La sustentabilidad del crecimiento exige otra ambición para la inclusión social

La discusión sobre la estabilidad en su acepción menor viene concentrándose en las posibilidades de compatibilizar la rigidez de la política monetaria y la competitividad de los sectores agroexportadores y la capacidad de compra de los rentistas en dólares. Este asunto no sólo no ha de resolverse en el corto plazo con facilidad sino que, en poco, probablemente debamos aprender a vivir con un dólar a veintidós o veintitrés pesos, con oscilaciones diarias muy marcadas y las dificultades u oportunidades que produce la desdolarización acelerada.

Eso supondrá un desafío considerable en la necesaria conciliación de la estabilidad lograda con los cambios prometidos. Sin embargo, por ahora, esa defensa de la estabilidad no es la preocupación principal. Empero, la reiteración cansina en las columnas de opinión sobre la inconveniencia de apartarse del circulo virtuoso equilibrio fiscal-estabilidad-crecimiento-distribución nos impide siquiera pensar siquiera en si es posible o no financiar una operación de inclusión social de la dimensión exigida.

¿Es realmente lo presupuestal el límite a nuestra voluntad de pagar una porción humana de la deuda social? Realmente es difícil saberlo hoy.

¿Un elocuente superávit fiscal operaría en este país como en Brasil? Tampoco es fácil responder si esa interrogantes tiene en cuenta, además, realidades e idiosincrasias diferentes.

Probablemente las respuestas se ubiquen en zonas intermedias. Si Uruguay no logra un superávit primario del 3.8% o del 4% promedial en el próximo quinquenio tendremos algunos problemas más de financiamiento. Pero aún en dicho caso la estabilidad gozará de buena salud. Los seguros de la estabilidad son muy firmes, entre otras razones porque la gente ha aprendido a valorarla y probablemente sea capaz de defenderla activamente si su esencia corre mañana algún riesgo.

 

Estabilidad sustentable socialmente

El problema principal de la estabilidad es que sea sostenible en el mediano y largo plazo. Y cómo la economía de riesgo descuenta en el presente el valor futuro de las cosas, el riesgo de la estabilidad actual no deviene sólo, ni principalmente, de un aumento del costo de una operación de inclusión social con impacto real sobre la confianza de todos. El valor presente de lo que el mercado visualiza a futuro pasa también por que el gobierno pueda demostrar que está realmente en condiciones de liderar un gigantesco esfuerzo de compensación social. Y para que esto no se desmerezca en una puja política menor debería ser comprendido desde una visión de mercado y afrontado desde la presidencia y el Ministerio de Economía. Ya verá el BCU, más experimentado en el uso de la política monetaria como hace para mantener las metas inflacionarias si alguno quisiera especular de más con los desastres.

Si eso es así pudiera habilitarse una meta más ambiciosa en materia de inclusión social. Por ahora el Plan de Emergencia es una aproximación casi formal a la inclusión; una señal de orientación hacia la compensación tranquilizante. ¿Es lo que precisamos? ¿Oficiará como principio del cambio? ¿Nos tranquilizará?

En realidad no. Es obvio que el Plan tendrá efectos reducidos entre otras cosas porque está siendo diseñado desde la restricción presupuestal de un país acosado. El gobierno electo parece estar pensando que el diseño de la compensación real se va a ir procesando en los tiempos de la discusión y ejecución presupuesta. Pero en esta perspectiva hay, al menos dos problemas: el tiempo que demanda este tipo de inclusión confrontado con la agudización de los efectos de la pobreza extrema. El otro es el escenario de confrontación en el cual se discutirá el presupuesto si no hay, antes, señales de otra dimensión en materia de inclusión.

La pobreza ya ha comenzado a revertirse. Pero el problema ahora y en este país es el multiplicador de efectos que tiene esa pobreza. Y allí no hay demasiados indicadores. Lo que sobra en cambio es el potencial explosivo de los efectos de esa marginalización social. Esto no es sólo una preocupación humanística o solidaria, políticamente inevitable. Es una preocupación de Mercado. Con mayúscula en este caso.

Me da la impresión que la responsabilidad de generar señales potentes e inmediatas en materia de inclusión social está siendo desplazada hacia la responsabilidad de un sector del Ejecutivo que en el mejor de los casos dispondrá de un Ministerio, cien millones de dólares para gastar y dos mujeres que concentraran sobre sus hombros la enorme responsabilidad de liderar y remolcarnos a todos intentando gestionar y multiplicar nuestra participación en esa batalla. Con lo cual todo el mundo parece quedarse más o menos tranquilo. Algo así nos pasó cuando al Gobierno de turno se le ocurrió que podía delegar la monumental Reforma de la Educación sobre los hombros de un profesor y un grupo de colaboradores.

 

Cauce a la ambición

En Uruguay es inimaginable volver a un BBB+ estable si los uruguayos no nos reconocemos en el planeamiento y ejecución de operaciones mas ambiciosas y urgentes de integración social. No es un problema de cientos de millones de dólares  ni de doscientos o trescientos más- es un asunto de exposición y confrontación con el riesgo de vivir en una sociedad progresivamente inhabitable.

Que no se reconoce a si misma. En la cual los efectos de la pobreza progresan a tasa enormemente mayores a la disminución de la pobreza en si. Aprendiendo del ejemplo de Lula, audaz y pertinente para Brasil, en Uruguay es preciso ser muy creativos e igualmente audaces.

Aprender no significa copiar y mucho menos en esta materia. Si es necesario, habrá que quebrarle el brazo nuevamente al FMI o a quién sea, como en febrero de 2003. Pero necesitamos zafar de esa intranquilidad que deviene de la esquizofrenia cotidiana de comentar en cómodos salones de la academia cómo se llenan las cárceles de chiquilines acorralados por el hambre y la droga.

En un futuro, quizás esos niños dejen de ser pobres, pero ya nunca dejaran de actuar como marginados.

Lo que el mercado teme no es ese punto del producto agregado al gasto social. Entre otras cosas porque no confunde «seguridad social» en su ultraconservadora acepción uruguaya con las responsabilidades individuales de la inclusión social. *