La oportunidad de volver a indicar dónde están las prioridades de la política

Sus procedimientos se asemejan más bien a las prácticas de los viejos sindicatos de los muelles. Empero, no deja de ser una corporación que, por definición, como tantas otras, atenta contra los intereses generales de la población. Sin llegar a entenderlo siquiera, la recreación del desborde faccioso de un grupo de presión le ofrece una oportunidad a la política para subrayar cuál es el objeto de atención más delicada para el cambio.

En el fondo de las cosas, la esencia del daño que el sindicato de canillas le hace a la comunidad que integra no difiere del que le hace el resto de los agrupamientos organizados a la libertad en su más amplia y espléndida significación. Estas organizaciones de motivación parcial inclinadas siempre a privilegiar la razón de su existencia sobre la razonabilidad social son, más allá de los matices, esencialmente subversivas. El sindicato de canillas y particularmente su dirección lleva esto al extremo y, desde la soberbia de la fuerza ejemplifica con más claridad que ningún otro caso, el brutal daño que este tipo de agrupaciones le hacen a la democracia y a la gente. Es fácil advertir en este caso lo que cuesta bastante más entender cuando la misma acusación de subversión se realiza acerca de corporaciones más sociables. Hace demasiado rato que en este país el poder se ha desmadrado de los cauces republicanos. Esta corporación es menos sutil y sus objetivos bastante más explícitos que aquellas que se especializan en la obtención de medidas de política comercial, exenciones tributarias, creación de barreras de entrada y salida de los mercados o leyes de refinanciación de deudas o transferencias millonarias. El escudo y la bandera es siempre la misma, la solidaridad vaciada de contenidos; la defensa del trabajo nacional y los sacrosantos valores de la solidaridad. Cuando eso no alcanza la organización provee la fuerza. Los gobiernos claudican debilitados en sus responsabilidades de defensa de los ciudadanos no organizados, sus funcionarios son propensos al pacto o carecen de instrumentos y teoría para combatir la escisión democrática de las corporaciones y los grupos de poder.

 

No se pueden hacer las cosas como antes

Esto ya no da para más. Por varias razones entre las cuales vale recordar tan sólo dos: una, la fractura del método clientielístico asociado al cierre de fronteras que ya no pueden frecuentar por más que lo intenten, los débiles gobiernos latinoamericanos. La segunda es bien uruguaya y tiene que ver con la naturaleza del cambio: comienza a ser un poco más difícil utilizar la debilidad del gobierno para ejercer el poder como antes. Al gobierno de izquierda le puede resultar muy difícil explicar su defensa de la estabilidad o la lógica de las reformas, pero le resultará imposible explicar la continuidad del clientelismo y la aceptación de la subversión corporativa en el caso que ello aparezca un poco más manifiesto que en la actualidad.

Empero, hay opiniones que anticipan un gatopardismo en las relaciones del nuevo gobierno con, casi las mismas corporaciones de antaño. En algunos casos esas opiniones manejan argumentos de peso: transferencias graciosas a malos empresarios, subsidios inexplicables, asunción de costos de seguros de riesgo y hasta debilidades relativamente inexplicables en la defensa de algunas políticas de interés comunitario que coliden con los intereses de ciertas corporaciones. Pero, si hay algo de cierto en ese escepticismo sobre la fractura esas relaciones clientelísticas tradicionales con corporaciones más fuertes que el Estado, también hay datos suficientes para saber que este gobierno busca, cambiar los escenarios en los cuales se han estructurado las espurias relaciones de lo público y lo privado en este país. Con excepciones, hasta ahora el gobierno ha logrado evitar lo peor del acoso corporativo usual: no hay Ley de refinanciación de adeudos ni de suspensión de ejecuciones ni de ablandamiento de contratos, ni modificaciones administrativas de precios relativos de significación. La experiencia de negociación colectiva no ha producido un daño excesivo sobre el merado de trabajo. Se está aprobando un presupuesto sin concesiones disonantes y que, en general, afirma la potestad de decisión gubernamental sobre la reivindicación corporativa. En general, el Poder Legislativo se viene comportando en esa línea de mayor independencia de la representación parcial. La acción del Estado en este frente tiene, al menos, dos permanencias de omisión y dificultades. Las que atañen a la capacidad del Poder Judicial, pobre y carente de códigos e instrumentos modernos para juzgar conflictos mayores; y las carencias de la Educación para incorporar en la formación temprana de los nuevos ciudadanos valores recreados de libertad y responsabilidad individual. Parte de estas omisiones parecen haberse comenzado a corregir con el presupuesto del Poder Judicial, en lo que refiere a medios al menos. Y paralelamente al Presupuesto, hay dos o tres aproximaciones fuertes a la modificación de los viejos códigos que, en el área de lo económico al menos, mejoran sustancialmente la capacidad de los jueces para hacer cumplir las principales disposiciones constitucionales respecto a la libertad de trabajo y transparencia de los actores económicos. La gravedad del conflicto instalado en el área de la libertad de expresión y trabajo que desencadenara el fin de semana la bárbara decisión de reinstalar la censura utilizando una posición dominante para impedir la circulación del diario La Republica ha generado un virtual estado de alarma pública. Puede que no haya magistrado penal con voluntad de aplicar su competencia de urgencia frente al desborde obvio; es casi seguro que no habrá fiscal preocupado por encaminar en el área civil una investigación urgente de daño grave, pero es menos probable que diputados y senadores no vean en la incidencia la oportunidad de acelerar el trámite de Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que ya está cerca de la media sanción. La promulgación urgente de esa Ley debería ser demandada desde la presidencia de la República, como contribución a la acción de la justicia pero, sobre todo, en este momento de elevada sensibilidad pública, como una señal más a los facciosos acerca de dónde reside la esencia del cambio para este gobierno. *