Argentina acelera el proceso de ruptura

El plan de contingencia que tiene el gobierno uruguayo para neutralizar los impactos adversos provenientes del exterior ya no puede reducirse a un eventual paquete de medidas económicas. No estamos entendiendo bien a qué escasa distancia de una nueva ruptura se ha aproximado la Argentina y tampoco cuál es nuestra propia exposición en ese escenario de conflicto.

Escrito por: JORGE JAURI

La destitución de Aníbal Ibarra y la prohibición de exportación de carne bovina por ciento ochenta días completaron la semana pasada un cuadro fantástico, en el cual la Argentina se enseña en la región y el mundo como un país al borde de uno de esos momentos de sanción autoritaria que integran los ciclos institucionales del vecino país. Desde dos vertientes diferentes, los dos hechos revelan hasta dónde la enorme acumulación original permite aún que ese país exista luego de derrochar de tal manera y tan reiteradamente, tanta riqueza. Cualquier medida de política mínimamente comparable hubiera sido en nuestro país un motivo de desequilibrio letal. Uruguay vive su peripecia de cambio con errores y problemas de toda naturaleza, pero hay con la experiencia argentina, una diferencia que debería obligarnos a razonar con más precisión sobre cuáles son las rutas prohibidas. Más allá de la imposibilidad de agregar a las mayorías formales alianzas más amplias con el resto del espectro político, en el Uruguay se ha conformado, de hecho, una sólida política de Estado respecto al menos, a lo que no se puede hacer. En este país es posible aceptar, por un tiempo más, que el gobierno intente mantener dos o tres precios principales en una banda de oscilación políticamente potable ­dólar, salarios y alguna tarifa–, pero nadie permitiría, en ningún partido, que los contratos y seguridades jurídicas fueran violentados con la reiterada desfachatez argentina.

Displicencia

Sin embargo, nos hemos venido acostumbrando a comentar la crónica argentina con cierta displicencia y una peligrosa aceptación del riesgo. Es más, cuando la situación del vecino país se tensa al extremo, los uruguayos tenemos la propensión a discutir los hechos con una superficialidad llena de resignación. Nos cuesta una enormidad contextualizar la información argentina a un marco que vaya un poco más allá del anecdotario de la farándula. Es preocupante dado que a esta altura de las cosas los uruguayos ya tenemos un patrón de análisis de la realidad bien diferente al que poseíamos antes de 2002. El riesgo de una nueva desintegración nos ha ayudado a intentar, al menos, a ponderar los hechos con sus derivaciones institucionales. Pese a ese potencial que debería operar como un activo potente en la perspectiva de comprensión de las tareas próximas no está siendo activado por los datos de lo que sucede más allá de los puentes. Seguimos con demasiada lejanía el derroche de los restos de institucionalidad que la Argentina se permite sin que su sistema político tenga capacidad alguna de apalancar un cambio dramático antes que las sanciones autoritarias vengan a cerrar esos breves interregnos de democracia formal que periódicamente se abren entre dictadura y dictadura. Las dictaduras, instrumentos de esas correcciones periódicas del libertinaje con la cual se utiliza la democracia en Argentina han masacrado la capacidad de resistencia inteligente del pueblo y la valentía de sus elites. Alcanza con que el presidente levante el puño izquierdo rodeado de las madres de los desaparecidos para que se le reitere allá y también aquí un crédito peligroso. En la Argentina se especula con todo. El dolor se ha transformado en un valor de canje político y los pañuelos blancos en un extraño pasaporte de impunidad.

Señales y contingencia

Lo de Ibarra y la prohibición de exportación de carne bovina son acciones seleccionadas con una fría precisión criminal para acelerar la ruptura. En un caso la señal es obvia: las mayorías circunstanciales pueden superponerse a cualquier norma; entre la ley y el poder debe buscarse el amparo de la fuerza. En ese marco la señal de la prohibición de exportación debe internalizar en el mercado la dominancia del poder. La lectura es inmediata y afirma en el campo lo que ya es una consigna empresarial en sectores estratégicos como el energético; hacer e invertir lo mínimo para mantener las empresas en marcha. La inseguridad jurídica y la soberbia del poder aterra a los buenos empresarios y estimula la corrupción. En ese marco la planificación estratégica de la política y los negocios sólo aspira a ejercitar el clientelismo en su más depravada expresión. Todo el complejo agroexportador comienza a anticipar su ciclo regresivo. En poco, la caída del producto y la recaudación asociada proveerán al sistema un motivo más de ruptura. Llegado ese momento, probablemente catalizado por el aumento de las tasas internacionales, Argentina carecerá de las mínimas defensas para dirimir los conflictos en marcos institucionales relativamente normales.

Uruguay debe adoptar un plan de contingencia mayor frente a la progresión del riesgo argentino. No alcanza ya con que esos seguros incluyendo la eventual ampliación del crédito de las multilaterales cubran el riesgo económico tradicional. El plan de contingencia debe ser ahora más completo; supone proveer desde ya algunos movimientos que obliguen a Brasil de otra manera en la región o que nos permita defendernos de las consecuencias argentinas con una política exterior en la cual Uruguay halle coberturas de riesgo soberano más tranquilizantes. Y esto tampoco debe ser leído en su acepción financiera simple. Ello requiere un profesionalismo diferente. Pero, más allá de los cambios de hombres y estilos, eso no se puede hacer sin que se avance más rápido en una etapa anterior, el de la unidad nacional. Los argentinos están acostumbrados a resolver sus confrontaciones apelando a desafíos externos que afrontan o inventan. En este país nos está faltando más empeño y audacia en zurcir de nuevo las alianzas internas capaces, de habilitar una política exterior poderosa en su convicción nacional. Esos movimientos deben mejorar la confianza y habilitar una mayor comprensión sobre la esencia del problema de vecindad. Afortunadamente, esta es una de las cosas que el presidente Vázquez parece tener clara pese a las dificultades de operación que están retrasando en demasía las acciones fuertes en esta dirección. A estas alturas la reiteración de buenas intenciones sin decisiones al nivel correspondiente se fagocita rápidamente los créditos de confianza. *