Gobierno derivó US$ 30.000.000: del BID para erradicar asentamientos a honorarios profesionales
La delegación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que estuvo en Montevideo esta semana realizó innumerables contactos a fin de poder conocer a fondo no sólo la situación actual, sino también las propuestas de los partidos políticos en caso de acceder al gobierno en 2005.
Entre los entrevistados estuvieron los economistas y asesores del EP-FA Walter Cancela y Carlos Viera. Este último explicó a LA REPUBLICA que la entrevista giró en torno a conocer la postura de la coalición con respecto a aceptar créditos del organismo y al detalle de cuáles serían los programas que se priorizaría.
«La primera conclusión que saqué es que existe una muy buena disposición del BID para otorgar crédito al país y en segundo lugar ratifiqué que a los muchos inversores potenciales que tiene el país se agregan ahora los organismos multilaterales de crédito», dijo.
El economista identificó varias áreas que son prioritarias para la coalición de izquierda, entre ellas se habló de la reforma del Estado, «pero otra, diferente, muy diferente a lo que se ha hecho en el país bajo el rótulo de reforma del Estado» aclaró.
Apuntó que existen muchos estudios realizados al respecto que hasta ahora no se han contemplado y que giran básicamente sobre el principio de apuntar a mejorar la capacitación de los funcionarios y la gestión que realiza el Estado «y no a centrarlo todo en la preocupación por prescindir de los funcionarios».
Asimismo planteó la necesidad de realizar «una buena reforma de la banca oficial» puntualizando también en este punto que se trata de un proyecto bastante diferente al que se está realizando en estos momentos. También aludió a la situación de los asentamientos irregulares, recordando que en 1999 existió un acuerdo entre el presidente Jorge Batlle y el Dr. Luis Alberto Lacalle que logró la adjudicación de un crédito del BID por 110 millones de dólares con el fin de erradicar un número importante de ellos.
Viera señaló que «en realidad no levantaron ningún asentamiento irregular y hasta el momento se han ejecutado entre 20 y 30 millones de dólares que básicamente se han orientado a pagar honorarios profesionales vinculados a los relevamientos e investigaciones realizadas para llevar adelante un programa que nunca se concretó. Lo lamentable es que esos créditos terminan perdiéndose ya que al no cumplirse con las metas estipuladas al momento de otorgarlos, se cortan los desembolsos». Viera agregó que si el EP-FA accede al gobierno revisará todos esos créditos «de cara al nuevo proyecto productivo del país que tenemos, porque no nos preocupa el endeudamiento cuando está orientado a reactivar el país y mejorar el nivel de vida de la población». *
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