Preocupación por la discusión sobre el proyecto que reforma el Central

En 1995, los entonces senadores Alberto Couriel y Danilo Astori confrontaban sus ideas respecto al grado de autonomía que debiera poseer el Banco Central. Entonces se discutía la Ley Orgánica del Banco cuya complejidad era bastante menor a la que hoy ostenta el Proyecto que enviado desde el Ministerio de Economía ha encontrado la primera oposición explícita, precisamente, en la opinión del senador Couriel. Empero, aquella discusión ya no es la misma. No sólo por la variación de los roles de los actores. La confrontación de Couriel y Astori es, ahora  al decir de un miembro de la bancada oficialista del senado- una discusión sugerente. Y sobre todo, con el andar del tiempo, se ha transformado en una discusión tan esencial como urgente.

Esta recreación de la disidencia sobre que debe ser y hacer el BCU, además de su utilidad pública, se perfila como la primera separación de aguas fuerte luego que el año pasado el Frente Amplio laudara la confrontación que existía sobre la pertenencia o no de legislar sobre el sobreendeudamiento interno o el tratado de protección de inversiones con EEUU. El año pasado, aquella discusión era menor y en ella, además, Couriel como el propio ministro Mujica, se desmarcaron de las posiciones del MPP y los dos contribuyeron a que el gobierno progresista no se inaugurara con una ley de resquebrajamiento de la confianza en los contratos.

La actual discusión sobre el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCU y creación de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab) está encuadrada en una ofensiva de reinstitucionalización del Estado promovida desde las necesidades específicas del plan económico pero del cual no es ajeno el presidente Vázquez. Ese proyecto comprende la nueva institucionalidad de la DGI y sus relaciones con el BPS y Aduanas, supone cambios en el ordenamiento jurisdiccional de juzgamiento de quiebras y las relaciones del Estado con los procesos de reestructura empresarial, contiene cambios importantes en la institucionalidad del mercado de trabajo y, particularmente, define con mucha precisión para qué quiere esta administración, al menos, un Banco Central.

No todos los senadores involucrados en la discusión que se inicia tienen claro que la suerte de este proyecto definirá el rumbo de dos concepciones sobre la institucionalidad de la democracia en la cual se ha de apoyar todo el proyecto de cambio. En las condiciones de salida de la crisis financiera y de deuda el BCU se ha transformado en un pivot cuyas funciones, incluso, han debido sustituir los ámbitos jurisdiccionales normales.

Todos y cada una de las setenta y cuatro páginas que continuará discutiendo la Comisión de Hacienda del Senado el miércoles 19 de abril contienen precisiones acerca de cómo esa nueva institucionalidad del Ente regulador y supervisor deberá manejar sus relaciones en el mercado y sus vínculos con el sistema de representación política de los ciudadanos. Algunos de los legisladores consultados acerca de cómo se procesará esta discusión central coincidían en que el trámite de esta discusión pudiera catalizar alineamientos nuevos y exigir disciplinamientos que quizás no sean fáciles de resolver. No sólo dentro de la fuerza de gobierno. *