Banco Mundial propone el retorno del Estado a la cobertura del sistema de jubilaciones
Un reciente estudio del Banco Mundial –«Manteniendo la promesa de seguridad de ingresos para los de edad avanzada en Latinoamérica»– trata las reformas de jubilaciones y pensiones en 11 países de la región donde se ha establecido la privatización a través del modelo de tres pilares propuesto por el Banco en su documento de 1994 «Envejecimiento sin crisis» concluyendo que se ha fracasado en el intento y que se debe ir buscando caminos para abrir la participación fundamental del Estado en la seguridad social.
Guillermo Perry, economista en jefe del BM para América Latina y el Caribe, en la presentación del estudio realizada en Washington destacó que «es prematuro decir que las reformas fueron exitosas, dado que fracasaron en extender la cobertura de la seguridad social a un segmento más amplio de la sociedad y así la pobreza en la vejez sigue siendo una amenaza para los ciudadanos de la región».
Para Indermit Gill, asesor económico de la Red de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del Banco Mundial, uno de los autores del informe, «el gobierno desempeña un papel primordial en prevenir la pobreza en la vejez. No se puede considerar que los sistemas de seguridad social y pensiones privadas sean exitosos si sólo uno de cada cinco trabajadores participa en ellos, como sucede en varios países que han emprendido reformas», destacando que «los gobiernos de la región deben prestar más atención a este déficit de cobertura si desean seguir mejorando el papel que desempeña la seguridad social en la prevención de la pobreza».
Las dos grandes fallas del BM
Otro autor del informe, Juan Yermo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), destaca por su parte que «los fondos de pensiones de muchos países invierten elevados montos en la deuda pública nacional, lo cual los vuelve insuficientemente diversificados y excesivamente expuestos al riesgo político», observando a su vez que «en gran parte de los países reformadores, las industrias de los fondos de pensiones son oligopolios que no responden a las preferencias de los inversionistas» (o sea los trabajadores).
En resumen, si bien también el informe del BM destaca lo que define como resultados positivos (la mejora en el ahorro fiscal y la sostenibilidad al disminuir prestaciones en exceso generosas para algunos sectores en los sistemas antiguos y el incentivo al mercado de capitales), la preocupación mayor se centra en las dos grandes fallas de los mismos que son: las reformas ignoraron el papel del primer pilar público en la reducción de la pobreza, es decir el Estado, y no lograron ampliar la cobertura de los sistemas de jubilación, dejando a «más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos sin siquiera un vestigio de seguridad de ingresos en la edad avanzada».
Asimismo destacan que «el reparto de las prestaciones de jubilación asignado a las mujeres en los nuevos sistemas era inferior a los de los varones»; que a las cuentas de capitalización «se les imponen encargos de alto costo, que resultan en una reducción sustancial de las ganancias acumuladas a través de los años» (referido a las altas comisiones sobre altas contribuciones que cobran las administradoras); que «las reformas de sistemas de jubilación pueden producir problemas importantes de fondo de operaciones a los gobiernos durante los llamados períodos de transición», destacando que este problema ha resultado alguna veces en la reducción de otros servicios de importancia vital.
En función de todo ello, el informe concluye que «ya que el asunto de la cobertura era uno de los objetivos de las reformas de sistemas de jubilación multipilares, es comprensible que la falta de progreso en este respecto haya causado descontento».
Finalmente el BM propone, tanto para orientar a las autoridades de los países que ya están en proceso de reforma, como para aquellos que están considerando emprenderlas, que deben prestar más atención a la función de prevenir la pobreza y extender la cobertura, para lo cual consideran que hay que prestar más atención a los pilares públicos, concretamente «la formación de un primer pilar robusto de jubilaciones». *
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