La aprobación de la reforma tributaria coloca al gobierno en un dilema difícil

Transcurridos los primeros quince meses de su instalación, todo el gobierno y la fuerza política que lo sustenta se han envuelto en el acelerado proceso del cambio. Hay otras opiniones; en los extremos, reina una idea de anomias e intrascendencia en la acción del gobierno cuando no de confrontación con los principios básicos en los cuáles se identifican.

En el centro del pensamiento y en sus círculos más informados la convicción es diferente y se podría sintetizar en lo siguiente: por diferentes razones el país ha sido arrastrado a un escenario que lo obliga a definir ambigüedades históricas en su política exterior y, convergentemente, a implementar una serie de cambios internos que permitan una modernización de relaciones de producción disfuncionales con las necesidades de una apertura muy dinamizadora.

Ese escenario en movimiento, abierto y complejo, no se asemeja en nada a aquellos sobre los cuales se diseñaron los programas de la izquierda.

Tampoco las obligaciones derivadas de administrar el país en este nuevo escenario se acomodan con los programas y el potencial de cambio que pudieran tener los partidos de la oposición actual. Ahora el juego es más abierto, dinámico y expuesto. Todo la gestión de inclusión y reparación social se arriesga en ese juego de estabilidad y transformaciones que comienza a ganar todo escenario dominante.

En estas condiciones la comprensión de esa relación de estabilidad y cambio se torna peligrosamente difícil. No alcanza con la elocuencia del triunvirato de economía para confrontar la especulación natural de la oposición y los sectores afectados por los cambios. Sin embargo, hay indicios que revelan la permanencia de amplios créditos otorgados por una población solidaria con sus espacios de pertenencia pero, aparentemente, más inclinada a entender y actuar individualmente frente a ese novedoso juego.

Esta hipótesis de desmarque individual es la que ha venido posibilitando que la aceleración de los cambios que se produce en el escenario principal vaya procesándose con la necesaria legitimación social. Lo que sucede en materia de endeudamiento interno es ejemplar al respecto: cualquier intento de contrariar la dirección esencial de la gestión del cambio es repelida o en el mejor de los casos, es seguida con curiosidad por las grandes mayorías. Otro ejemplo notorio es la escasa receptividad que tiene actualmente la mención del «rezago cambiario» con un dólar a veintitrés pesos. Esos dos ejemplos son bien representativos del desafío que se le presenta al programa en marcha: mejorar significativamente las relaciones contractuales como garantía y estimulo del aumento de la inversión sin toquetear los precios al grito.

 

Un juego diferente

Los uruguayos estamos realizando un aprendizaje concentrado de viejas asignaturas. Sabemos que cualquier aceptación de reivindicaciones que erosionen la dirección principal del plan en gestión tiene un potencial desestabilizador insoportable. Las corporaciones comienzan a comprender el juego.

En cambio los partidos de oposición no logran incorporar las reivindicaciones de sus representados históricamente y lo mismo le comienza a pasar al FA-EP con los suyos. El intento de modernizar las relaciones de producción comprende una delicada articulación de teoría, programa y capacidad de gestión ejecutiva. Pero, esencialmente, implica una arte aún más complejo: lograr que esos cambios sean comprendidos y aceptados por quienes tengan posibilidades de sobrevivir en los nuevos escenarios apelando a su propia capacidad de transformación.

El clientelismo representativo tradicional aparece desarticulado e incapaz frente a la emergencia de un juego diferente. Sería inimaginable que en esa perspectiva los partidos políticos y agrupamientos sociales se mantuvieran incólumes. La aspiración de modernización de las relaciones de producción comprende esencialmente la idea del cambio en los perfiles y límites de los viejos agrupamientos, ellos han sido conformados en formatos funcionales con aquellas viejas relaciones de producción.

La dinamización de los cambios comprende obligatoriamente la idea de agrupamientos cambiantes, tributarios también de lo dolores que supone transitarlos con responsabilidad social conformada desde una individualidad revalorizada. Dicho de otra manera, las reformas cambian códigos y relaciones, pero paralelamente afectan fuertemente las superestructuras del relacionamiento social y político. De tal manera y a manera de ejemplo, no es posible imaginar la aplicación de una reforma tributaria exitosa sin cambios en los agrupamientos tradicionales. La reforma tributaria, al igual que las otras, demanda y provoca adhesiones y oposiciones nuevas.

 

El aterrizaje de la reforma tributaria

Es interesante observar como se cierra la discusión de la reforma tributaria. Y lo es no sólo para entender cómo se votará y aplicará la iniciativa más importante del plan de la actual administración sino para entender cómo evoluciona de ahora en más el proceso del cambio en su conjunto. La «consulta social» de la reforma tributaria, que más que consulta fue explicación, ha finalizado.

El gobierno debe optar por aprobar la reforma con los votos exclusivos de la izquierda o, en cambio, deberá negociar con la oposición votos que valen oro en la perspectiva general del cambio. Si se limita a aplicar las mayorías, la reforma será un poco más integra y mucho más débil.

Si busca ampliar las mayorías y lo logra, será más fácil gestionar esa reforma pero, sobre todo, el gobierno habrá encontrado un instrumento hábil para conformar mayorías más amplias y que comienzan a resultarle imprescindibles. Recordemos aquel supuesto expuesto más arriba: la reforma estructural presupone la existencia de un potencial de cambio en las relaciones tradicionales de los individuos.

El viernes, en el cierre de las jornadas sobre la reforma tributaria organizada por el Colegio de contadores, economistas y administradores conjuntamente con la Caja de profesionales, el senador Jorge Gandini le ofreció al gobierno los votos de su sector, si el gobierno aceptaba incluir en el proyecto el compromiso formal de afectar los montos de una recaudación mayor a la programada a disminuir el IVA.

De inmediato el senador Michelini, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado adelantó su opinión favorable si el Partido Nacional se comprometía a que, una vez reabierta y cerrada la discusión dentro del FA-EP con el agregado introducido, el PN mantendría su compromiso de votar la iniciativa sin nuevos agregados.

En principio, el equipo económico intentará rehuir esa negociación. Es natural.

Ese equipo ha logrado colocar en el umbral de su promulgación como Ley una Reforma postergada durante treinta años y que en los países demanda años de discusión.

El problema es que no parecería haber dentro de la izquierda más que opiniones individuales o de sectores con poco peso para utilizar la oportunidad de incorporar a la lógica reformista sectores más amplios que aquellos que aún es posible mantener disciplinados dentro de las mayorías oficiales. *