Un TLC cambiaría las reglas del juego a favor del mercado y en contra del Estado

El nivel de controversia que generan los cambios de reglas es totalmente lógico, si se considera que los mismos se caracterizan, a corto plazo, por generar ganadores y perdedores y, a mediano y largo plazo, por potenciar o acotar los proyectos de país que impulsan unos u otros actores sociales, económicos y políticos.

Dado que los contratos son incompletos por definición (es imposible especificar lo que cada parte debe hacer en todas las circunstancias posibles y determinar la distribución de beneficios y costos en cada contingencia) se generará una indeterminación en la distribución de las ganancias. Mucho se ha escrito ya sobre el papel del oportunismo (búsqueda del propio interés con dolo) que se expresa en el contrato ex-ante en el ocultamiento de información y engaño (selección adversa) y ex-post en el incumplimiento de las cláusulas del mismo (daño moral).

La propuesta del TLC, un contrato entre países, presenta riesgos relevantes y significativos dado que existen abismales asimetrías de información y poder entre los contratantes: por un lado, la mayor potencia económica y militar del mundo y, por el otro, una pequeña economía periférica cuya producción nacional exportable es fundamentalmente de origen primario y cuya industria local solo tiene cierta capacidad competitiva a nivel regional. Ambas cosas implican una mínima capacidad nacional para enfrentar la competencia con productos importados de los Estados Unidos y para adaptarse a los cambios del mercado mundial.

El comercio internacional es en gran medida administrado tanto, por los países, a través de acuerdos y cuotas, como por las transnacionales, por medio del intercambio entre filiales. Los mercados de bienes y servicios están fuertemente controlados y el sistema de precios no es un mecanismo muy eficiente para comunicar información e inducir el cambio (adaptación autónoma de precios y cantidades). Lo cual provocará en el caso del TLC (cualquiera que sea su forma definitiva) dependencia bilateral de largo plazo.

Es altamente probable, dada la vulnerabilidad de nuestra economía que – por problemas de escala, retraso tecnológico y políticas de atraso cambiario – se llegue a una situación insostenible para la producción nacional con los consecuentes efectos negativos en los niveles de ingreso y empleo. El poder de adaptación y negociación de los poseedores de factores de producción con mayor movilidad (transnacionales, capital financiero) es muy superior a los de menor movilidad (tierra, capital inmovilizado y trabajo) por lo tanto no es difícil de suponer quienes serán los principales perjudicados de este acuerdo.

Tanto la negociación del contrato, como las adaptaciones al mismo que deban hacerse por las modificaciones del contexto dependerán de la interacción entre las partes y estás pueden (y suelen) comportarse estratégicamente, distorsionando la información o revelándola en forma incompleta y selectiva utilizando el poder de negociación de su posición para imponer altos costos a la contraparte. Un contrato como el señalado anteriormente genera una dependencia bilateral en la que indudablemente el gobierno de Estados Unidos tendrá un poder de negociación sustancialmente mayor.

La credibilidad y confianza en los ejecutores, existiendo contratos incompletos, es un aspecto esencial para suscribir o no un acuerdo. En caso de incumplimiento de los Estados Unidos ¿Que fuerza internacional puede garantizar el cumplimiento del contrato entre Uruguay y Estados Unidos? ¿Será necesario recordar la lista de incumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas, el ilegal bloqueo contra Cuba, las múltiples invasiones por motivos económicos como Irak o el apoyo a los golpistas contra la democracia como en el emblemático caso de Salvador Allende?

La propuesta de eliminar lo «ideológico» de la discusión va en contra de los avances de la ciencia económica que explican los cambios en las instituciones, como un TLC, por las modificaciones en los precios relativos y las preferencias derivados, fundamentalmente, de los cambios en la tecnología y las relaciones de poder. La propuesta de eliminar lo «ideológico» significaría eliminar de la economía las instituciones informales, que incluyen la cultura, la ideología que fundamentan los cambios de preferencias.

 

Los efectos de un contrato varían sustancialmente dependiendo de la trayectoria

Una misma medida tendrá efectos totalmente diferentes en la distribución de costos y beneficios según sea la trayectoria donde se inscriba, el marco institucional, la estrategia e intereses de los ejecutores y la capacidad y calidad moral de quienes las implementan.

En lo que refiere a la trayectoria, no es lo mismo continuar un proceso de integración regional que se inscribe en las convicciones y tradiciones profundas de nuestra sociedad y sobre el cual tenemos mucho avanzado que asociarnos a la mayor economía del mundo.

El cambio de la trayectoria tiene costos de transacción muy altos. La red de interdependencias que produce una matriz institucional genera mecanismos reforzadores de la trayectoria (beneficios crecientes del aprendizaje, la coordinación y las expectativas adaptativas), que se perderían al abandonar, en los hechos, el MERCOSUR.

También hay un cambio de trayectoria en el poder ejecutivo, una decisión del gobierno de apoyar un TLC sería contraria a las propuestas programáticas y las promesas realizadas en el período preelectoral, las cuales incidieron en el respaldo mayoritario de la ciudadanía, esta vuelta de tuerca sería también una demostración de «daño moral», en tanto significa el incumplimiento de un contrato entre los electores y el gobierno.

Esos cambios de trayectoria, en la política de inserción internacional y en la propuesta de la fuerza política gobernante, van acompañados de un fuerte continuismo de las políticas económicas que se han utilizado desde los setenta. Parecería que en el equipo económico prima la idea que el modelo que aplicaron los gobiernos anteriores fracasó porque fue mal implementado, de allí el interés en profundizarlo a través del TLC.

La incidencia de la estrategia de los ejecutores del contrato en la trayectoria de nuestro país estará fuertemente condicionada por el paradigma de orden social que los oriente, no es un tema menor al evaluar los posibles efectos de este acuerdo asimétrico entre un país que hace culto del libre mercado con una nación como la nuestra que se ha expresado reiteradamente a favor de preservar un papel más que significativo para el Estado. Esto último más allá del discurso y las políticas predominantes en el actual gobierno.

 

Es necesario rechazar el TLC pero no es suficiente

No alcanza con oponerse al TLC con sus implicancias de desestructuración y minimización del Estado, no basta con declarar nuevamente que se enfrentan dos modelos de país, ni tampoco con decir que se enfrenta un modelo productivo contra un modelo financiero, tampoco alcanza con afirmar que el problema esta entre quienes protegen la soberanía y quienes la entregan.

Más allá de que todo lo anterior sea parcialmente cierto es necesario acumular fuerzas para que nuestro gobierno retome la trayectoria del modelo emancipador que dio origen a la CNT y al FA e impulse un modelo alternativo de país, el cual debe incluir indefectiblemente un conjunto sistemático de cambios institucionales y de políticas que permitan iniciar un proceso de desarrollo inclusivo y sustentable. Para lo cual es imprescindible profundizar acuerdos regionales que pongan límites a una globalización en la que los países centrales continúan imponiendo sus intereses a través del proteccionismo comercial y de las armas. *

(*) Antonio Elías es economista e impulsor de la novel Red de economistas de izquierda. La Separata public  el miércoles pasado un Comunicado de la REDIU, el que puede ser consultado en los archivos del diario en la edición web de la fecha.