Gobierno reconoce la existencia de un sobreendeudamiento en el país

En términos generales no hubo novedades en cuanto a la postura del ministro de Economía, sin embargo, al profundizar en el tema hubo algunas puntualizaciones que aportan al conocimiento sobre el cómo se encara el tema.

Luego de un inicio en el que Astori reiteró los criterios generales apuntando a preservar el crédito y el sistema financiero y la confianza de los ahorristas ratificando que no habrá ley sino estudio caso a caso.

El economista Tomás Polgar, integrante de la Comisión conformada por el Ejecutivo para el estudio del tema del endeudamiento, reconoció la existencia de un sobreendeudamiento en el país que opera como una carga muy pesada sobre la economía.

Explicó que habrá tres pautas fundamentales para encontrar soluciones y ellas serán la implementación de quitas, la reducción de los intereses y el reperfilamiento de plazos, aclarando que se harán diferentes combinaciones de estos parámetros para atender cada caso.

Con respecto a la denominada deuda social, más referida a créditos al consumo y para vivienda la novedad estuvo en que se anunció que se combinarían soluciones administrativas con legales (éstas orientadas a problemas como la usura y la desregulación en otorgar un crédito con garantía hipotecaria).

El economista Bergara admitió que se ha comprobado que en el crédito parabancario no hay voluntad negociadora sino de remate, coincidiendo con varios legisladores en que se trata de un problema muy común y que resulta difícil de controlar, por lo que entendió que se deben generar leyes que busquen minimizar el accionar de prestamistas ilegales y de regular el mercado y que refuercen las medidas administrativas.

También sostuvo que existe interés por parte del gobierno de darle una solución a los deudores con voluntad de pago y que tienen cierta capacidad de pago, intentándose generar alguna instancia para que accedan nuevamente al crédito de manera que no sean radiados, ya que hoy viven lo que se denomina una «muerte civil» ya que trabajan para pagar su deuda.

Es intención del gobierno incluirlos nuevamente en el funcionamiento económico del país

 

Secreto bancario

Sobre el alcance del secreto bancario, que ha sido uno de los grandes tabúes creados para conformar una coraza al proyecto de plaza financiera que se esfumó con la crisis de 2002, el equipo de gobierno manifestó que aprueba un proyecto de ley a partir de la conveniencia de hacer públicas determinadas informaciones referidas a infractores a la legislación de cheques, empresas sancionadas por el BCU, inhabilitados para operar así como deudores que figuran en la Central de Riesgos Crediticios, que lleva la Superintendencia de Instituciones Financieras.

Por su parte el diputado del Partido Colorado José Amorín Batlle indicó que tras la comparecencia del ministro de Economía, Danilo Astori, a la comisión de Hacienda de la Cámara baja, «quedó claro que todo el Encuentro Progresista está alineado atrás del ministro», quien tiene una posición contraria a que por ley se estén suspendiendo las ejecuciones judiciales o se promueva una refinanciación para deudores.

El legislador colorado indicó que compartía la posición de Astori, recordando a la vez que el Encuentro Progresista había impulsado en varias ocasiones leyes que suspendieran ejecuciones a deudores y de refinanciación.

Estas leyes tuvieron un especial impulso tras la crisis del año 2002, pero en ninguna ocasión prosperaron.

Por otra parte el ministro Astori se manifestó también de acuerdo con permitir la libre importación de vehículos usados (automóviles y camiones), pero dentro de cuatro años. *