El gobierno no debe confundir los programas

El cambio es el principio superior a preservar. El importa más que los programas de guerra elaborados sin información y condicionados por la lógica bélica electoral. En caso contrario, la mayor participación auspiciará una batalla cruenta, impagable con los saldos de confianza actuales e inaceptable formalmente, entre el Estado, el partido y la corporación vitalizada.

El jueves pasado el Ministerio de Economía se prestó a vertebrar la voluntad de representantes de grupos de deudores, representantes nacionales, del Ministerio de Ganadería y Agricultura de estudiar una nueva Ley de Refinanciación de adeudos propiciando una suspensión de ejecuciones por la vía administrativa durante sesenta días. La presencia de un director del Banco de la República en la conferencia de prensa del jueves y la implícita habilitación de la operación realizada por el ministro de Economía, Cr. Danilo Astori, y el Presidente de la República conformaron el ingreso homogéneo del gobierno en el primer cepo fuerte colocado por una corporación organizada.

A diferencia de la crisis generada unos días antes por el proyecto de «descongestionamiento de la cárceles» en el cual el gobierno había tomado la iniciativa, en el caso presente, el Poder Ejecutivo ingresó defensivamente, desde atrás, a un escenario de costumbre corporativa. En el caso de los presos, los problemas fueron el resultado de errores naturales y menores.

 

Señales y costos inmediatos

A partir de la directiva impartida por el Poder Ejecutivo para que diferentes oficinas y gestores públicos reexaminen todos los expedientes en vías de ejecución judicial, el gobierno condiciona mecánicamente el programa del gobierno al del partido. Informa que ahora el gobierno dispone de recursos para asistir cristianamente a aquellos que les vaya mal, en sus emprendimientos capitalistas. La única condición que beatifica y activa el asistencialismo es que el demandado por incumplimiento haya trabajado… La señal indica que el gobierno acepta que los costos de la distensión sean pagados sólo por los acreedores públicos. En particular deja inferir que los equilibrios logrados por el BROU tienen márgenes infinitos. La reavivación del BROU se basó en una reingeniería contable, institucional y un plan de negocios cuyos equilibrios comprenden las partidas que le traslada su gestora privada de recuperación de activos.

En el primer trimestre del año Carafisa le ha devuelto al Banco diez millones de dólares mensuales y en el último año, aproximadamente veinte millones trimestrales. Esa vital gestión de recuperación de activos comprende, naturalmente, la amenaza judicial e incluyó la realización de ochenta remates por haberse llegado al límite absoluto de la negociación y razones de peso similar. Ahora, vuelve a abrirse la posibilidad de que ese flujo de fondos se quiebre.

Esta es la razón por la cual, con oportunidad y la responsabilidad personal anterior aún a la del funcionario que administra, sujeto a jerarquía, fondos públicos, el presidente del Directorio, Fernando Calloia, reclamaba sensatez a sus pares, horas después de conocer la suspensión recomendada.

 

Segundo movimiento, el de los costos mayores

Pero, sobre todas las cosas, la señal indica que el Poder Ejecutivo se estaría comprometiendo efectivamente a promover una solución genérica del endeudamiento, forzando incluso el propio programa del Encuentro. Esa señal hay que precisarla: ¿está dispuesto realmente este gobierno a reiterar la vieja práctica de afectar los contratos privados? De otra manera, si no hubiera intención de habilitar dicha solución no se entiende la razón de una suspensión temporal de ejecuciones parcial, irrelevante y discriminatoria tal cual veíamos más arriba.

Si realmente existe esa presunción: que es conveniente modificar mediante una Ley los contratos privados, en pocos días habrá que comenzar a pagar otras tasas de interés y a buscar fuentes de financiamiento ya no de la inversión sino de la renovación de la deuda de corto plazo. Naturalmente los efectos de que prospere esa señal se van a reflejar de inmediato en el diseño del programa trianual que el equipo económico ultima con el FMI. Pero esa presunción no se elimina esquivando la discusión legislativa de un proyecto subversivo mediante una «recomendación» administrativa.

 

La naturaleza de la cosas

Hasta ahora, las consecuencias sociales del sobreendeudamiento venían solucionándose razonablemente.

El crecimiento venía generando superávit primario importante en el sector público y el privado de tal manera que, en los grandes agregados, el problema de la deuda pública y privada venía diluyéndose. La solución se estaba procesando en un escenario de delicada ingeniería que combinaba recuperación de activos, pago a deudores y una lenta recuperación del crédito. Este proceso se producía, además, sobre un ensanchamiento y afirmación de la institucionalidad pública y privada.

Los contratos volvían a tener vigencia, el BCU y los tribunales venían resolviendo los problemas principales. El gobierno de izquierda daba sus primeros pasos con firmeza e, incluso, proyectaba una temprana emisión de deuda capaz no sólo de cerrar las cuentas hasta fin de año sino de mostrarlo ante el mundo y sus propios ciudadanos como parte integrantes de esa trilogía de renovación democrática de la izquierda en el poder al lado de Chile y Brasil.

De pronto, todo esto ha sido puesto en duda. Treinta deudores crónicos del sistema financiero con amenaza de ejecución judicial muy bien representados han logrado subvertir, o al menos poner en riesgo la esperanza del cambio. A esta altura es pertinente preguntarse ¿si es posible efectivamente, que treinta deudores crónicos y sus abogados puedan llevarse por delante la credibilidad de un gobierno y afectar su potencial de generar cambios estructurales? ¿O es que, por lo contrario, son otro tipo de especuladores más fuertes y organizados los están logrando activar las debilidades institucionales y el deterioro cultural de este país para poner a prueba tempranamente a este gobierno?

 

Institucionalidad y cambio

Ya se ha realizado parte del daño. En lo estrictamente económico Uruguay, sin acceso al mercado internacional de crédito privado, con solamente tres mil millones de dólares equivalentes depositados a plazo en el sistema financiero y tasas de interés en alza, ha hipotecado ya la posibilidad de reconstituir la confianza de ahorristas e inversores, comenzando por los nacionales. En tanto, si algo muy fuerte no revierte la señal ofrecida por el gobierno, de hecho, en este momento, el crecimiento programado carece de fuentes de financiamiento.

Empero, y más allá de todo el riesgo «económico» que precipita la señal y sus hipótesis, el cepo en el cual ha caído el gobierno extiende al presente la imagen de debilidad institucional del Estado que generó la administración saliente en los peores momentos de su gestión.

El nuevo gobierno aún tiene créditos suficientes para corregir el daño de sus errores iniciales e, incluso, para transformar sus debilidades expuestas en fortalezas y garantías que este país no ha tenido nunca. Para activar esos créditos, transformar en confianza la incertidumbre, en esperanza la desazón, es preciso actuar con rapidez, pericia y sobre todo, valentía. Es necesario, quizás, que el ex candidato del EP-FA/NM y ahora Presidente de la República deje de «apoyar» a un ministro y sea él quien superponga más explícitamente el interés de todos al condicionamiento mecánico de un programa y un discurso. Todos nos podemos equivocar. Todos, también n
os podemos fundir trabajando y eso es parte del riesgo que deberemos aprender a neutralizar desde la revalorización de la responsabilidad individual y, quizás, desde una reconsideración ambiciosa del concepto de solidaridad social. *