El BCU y la inflación 2005: una explicación insuficiente que dispara una discusión mayor
A partir de las dificultades que ha tenido el BCU para cumplir su compromiso de que podría asegurar mediante su política monetaria que la inflación de 2005 se ubicara en el rango del 5.5% al 7.5% prometido en diciembre de 2004 -la inflación fue del 4.9%- se ha precipitado una discusión esencial. Esa discusión parte del valor de la estabilidad de precios y la capacidad de hacer política monetaria fuerte con estatura de política de Estado en este país. Empero, dado que el problema no se reduce a la capacidad de los instrumentos y los equipos disponibles para asegurarla, esa discusión admite preguntas más inquietantes: ¿cómo se hace política monetaria aun en las condiciones de un país que desprecia su moneda? Esa discusión esencial desborda ampliamente la cuestión económica. Reinstala la discusión legislativa de una década atrás mediante la cual se reglamentó la misión y organicidad del BCU y adelanta la que generará el tratamiento del proyecto de reforma de la carta orgánica del BCU. Pero sobre todo, esa discusión dispara otra, más permanente y decisiva aún sobre los temas institucionales en un contexto de cambio como el actual. Discusión que, adelantemos, no reconoce la división simplificadora de los que están con el gobierno y los que especulan contra él.
En su columna del jueves pasado en Búsqueda, Michele Santo, uno de los analistas más agudos y provocador de ambiciosas discusiones en materia económica, ha criticado fuertemente la política monetaria del BCU desde sus implicancias cambiarias. Santo recoge con agudeza y oportunidad un pensamiento que recorre derechas e izquierdas y que podría resumirse en su convocatoria al Banco a que, de ahora en más, no se preocupe en demasía de defender la moneda nacional en su insignificancia respecto a la dominancia del dólar sino que, cueste lo que cueste institucionalmente, se dedique a defender la cotización de la moneda norteamericana. La proposición contiene varias sugerencias provocadoras.
Una, la que propone la permanencia de un tipo de cambio, nominal inocultablemente alto como condición estructural de equilibrio y estabilidad. La otra, funcional con esa propuesta, consiste en que si no se puede sustituir al peso por el dólar, es arriesgado, difícil y definitivamente inconveniente ensayar con mayor independencia del regulador de los sucesivos ministros de Economía, el único instrumento que tiene el BCU para cumplir su función constitucional principal: defender la moneda nacional. En tanto, la pregunta más importante surge naturalmente: ¿para qué quisieran estos países, a diferencia de los desarrollados, bancos centrales fuertes y reconocidos por los ciudadanos? En suma, la convocatoria explicita y adelanta una discusión esencial para el cambio: ¿cómo y cuánto cuesta avanzar en la reinstitucionalización, proceso dramático y desconocido culturalmente cuya urgencia precipitara la crisis de 2002? (J.J.) *
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