La dinámica reformista alentada como valor en sí está saturando la capacidad de tolerancia social

Simplemente, los uruguayos no tenemos vocación ni deseos de entender, por ejemplo, el desafío de la competencia. La competencia no es un valor explicable en el sistema educativo nacional.

La competencia tampoco es aceptada por los uruguayos como la forma normal de concurrencia al mercado de oferentes y consumidores de bienes y servicios.

En oposición a ese no-valor, se nos ha ofrecido un atajo: la celebración de las relaciones solidarias, marco protector fuera del cual especulan seres ambiciosos cuyos excesos ya se encargará la moral y la justicia de sancionar. Probablemente, a esta altura, esta negación ezquizoide de la naturaleza de las cosas sea la amenaza más brutal que pende sobre las ideas y la agenda del cambio. Esta preocupación no es nueva y estimular la competencia natural en un marco de negación intelectual está siendo cada vez más difícil; en un escenario, además, que exige, sobre todo, la existencia de relaciones más o menos funcionales con los instrumentos utilizados para realizarlo -las reformas de mercado y la apertura- con los valores aceptados por la sociedad tributaria del cambio.

La tensión ente la promoción y la aceptación social de las reformas es cada vez mayor. ¿Cómo podría ser de otra manera? Sin embargo hay un límite, impreciso aún pero obvio, en el cual es preciso saber, esa contradicción entre las bases culturales de la aceptación social y la calidad de las reformas, debe dirimirse. Ese es el límite en el cual la confrontación genera riesgos de disociación mayores a los dividendos que, probablemente, pudieran generar las reformas que se impulsan. Uruguay será, en perspectiva, un caso típico de evaluación a nivel global de la práctica reformista, su diseño, sus énfasis y cronogramas. Algo así como el que propició el prematuro y abortado intento de aplicar las reformas de segunda generación a mediados de la década de los ochenta en sociedades desintegradas: caso Bolivia específicamente.

 

Dinamizar cueste lo que cueste

El gobierno uruguayo conoce el problema. Lo ha reconocido explícitamente Astori cuando admitiendo las limitaciones y riesgos técnicos -al menos- que tiene la Reforma Tributaria absolutamente desnaturalizada con su diseño original luego del largo proceso de discusión, promete: «Lo que importa es que se ha comenzado, la Reforma es dinámica…» De tal manera, en tres semanas más el Poder Ejecutivo ejerciendo su autoridad y mayorías legislativas ha de promulgar esa primera Ley de cambio estructural sin alegrías de ninguna naturaleza. Habrá que hacer la cuenta entonces de cuánto costó esa reforma y cuál es, realmente, su balance de riesgo a futuro. Si además de todo lo que al respecto hay en el proyecto, el acuerdo final logrado por el ministro Brovetto es efectivamente el que trascendiera el viernes y contiene una cláusula de condicionamiento sobre el financiamiento de otra reforma, aunque esta sea la del mismísimo Sistema Nacional Integrado de Salud, realmente, habrá que repensar todo el plan de discusión de las reformas y, por un momento al menos, suspender la infernal proposición de cambios que no pueden ser introducidos gratuitamente en una sociedad que no está en condiciones de valorarlos, ni de aceptarlos, ni mucho menos de defenderlos.

En las condiciones en las cuales está estructurada la sociedad uruguaya y con las dificultades actuales de su sistema de representación política, no puede atribuírsele a cada proyecto de reforma la cualidad de inyector cultural capaz de modificar abruptamente el pensamiento de una sociedad que ha sido educada para vivir y pensar en una estructura que no es aquella que intentan construir todas y cada una de las reformas que impulsa el gobierno en este momento.

No es imaginable por ejemplo que el Senado pueda afrontar seriamente la reforma de la carta orgánica del Banco Central en una perspectiva de mantener lo esencial de un proyecto que ya ha sido mediatizado en su origen y que será utilizado sin duda alguna para despertar todos los miedos y fantasmas que acosan a esta sociedad. La mera proposición de una discusión sobre la existencia de un regulador independiente con potestades de supervisión integrada de todo el mercado es una provocación para los celosos guardianes de la vieja cultura nacional dominante.

Es inimaginable como se pudiera procesar la discusión de ese proyecto en la Cámaras y, es casi ridículo hacerlo, además, extendiendo esa imaginación a su discusión en ese novedoso ámbito de confrontación antirrepublicano que acaba de consagrar la reglamentación de la ley de creación del Consejo de Economía Nacional.

 

Subordinación de las reformas a la estabilidad

En síntesis, hay una dinámica reformista multiplicada desde cada uno de los vértices ejecutivos de la actual administración que está desbordando ampliamente no sólo la capacidad de comprensión y aceptación social sino que, ahora, amenaza aproximarse a un punto de confrontación ineludible. Si algo faltaba para comprobar esta hipótesis vale observar la reacción natural que produce en la sociedad la insinuación de un propósito de Reforma de Estado que por más fundamento y urgencia que posea, no puede ser presentado como una aspiración real en esta coyuntura tan delicada. De inmediato, la discusión sobre los valores y exigibilidad real que inspira legítimamente la necesidad de esa reforma es subrogada por una discusión menor: la inmovilidad de los funcionarios o la defensa de las empresas públicas.

Esa dinámica absurda ha saturado la ya escasa capacidad de tolerancia que tiene esta sociedad y no puede seguir siendo auspiciada o permitida desde el Poder Ejecutivo.