FMI atribuye la crisis de 2002 a la "ausencia de supervisión consolidada" en el sistema bancario

A pocos días de culminar su administración el presidente Batlle debe enfrentar un informe del FMI sobre «Estabilización y Reforma en América Latina» donde se desestima toda la tesis del gobierno uruguayo que atribuyó la crisis bancaria y económica del país a agentes externos, o sea a la crisis argentina.

Para el organismo internacional, la causa fue interna y se debió a la ausencia de una supervisión consolidada y de un intercambio de información entre las autoridades de Uruguay y Argentina lo cual contribuyó a que la administración Batlle «desestimara el riesgo de contagio del sistema bancario uruguayo lo que desembocó en la crisis de 2002″, según informa la página web de la revista especializada América Economía.

El informe del FMI se origina en la preocupación del organismo por las consecuencias que pueda tener en el sistema financiero latinoamericano la presencia de bancos mal regulados en los centros off shore. Advierte que este tipo de entidades puede incrementar la vulnerabilidad del sector bancario al intentar aprovechar las «arbitrariedades» de la legislación. Señala que estas firmas pueden, por ejemplo, transferir sin problemas préstamos malos desde el balance del banco a su filial en un paraíso fiscal falseando el riesgo de exposición de todo el sistema bancario del país en el que opera. Si el lector encuentra alguna semejanza con lo sucedido en nuestro país durante los años previos a la crisis, no se trata de una pura casualidad o coincidencia.

El problema, según el FMI, puede incluso ser mayor si el regulador desconoce las relaciones entre las dos entidades financieras (la matriz y la filial off shore) o si no tiene la capacidad legal para supervisarlas «con lo que el riesgo de contagio es infravalorado».

Para el FMI hay dos prototipos de crisis generados a consecuencia de estas sinrazones: uno, el más reciente en nuestro país y el otro, en Ecuador en 1998-99. Sobre el país andino recuerda que «los problemas fueron más graves de lo previsto porque las entidades financieras resultaron mucho más débiles de lo que aparentaban. No se dieron cuenta hasta que los supervisores analizaron las cuentas consolidadas en las que se incluían las «pobremente reguladas» filiales off shore.

Afortunadamente el informe da cuenta que hoy la situación es otra. El FMI reconoce que los supervisores latinoamericanos han mejorado sus legislaciones de forma que ahora pueden rechazar otorgar una autorización para operar a los bancos con estructuras opacas o incluso revocársela.

El organismo señala que, por ejemplo, en Panamá o Brasil es muy difícil que una entidad financiera de estas características obtenga una licencia. Y en Guatemala, donde las entidades off shore representan el 30% del sector bancario privado, las nuevas normas aprobadas en 2002 les prohíben operar si no están asociadas a un conglomerado local con autorización. *