Una nueva Ley de Mercado incluiría una desgravación total de los fideicomisos financieros comercializados en los ámbitos formales

El ya complicado panorama del mercado bursátil uruguayo  la vertiente complementaria de la actividad bancaria  en la estructura de los mercados financieros se ha transformado en una debilidad considerable del país en la perspectiva del financiamiento de los nuevos proyectos nacionales de inversión. En el segundo trimestre del año la actividad de los mercados bursátiles nacionales se ha reducido prácticamente a un ámbito de transacciones de títulos de deuda pública y certificados de depósitos de muy corto plazo de los bancos, a los cuales les resulta más funcional y rentable obtener sus fondeos de corto plazo en el mercado bursátil que competir por la obtención de ahorro público en sus ventanillas corrientes. A manera de ejemplo en el trimestre de 2006 el total de las operaciones registradas en las bolsas locales acumulaban alrededor de 1.400 millones de dólares, de los cuales tan sólo U$S 13,4 millones  menos del 1%  se correspondían con los giros más propios de un mercado de concurrencia pública-privada para la comercialización de productos financieros vinculados con la inversión, obligaciones negociables, fideicomisos financieros o acciones. Todo el resto se correspondió con transacciones de certificados de depósitos  una fórmula de financiar con más rentabilidad las colocaciones bancarias internas y externas- y la comercialización primaria o secundaria de deuda pública. En suma, las bolsas de la calle Misiones no están teniendo nada que ver con el financiamiento genuino de la inversión de las empresas nacionales con dos o tres excepciones que confirman la regla. Esta virtual inexistencia del mercado de valores tiene varias causas entre las cuales, las principales tienen que ver con la escasa demanda de financiamiento de una inversión de riesgo que destaca a Uruguay entre los países más pobres del mundo, la opacidad de las empresas pública y privadas nacionales más una omisión regulatoria que en el pasado facilitó la utilización del mercado para que bancos e individuos pudieran blanquear en el mercado bursátil formal y adjunto, operaciones vedadas en el sistema más controlado.

La disfuncionalidad del mercado de valores nacional con su misión y esencia se multiplica en términos de ineficiencia del mercado financiero. El régimen de ahorro previsional instituido con la Reforma del 95 se ha transformado en un sistema cada vez menos defendible, entre otras cosas, por la imposibilidad que los Fondos sean canalizados a través de mercados formales  las Bolsas  hacia el financiamiento de proyectos de riesgo elaborados por empresas nacionales sin acceso al financiamiento externo o al financiamiento bancario de corto plazo predominante en Uruguay. Las administradoras privadas de esos FAP (fondo de ahorro previsional) propiedad de los trabajadores, están condenadas a financiar los déficits del Estado. Sin opciones de financiación en los mercados formales, la inversión contribuyente al financiamiento de proyectos nacionales de riesgo y rentabilidad adecuada no superaba en junio el 2% de los U$S 2.300 millones de dólares acumulados por los trabajadores entre sus prestaciones mensuales y los intereses que les paga el Estado.

 

Alternativa global

El economista Gabriel Oddone (Cinve y BVM) está realizando una serie de consultas vinculadas al propósito de la Bolsa de Montevideo, de presentar en las próximas semanas un listado de iniciativas con las cuales el Ministerio de Economía pudiera completar un proyecto formal de modificación de la Ley de Mercado de Valores capaz de generar un sistema de estímulos que permitan dinamizar el encuentro de la oferta y demanda de financiamiento de mediano y largo plazo en los mercados formales. En ese marco, el gobierno estaría dispuesto a complementar las disposiciones de la Reforma Tributaria en materia de gravámenes diferenciales de los instrumentos financieros, por ejemplo, desgravando a todo el universo de fideicomisos financieros vinculados al financiamiento de proyectos de inversión nacional públicos y privados que se comercialicen en los mercados formales. *