Aladi y centrales sindicales discuten un nuevo pacto social

Los representantes sindicales, Javier Silva por la Central de Centrales Sindicales del Cono Sur, Juan José Gorriti por el Consejo Consultivo Laboral Andino y Eduardo Fernández por el PIT CNT presentaron a las autoridades de Aladi la Carta Sociolaboral Sudamericana para que sea incluida en los procesos de integración que se están gestando a fin de poder recuperar derechos que les han sido desconocidos luego de la ofensiva de los 90 que bajo la consigna de que a través de la flexibilización laboral se conseguía inversores y aumentar el empleo, lograron debilitar los derechos de los trabajadores que hoy viven una situación de gran desigualdad y debilidad frente a los empleadores.

Los trabajadores están muy preocupados, ya que no se les valora debidamente en los actuales procesos de integración. Por ello, al estar aún en discusión una Unión Sudamericana, presentaron esta Carta Sociolaboral a fin de adelantarse a los acontecimientos y dar una opinión al respecto a fin de que se disputen a nivel internacional mejores condiciones de negociación con los países del hemisferio norte en los acuerdos birregionales o bien multilaterales.

En la reunión, los dirigentes aprovecharon la oportunidad para reclamar la construcción de institucionalidad que les permita aportar como actores sindicales en todas las dimensiones de la integración.

Entre sus planteamientos fundamentales se busca que se incorpore como política de Estado rubros importantes «para la inversión social que desarrollen la economía solidaria, destinada a erradicar la pobreza y la pobreza crítica, generar empleo productivo, democratizar la propiedad y elevar la calidad y condiciones de vida de toda la población, priorizando los sectores que padecen mayor exclusión».

Además piden que los países ratifiquen o adhieran, según corresponda, a los instrumentos internacionales de derechos humanos «de los cuales aún no son parte; así como al pleno cumplimiento de los ya adoptados; en particular los adoptados por la Organización Internacional del Trabajo».

A ello se suma la necesidad de que existan garantías para el cumplimiento de los convenios internacionales de la OIT, relativos a los principios y derechos fundamentales del trabajo.

También se pide «aplicar los derechos laborales consagrados en la presente Carta según los principios de protección al trabajador, aplicación de la norma más favorable en caso de concurrencia de normas relativas al mismo derecho, irrenunciabilidad y progresividad de los derechos, que determina que ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrán interpretarse en el sentido de limitar o excluir los derechos reconocidos en cada uno de los Estados miembro de ambos bloques ni en el de menoscabar los procedimientos de control o de solución de controversias vigentes».

La Carta incluye el reconocimiento del derecho al trabajo, la no discriminación inclusive para los discapacitados, el reconocimiento de plenos derechos para los trabajadores migrantes y fronterizos, la eliminación del trabajo forzoso, la protección de la maternidad y de personas que comparten trabajo y responsabilidades familiares, la prohibición del trabajo infantil, la libertad de asociación y la protección de la libertad sindical así como la protección al trabajador en caso de despido injustificado.

También se reconoce el derecho a la negociación colectiva, así como el derecho a la huelga así como al diálogo social en los ámbitos nacional y regional, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a fin de garantizar, mediante el consenso social, condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia social de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos.

Finalmente, se entiende que la seguridad social es un derecho universal y obligatorio, por lo que los Estados facilitarán el acceso de sus ciudadanos a la misma atendiendo los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. *