PAGO

Desde este domingo las transacciones superiores a 5 mil dólares no podrán hacerse en efectivo

A partir de este 1º de abril los pagos de las operaciones de compraventa de inmuebles y automóviles, cuando superen las 40 mil Unidades Indexadas, es decir unos 5 mil dólares, no podrán realizarse en efectivo. El diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, presentó un proyecto de Ley para postergar por tiempo indeterminado la entrada en vigencia de dicha disposición.

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Las compraventas de inmuebles y automóviles que superen los 5 mil dólares, no podrán realizarse en efectivo desde este 1º de abril, tal como así lo establece la Ley N° 19.210 de Acceso de la población a servicios financieros y promoción del uso de medios de pago electrónicos.

Las disposiciones de la normativa refieren en forma exclusiva al pago en dinero que se realiza por la compraventa de un inmueble o de un automóvil. No afecta a las permutas, es decir cuando parte del pago se realiza en especies o se entrega otro inmueble u otro automóvil.

Tampoco afecta a las donaciones o herencias de inmuebles y automóviles, aspectos sobre los cuales la Ley de Inclusión Financiera no realiza modificaciones.

Los medios de pagos autorizados son las letras de cambio cruzadas, cheques comunes o diferidos, cruzados y con la cláusula de “no a la orden”, admitiendo el uso de los diferidos sin la cláusula de no a la orden hasta 31 de diciembre de 2018.

Prórroga

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, presentó un proyecto de Ley por el cual busca prorrogar la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley de Acceso a los servicios financieros y promoción del uso de medios de pago electrónicos.

El legislador explicó que en su proyecto no incluye la fecha límite de la postergación en tanto la prórroga tiene por único objetivo que, en el ámbito parlamentario o en cualquier otro que se estime conveniente, las autoridades de gobierno y las gremiales que han manifestado la necesidad de esta prórroga, tales como la Asociación de Escribanos del Uruguay y distintos centros comerciales e industriales de Montevideo y el interior del país, analicen en conjunto alternativas al texto original de las normas de forma de “erradicar cuestionamientos que se han levantado”.

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