Vázquez propuso apoyo a creación de trabajo y fomento de pequeñas empresas

En efecto, esa oposición tan propensa a rápidamente contestar y criticar las propuestas del líder del Encuentro Progresista-Frente Amplio, esta vez ha optado por el silencio.

Vázquez partió del supuesto de que «toda familia debería contar con un ingreso que le permitiera cubrir al menos las necesidades básicas».

Esta propuesta implica necesariamente una reestructura progresiva del actual sistema tributario, de suerte que se tienda a redistribuir el financiamiento del gasto público de manera justa de acuerdo con las posibilidades contributivas de los ciudadanos.

«El Salario Social sustituirá ingresos en forma escalonada, previéndose una contraprestación específica como requisito insoslayable: programas de recalificación laboral, trabajo en servicios a la comunidad, realfabetización, que los hijos vayan o se reinserten en el sistema educativo y participen en los programas de salud comunitaria que implementaremos desde el inicio de nuestro gobierno, entre otras», explicó el economista Daniel Olesker.

«Es evidente que miles de compatriotas trabajan por salarios de hambre y miles de jubilados cobran jubilaciones muy bajas. Por ende es prioridad la mejora de esos ingresos más sumergidos para lo cual en primerísimo lugar es necesaria una mejora del salario mínimo nacional así como de los salarios y jubilaciones más sumergidas», agregó. «Todo ello debe articularse en un diseño institucional cuyo centro sea la negociación colectiva de los salarios tanto en el sector privado como en el sector público, en un marco de una ley de protección a los derechos sindicales», dijo. Ratificó que «un compromiso inmediato es que es imprescindible detener el deterioro de los salarios que ha sido la constante de este gobierno para el que la variable de ajuste son los salarios y las jubilaciones y por lo tanto los comerciantes e industriales que venden al mercado interno siguen en graves dificultades».

Si bien estas dos medidas son de extrema urgencia propuso una inmediata implementación de un plan nacional de empleo con un fondo para la promoción del empleo que lo financie.

Este plan contará con un programa de subsidios a la creación de empleo sustentable, de calidad y con ingresos adecuados.

Una primera línea de trabajo debe estar orientada a promover, vías diferentes formas de subsidios, el nuevo empleo en empresas que se ubiquen en el área de exportaciones o sustitución de importaciones. En ese sentido se orientarán políticas de estímulo a la inversión privada, con prioridad en áreas que por ser más intensivas en mano de obra, tengan especial impacto sobre el nivel de empleo.

Además, en este programa debe contemplarse especialmente la localización geográfica de estas nuevas inversiones o ampliaciones, de manera de fortalecer una política territorial, el aumento del valor agregado, la creación de nuevos productos y la generación o el ahorro de divisas.

En este programa adquieren particular importancia las pequeñas y medianas empresas en aras de mantener su capacidad productiva y posibilitar su desarrollo.

La inversion pública y privada

«Una segunda línea de trabajo debe orientarse al tema de la inversión pública y privada en especial en el área de la construcción o reciclaje de viviendas donde al mismo tiempo que promovemos el empleo, reducimos este problema social en los sectores de mayor necesidad. Por otra parte la demanda de empleo de este sector potencia la de los trabajadores de menor nivel de calificación que son los que tienen mayor tasa de desempleo», señaló.

«Otra propuesta que viene desarrollándose con esfuerzos aislados y sin apoyos públicos es la recuperación de unidades productivas con problemas», alertó. Un gran número de empresas se encontrarían en condiciones de reactivarse de recibir un apoyo del Estado que le permita cubrir sus necesidades inmediatas de capital de giro y afrontar parte de su endeudamiento. Ello supone una rigurosa selección que incluya estudio de viabilidad, gestión empresarial, capital de giro y postergación de pagos de deudas ligados a resultados futuros.

«Porque en estos años de crisis, los uruguayos y las uruguayas han realizado múltiples estrategias para sobrevivir, desde las huertas orgánicas, pasando por recuperar empresas u otras. En un gobierno progresista, lejos de agredir estas experiencias como hace el gobierno actual, las impulsaremos con toda la fuerza por su impacto sobre el empleo y porque es desde la propia experiencia de la gente que también construiremos el porvenir. Por otra parte, estas formas asociativas y cooperativas de producción promueven una nueva cultura del trabajo y van generando una profunda interrelación entre la economía y lo humano, tal como plantea jerarquizar nuestro Programa de Gobierno», sostuvo.

El costo del Programa

«Seguro que el costo de no hacerlo, es decir de no tener programas activos de empleo y salarios es mucho mayor. El costo, es un millón de uruguayos y uruguayas pobres, 800 mil personas con problemas de empleo, la quiebra difundida de miles de empresas, comercio o productores rurales.

El costo de este plan de empleo es de 100 millones de dólares, es decir el 0,8% del Producto Bruto Interno o dicho en otra referencia el 3% del presupuesto público del año 2003.

El financiamiento del Plan

El financiamiento del Fondo para la Promoción del Empleo (FPE) se fundamenta en el hecho de que la recaudación está creciendo y se prevé que continúe así. Por lo tanto a partir de los nuevos recursos que se obtengan en los próximos meses, éstos en un porcentaje previamente definido y sustantivo deben asignarse con una muy fuerte prioridad a programas de promoción del empleo. Cada punto de crecimiento de los ingresos supone 35 millones de dólares adicionales de recaudación, lo que implica que un crecimiento de 10%, posible con nuestras proyecciones de crecimiento económico, significaría 350 millones de dólares de mayor recaudación, parte de la cual podría destinarse al Fondo de Promoción del Empleo. Por otra parte este proceso debe sustentarse igualmente en redistribuciones del gasto público que orienten la estructura presupuestal hacia los programas sociales y de recuperación económica, dentro de los cuales el FPE adquiere prioridad relevante.

En este sentido adquieren relevancia propuestas de redistribución tales como: eliminación de gran parte de los contratos de obra, ya que muchos de ellos no tienen justificación, en especial los de la ANEP. Política eficiente y transparente de compras públicas en el Estado central y en las empresas públicas. Política austera y transparente de asignación del gasto tanto en empresas públicas como en el gobierno central, evitando despilfarros y desvíos de recursos. Rediseño de varios incisos del presupuesto, en particular el Ministerio de Economía que gasta cerca de 50 millones de dólares y el rediseño del servicio exterior que absorbe otros 50 millones.

«Pero al mismo tiempo de generar recursos para los programas es necesario diseñar un sistema de crédito rotatorio que permita dar oxígeno para la recuperación económica y a su vez generar recursos que se autofinancian en el futuro con los pagos de los créditos. Por ello proponemos un programa de microcrédito y asistencia técnica en apoyo al empleo de Mypes», afirmó.

«Finalmente, junto a los recursos que aportan los nuevos ingresos y la redistribución del gasto es necesario diseñar un Fondo de crédito de apoyo específico a las micro y pequeñas empresas, lo que permitiría incrementar el empleo así como el desarrollo y la formalización de microemprendedores. En este programa igualmente deben tener un espacio de relevancia las áreas de producción rural», concluyó
exponiendo. *