Gobiernos en todo el mundo flexibilizan y retrasan tarifas públicas por la pandemia

Todos los gobiernos del mundo que se están viendo afectados por la pandemia del coronavirus han estado extremando medidas, no solo de salud pública en el corto plazo, sino también económicas que, a largo plazo, se espera mitiguen la crisis económica global que se viene.

Distintos países en Latinoamérica y en otros continentes han empezado a tomar medidas en cuanto a las tarifas públicas, ya que muchas personas tendrán problemas para pagarlas en los meses venideros.

El caso más cercano es el de Argentina, cuyo gobierno dictaminó transferencia monetarias a personas de menos ingresos a fin de aliviar la reducción en los ingresos que provoca la cuarentena general ordenada desde este viernes. Unos 3.000 pesos argentinos serán depositados extraordinariamente a los jubilados que ganen la mínima, y 3.000 pesos argentinos a los que reciben la Asignación Universal por Hijo. Los alcanzados por la medida suman unos 550.000 ciudadanos, según dijo el presidente Alberto Fernández.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele también ordenó la suspensión del cobro de los servicios públicos durante tres meses, según informó por redes sociales la Presidencia del país centroamericano. «Se suspende el pago de las facturas de energía eléctrica, agua, televisión por cable, internet, pagos de préstamos y tarjetas de crédito por los próximos tres meses, se pagaran en un plazo de dos años sin afectar la calificación crediticia», dijeron.

Los colombianos también recibirán beneficios en este momento aciago. El presidente Iván Duque aprobó por decreto en las últimas horas un depósito de dinero a quienes reciben ciertos tipos de beneficios sociales. Se otorgará el pago extra a unas 10 millones de personas entre familias, jóvenes, estudiantes y adultos mayores.

Duque también ordenó que más de 1 millón de personas, que hasta esta semana tenían los servicios públicos cortados por falta de pago, podrán recibir de nuevo el fluido eléctrico y de agua mientras dure la crisis. Además, se adelantó una medida que estaba dispuesta para regir desde 2021 que establece la devolución del IVA para familias de bajos ingresos.

El gobierno de facto de Bolivia, conducido por Jeanine Añez, dará un bono de 500 bolivianos por niño, unos 72 dólares, a las familias que tengan a los menores en la escuela. “Nuestros niños en este período de cuarentena no tendrán su desayuno escolar. Queremos ayudar a las familias a compensar la falta de ese desayuno”, dijo Áñez. También se acordó una amnistía de 2 meses para los créditos e hipotecas de las pequeñas y medianas empresas.

El mundo reacciona por los trabajadores

Mientras en Latinoamérica los países buscan suavizar el golpe en el bolsillo de los ciudadanos, en Uruguay el gobierno de Luis Lacalle Pou confirmo la noche de este jueves que el aumento en las tarifas de electricidad, agua, internet y combustibles están en firme. Ante la pregunta de un periodista en la conferencia dada en la Torre Ejecutiva, el presidente aseguró que los aumentos son necesarios y aseveró que no quería entrar en detalles sobre las razones para mantenerlos en firme.

En el mismo sentido que otros países, el gobierno francés ordenó una serie de medidas económicas a fin de ayudar al bolsillo de los trabajadores y lo más vulnerables. El presidente Emmanuel Macron ordenó la suspensión del cobro de los alquileres y de los servicios públicos, inicialmente para empresas pero que alcanzará también a las personas.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, presentó un grupo de medidas para salir adelante de la «guerra sanitaria» contra el coronavirus y también está contemplado una prórroga en el cobro de préstamos e hipotecas.

Costa Rica no se quedó atrás: el gobierno del presidente Carlos Alvarado aprobó anoche un paquete de rescate de 1 billón de colones, casi 1.800 millones de dólares, para resguardar los empleos y la subsistencia de las empresas en medio de la pandemia. La cifra equivale al 3% del PIB del país. La Asamblea Legislativa del país centroamericano aprobó anoche, en primer debate, una reducción de la jornada laboral general al 50% en caso de que los ingresos de los negocios bajen más del 20%. La reducción de la cantidad de horas laborales podría ser hasta del 75% si el ingreso de un negocio baja hasta el 60%.