Deudores del BHU y de la Agencia de Viviendas rechazan que sus deudas se ajusten por UR

Se trata 600 familias de un universo de 23 mil en todo el país que obtuvieron préstamos del BHU a abonarse en Unidades Reajustables (UR).

Estos préstamos se pagan en pesos uruguayos y la deuda se reajusta por el mismo porcentaje en que reajusta la UR.

Entre 1960 y 1967 la inflación anual creció y llegó a ser del 136%. Los préstamos para vivienda no tenían previsto una cláusula de reajuste y como la moneda se desvalorizaba por la inflación, sucedía que el “BHU recibía el dinero desvalorizado y se descapitalizaba».

En ese momento la inflación era muy grande y muy gravoso para los deudores del banco ver indexadas sus deudas al 100% de la inflación.

Por ello la Ley 13.728 de 1968 del “Plan Nacional de Vivienda”, dispuso que los préstamos del BHU tenían que tener alguna fórmula de ajuste.

 

Se buscó una solución intermedia la cual era que las deudas por préstamos de vivienda se reajustaran por la UR que se creaba, y que a su vez se ajustaba por Índice Medio de Salarios.

De ese modo, se ajustaban los préstamos de manera más benévola para el deudor que si se hacía por inflación.

En la última década la UR creció mucho más que la inflación, y la deuda de las personas con préstamos en UR en lugar de ajustarse “incremento de forma artificial”, pasando a deber casi 40% más de lo que debían, según expresó Bernardo Porras, abogado de Hughes & Hughes, representante legal de las familias.

Al incrementarse el capital, los intereses también crecieron y muchos no pudieron pagar su cuotas, debiendo refinanciar y comprometerse en términos más gravosos. Otros, perdieron su casa, dijo.

Por ejemplo, una deuda al BHU de 1.000 pesos al año 2007, al ser actualizada por inflación hoy sería 2.334 pesos, pero ajustada por la Unidad Reajustable es de 3.313 pesos.

INDDHH

En 2013, un grupo de estas personas presentó su caso ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el cualemitió una recomendación  y expresó que “el BHU se estaba enriqueciendo injustamente”.

“En 2014, nuestro estudio fue contactado por muchas familias solicitando plantear el tema ante la Justicia y donde hay una demanda que involucra a las 600 familias, al BHU y la Agencia Nacional de Vivienda”, recordó.

La solicitud es que “se interpreten los contratos correctamente y que, por tanto, una fórmula de ajuste para compensar la inflación no puede servir para incrementar una deuda en lugar de ajustarla”, dijo.

En el plano político hay varias iniciativas legislativas que reconocen el problema. Han planteado soluciones al respecto los diputados Felipe Carballo de Lista 711 e Iván Posada (Partido Independiente), así como también el senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional.