La estrategia de inclusión y ejecución parcial dificulta la celebración del cambio principal

Un conjunto amplio de representantes y administradores públicos ha perdido el temor que les deparaba hasta hace poco su encuentro con la cosa pública. Ostensiblemente, en cientos de unidades ejecutoras, se estudian y ejecutan cambios de diversa entidad con el quehacer anterior. Los nuevos jefes entienden que tienen poco tiempo para que la comunidad se vuelva hacia ellos en búsqueda de respuestas sobre esa relación compleja de lo prometido/programado y lo realizado. La historia no es nueva. El modelo de experiencia inmediatamente anterior es el brasileño y sólo hay que trabajar un poco con el idioma para hacer las traducciones correctas de lo que en el vecino país ha venido sucediendo en los dos últimos años. Empero, Uruguay agrega a la experiencia de la irrupción de la izquierda en la administración un componente esencial: la multiplicación de intersecciones relativamente orgánicas, con cierta capacidad de decisión, entre la sociedad civil y, particularmente, el Ejecutivo.

En tanto tenemos, entre otras características de la coyuntura: apresuramientos naturales de los ejecutores de política definidas con la imprecisión natural de una fuerza política sin experiencia de gobierno -la cual además, representa correctamente mayorías nacionales caracterizadas por su extraordinaria adversión a las leyes del mercado. Tenemos, además, un reforzamiento de los espacios de encuentro de esas mayorías ciudadanas con aquellos urgidos ejecutivos. Esas intersecciones también naturales entre la fuerza de gobierno y la sociedad civil sobre la cual se conformó, educó y se impulso la izquierda para acceder al gobierno.

 

Estancamiento estructural

Hasta aquí todo es natural y, observado una retrospectiva de treinta años, no debería dejar de constituirse en una fortaleza para que esté país lograra superar su estancamiento estructural. Por allí anda el cambio y ojalá podamos entender que su éxito se juega en la delicada administración de sus contradicciones. Insisto: contradicciones naturales de una emergencia de administradores urgidos y zonas de encuentro ampliadas con una sociedad con escasos códigos de comprensión de lo que está sucediendo. Quizás importe ejemplificar: en el MGAP, Agazzi y Mujica, rodeados de comisiones de endeudamiento y sus propias rondas con las asociaciones de productores, exportadores, importadores, veterinarios y demás, saben que tienen poco tiempo para convencernos que es posible dotar al modelo agroexportador de una legitimidad social y sustentabilidad de largo plazo con el resto del plan económico. Lo mismo le sucede a Gargano y a Amorín  el nuevo director de Asuntos Económicos e Integración-, en una cancillería atrapada entre una discusión entre el ambientalismo, el regionalismo cerrado y la realidad de un mundo globalizado. Trampa especialmente riesgosa si hay que valorar, además, lo que cuesta mantener esa tierra de nadie que media entre las dos tres cuadras que separan las esquina de la calle Colonia entre Paraguay y Cuareim. Lo mismo ha venido sucediendo en la Salud, Trabajo y la Seguridad Social en general. Los ejecutores han abierto las puertas de los Ministerios a la participación ciudadana y ella ha ingresado en esos ámbitos como era previsible que lo hiciera: con toda su carga de representación corporativa nacional e, incluso, regional. El presidente Dr. Vázquez incluso, ha generado un espacio de participación propia con esas representaciones corporativas y, además, urge a un Consejo de Ministros con el cual parece discutir más que articulación vertical de lo particular con políticas centrales, premuras de la gestión particular conciliables con demandas de grupos de presión muy agresivos.

Todo esto tiene una lógica que los cuentistas sociales uruguayos deberían jerarquizar en sus análisis de riesgo. Fernando Henrique se pasó ocho años de su dos presidencias intentando despegar a los órganos ejecutivos y legislativos del Estado de la dependencia corporativa que en 1988 esta había logrado imponer constitucionalmente como condición de participación en la salida democrática. Lula, hijo dilecto de una de las tres corporaciones más fuertes, antepone sus responsabilidades presidenciales a las innatas del obrero y continúa esa línea esencial de cambio iniciada por FHC desde otro lugar de la izquierda. En ese tránsito hay de todo, pero sobre todo ello, hay allí una esperanza fuerte de modernización y equidad que se traduce en variados índices de confianza. El mantenimiento de la popularidad de Lula, los indicadores financieros, la captación de inversión externa directa y el usufructo pleno del espléndido momento de liquidez internacional para blindar una estabilidad sobre la que se irán procesando los otros cambios.

Uruguay está haciendo su transición en esa burbuja «brasileña» sin tener mucha idea de lo que esto implica exactamente. Los uruguayos tenemos un poco de tiempo más del que suponíamos para hacer las cosas bien. No necesitamos esa hiperactividad de ejecutores rodeados de urgencias que no son las del Estado en su representación de la sociedad como conjunto entero. Precisamos otro tipo de vínculo de esta sociedad mal integrada y una búsqueda amplia de la reunión de ciudadanos con su gobierno; en una comprensión de decencias, afectos pero sobre todo, ahora, de mucha racionalidad y madurez. Eso que parece tan poco tiene un potencial revolucionario fenomenal. Ese potencial irá siendo sometido a exigencias mayores a las actuales en los próximos días.

 

La política monetaria

La política monetaria, el mensaje presupuestal, las directivas a los negociadores internacionales, los primeros pasos de la nueva DGI, el resultado final de la negociación en el ámbito laboral por no mencionar otros lugares de encuentros y desencuentros complejos de sociedad y Estado reproducirán el conflicto y los riesgos. Más allá de esa sumatoria de resultados parciales, el cambio se jugará en los saldos de una cuenta principal: ¿Cuánto más o menos vamos entendiendo los uruguayos acerca de las nuevas relaciones de producción que, afirmando la institucionalidad plena y el estado de derecho, auspician, realmente, un mayor bienestar colectivo sustentable en el largo plazo? Y los resultados de esa lectura esencial no están dando demasiado mal si es posible sustraerse al barullo y atender la explicación última de los indicadores de riesgo. *