ahora como conjunto complejo de su base primaria y las cadenas de industrialización y servicios, ha cobrado una centralidad inesperada en cualquier análisis de perspectivas disponible.

Diversos factores han contribuido a ello y no es del caso analizarlos en esta columna. Con los datos del producto del segundo trimestre conocidos el viernes, no es demasiado temerario afirmar que cerca de la mitad del crecimiento de la economía en los últimos doce meses se basa en el comportamiento de las cadenas agroexportadoras.

Con excepción de la inversión en las plantas de celulosa, las tasas de inversión en ese complejo agroindustrial son desusadas para la historia nacional y están generando una demanda insatisfecha de casi todos los recursos e insumos. La perspectiva comercial es notable sobre todo si ella se integra con la posibilidad de documentar los cupos y reglas que vincularán la producción futura a los mercados más apetecidos del mundo.

Esta realidad obliga a revalorizar a ese sector como el espolón del desarrollo. A no ser que algún riesgo inimaginable actualmente suceda, esos complejos agroindustriales son la plataforma del desarrollo, entendido en su definición de crecimiento con justicia social. Esta convicción ha transformado en apremiante la respuesta a aquella incógnita no develada. Otra vez, ¿es posible conciliar la promoción de una nueva acumulación agroindustrial de proporciones históricas con su sustentación política en una nación sometido a riesgos de todo tipo, incluyendo preferentemente los derivados de la incomprensión de los réditos que pudiera tener esta acumulación para un país que no logra disminuir con facilidad su riesgo social?.

 

Los nuevos contratos

La expectativa sobre ese discurso del Ministro Mujica se conforma sobre sus referencias a ese dilema central, en su acepción más amplia y compleja que Mujica no ignora.

Y, obviamente, esa expectativa será satisfecha o no en la medida que pueda entenderse algo más respecto al pensamiento íntimo del Ministro sobre los nuevos temas que debe contener ese contrato de conciliación sobre el cual se pudiera neutralizar los riesgos de esa incógnita no develada. Por ejemplo: La experiencia de la crisis de sobreendeudamiento y el acuerdo alcanzado ¿tiene o no una derivación sobre los nuevos contratos, incluyendo los de crédito pero también en su acepción más amplia?.

Esta es una de las respuestas obligatorias dado que es imposible afirmar y desarrollar las nuevas relaciones capitalistas instituidas en el proceso de crecimiento y sus demandas de inversión o financiamiento, sin que los distintos operadores tengan confianza en que sólo el Poder Judicial podrá arbitrar soluciones a los inevitables problemas que surgirán de contratos; tan inevitables como necesariamente imperfectos sin que la amenaza de la » teoría de la imprevisibilidad» impida apelar a ellos para posibilitar la documentación exigida por la mayor inversión que demanda el proceso.

En segundo término, la expectativa se concentra sobre la normalización del aporte social del crecimiento en coordenadas de mercado y sin que haya que imaginar contratos aún más complejos del tipo de los «persuasivos» que la imaginación del populismo argentino recrea todos los días para «organizar» desde el autoritarismo de las mayorías circunstanciales lo imposible: aumento de la inversión con toqueteo cotidiano de todos los precios y reglas.

Las respuestas a esta delicada interrogante anticipadas al discurso se concentran en dos o tres ideas: si el gobierno tendrá o no la convicción y apoyos necesarios para organizar el mejor acuerdo comercial posible en el marco de los TLC en marcha; si el MGAP entiende o no qué ese es el único marco posible para mejorar las políticas sectoriales de largo plazo. Y por último si en ese marco posible y en la perspectiva de esa conciliación entre la acumulación y el desarrollo, la sociedad podrá cobrar los impuestos justos como vía de transferencia explicita de la contribución de dichos sectores al desarrollo con equidad y riesgos acotados. *