Con la reforma tributaria se busca evitar evasión fiscal a través de zonas francas

Las maniobras con los denominados precios de transferencia internos, efectuados desde las Zonas Francas, serán controlados luego de la aprobación de la reforma tributaria, que tiene un capítulo sobre precios de transferencia.

Tal como lo ha informado LA REPUBLICA, la DGI está investigando maniobras de evasión de grandes exportadoras que utilizan las zonas francas mediante precios de transferencia internos.

Los usuarios de zonas francas están exonerados de todo tributo nacional creado o a crearse y, además, la circulación de bienes dentro de ellas está exonerada de impuestos. Las ventas desde zona franca a territorio nacional son consideradas como importación por lo que se liquidan los tributos de importación e internos, pero no la renta. A la vez, las ventas realizadas por un contribuyente situado en territorio nacional a zona franca se consideran ventas asimiladas a exportaciones, teniendo derecho a solicitar devolución por el IVA y el Cofis incluido en las compras asociadas a estas ventas.

Los precios de transferencia son una maniobra entre empresas asociadas por la que una empresa, en este caso exportadora, vende en “el papel” a su asociada en zona franca una mercadería a precio de costo ­por ejemplo, 100 dólares por unidad- y ésta, desde zona franca, “re-exporta” al verdadero destino final y al verdadero precio ­por ejemplo, 150 dólares- dejando así la ganancia en la zona franca, donde está exenta. Si se hubiera exportado desde territorio nacional al precio real (150 dólares) aumentaría la ganancia de la empresa, por lo cual debería pagar más impuestos.

Pero el tema no es nuevo. Los economistas uruguayos residentes en el exterior Alberto Barreix y Jerónimo Roca, que integraron la Comisión que el Ministerio de Economía y Finanzas conformó para elaborar el proyecto de reforma tributaria, ya habían alertado de esta situación en el informe que presentaron a dicho Ministerio en julio de 2005.

En dicho informe, de más de 110 páginas, Barreix y Roca afirman que la devolución por IVA y Cofis por el total de exportaciones en el año 2003 fue de 0.6% del PBI, mientras que la correspondiente a ventas a zonas francas –que, como se dijo, son asimiladas a exportaciones– fue de 0.2% del PBI. Más aún, en los cuatro años anteriores (1999 a 2002) el porcentaje de la devolución de IVA y COFIS a zonas francas respecto a la devolución a las exportaciones totales fue aun mayor, llegando hasta el 50%. Llama poderosamente la atención ­dicen Barreix y Roca en dicho informe- que tratándose de zonas francas no industriales, que Uruguay no puede tener por los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la devolución del IVA y Cofis alcance estos niveles.

Adelantando una explicación, los asesores advertían la posibilidad de que existiese “una triangulación para reducir los precios de exportación, subfacturando desde el país a zona franca y permitiendo que parte de la renta quede en la misma, donde está exenta”. Por ello, reclamaban legislación de precios de transferencia, que ha sido incluida en el proyecto de reforma tributaria, y el control urgente de las zonas francas por la administración tributaria.

Aceite y evasión

Por otra parte, en el diario La Nación de Argentina, recientemente se publicó un artículo, en el cual el director de la administración tributaria y la aduana argentinas declaraba que “el 66% de las exportaciones en el rubro aceites y grasas vegetales pasa por empresas de (zona franca de) Uruguay (…) con quien no tenemos convenio de intercambio de información”.

De hecho, un estudio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) argentina determinó que operaciones de exportación por cerca de 19 billones de dólares en bienes agrícolas habían pagado solamente 20 millones de dólares de renta, casi el 1 por mil. Esto afecta la potencialidad de fiscalización de la administración argentina sin permitir un control desde el Uruguay.

En este momento están en estudio dos zonas francas más, Aguada y World Trade Center, en el Buceo, que se suman a las ocho existentes, que atienden a cerca de 1.500 operadores, de los cuales el 60% está localizado en la zona franca de Montevideo.

En este punto, las recomendaciones de Barreix y Roca no han sido consideradas. Los asesores proponen mantener exoneraciones y beneficios exclusivamente para dos o tres zonas francas con un marcado sesgo tecnológico, logístico y/o de servicios financieros de alto valor agregado.

Argumentan que la experiencia internacional comparada indica que el modelo de múltiples zonas francas ha fracasado, por su alto costo de administración y evasión, que se vuelve crítico en Uruguay por la ineficiencia de los organismos fiscalizadores, lo cual parece confirmarse pues la DGI recién comienza a detectar maniobras que, de acuerdo con cifras macro, aparentemente tienen larga data. *