Tienda Inglesa apelará mañana
El director general de Tienda Inglesa, Robin Henderson, realizó declaraciones en radio El Espectador, señalando que con la DGI «no hay posibilidad de defenderse, nosotros apelamos la decisión del juez pero se nos dijo que ni miró la apelación».
El empresario afirma desconocer los motivos de la suspensión, «son un misterio» y reiteró que su empresa no ha defraudado ni un solo peso. «Ellos reconocen que no hay defraudación. Lo ha dicho el propio director que no se trataba de defraudación», remarcó Henderson.
«Por la ley, el sancionado ni ve cuál es la sanción, no ve absolutamente nada. El juez le firma algo a la DGI por lo cual la DGI clausura. Después se examina, pero antes no. No hay oportunidad a defenderse. Nosotros apelamos, pero se nos dijo que el juez ni miró la apelación», agregó.
De todas maneras la empresa solicitará una nueva reunión con el director general de Rentas, Eduardo Zaidensztat, a fin de apelar, explicitar sus argumentos y evitar el cierre.
Según explicó, el problema no proviene de defraudación alguna sino de irregularidades en los tiques de venta que de ninguna manera ameritan la anunciada suspensión por seis días.
Según ha trascendido, la DGI ha argumentado que el sistema que utiliza la empresa no permite corroborar que lo tributado sea por el total de lo vendido.
Henderson argumentó que trabajan con un software desarrollado en Uruguay y consideró que es perfecto, aunque la DGI no comparte esa opinión.
Los empleados apoyan
Los empleados de la sucursal Montevideo Shopping salieron ayer a manifestar en la esquina de Luis Alberto de Herrera y Rivera, al igual que en Atlántida, 8 de Octubre y diferentes lugares donde están emplazados los locales comerciales donde estuvieron repartiendo volantes donde se explica su punto de vista.
Al tiempo de anunciar su «incondicional apoyo a la gestión» de la empresa porque entienden que «Tienda Inglesa no evade sus responsabilidades» y rechazan que «nos vengan a patotear».
Alegan que el hecho de que la burocracia estatal no corra a la par del avance tecnológico no justifica que se haya tratado a uno de los contribuyentes más importantes de esta forma.
Recuerdan que se trata de una empresa que da empleo directo a más de 3.000 personas, que es propiedad de capitales nacionales y que «se paró firme durante la crisis que afectó al país y de la que aún hoy sufrimos las heridas, a pesar de la competencia desleal fomentada por el propio Estado mediante los gobernantes de turno, que otorgaron beneficios a empresas de capitales extranjeros con la excusa de que generaban puestos de trabajo». *
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