ACUERDO

Funcionarios judiciales aceptaron propuesta del gobierno y termina un conflicto de siete años

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) logró la cantidad de firmas requeridas por el gobierno para aceptar el convenio que el Poder Ejecutivo firmó en enero con la Suprema Corte de Justicia y la dirigencia del gremio. De este modo culmina un conflicto de más de siete años.

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La AFJU comunicó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que alcanzó la cantidad de firmas requeridas, de 80%, (es decir unos 2.700 trabajadores) tal como lo había requerido el gobierno para aceptar el convenio que el Poder Ejecutivo firmó en enero con la Suprema Corte de Justicia y la dirigencia sindical.

La fórmula implica que el gobierno erogará en 2018 unos 20 millones de dólares y en 2019 unos 23 millones de dólares. A partir de 2020, únicamente por el pago de los aumentos salariales, unos 18 millones de dólares. la propuesta abarca a 3.500 funcionarios.

El convenio también genera “aumentos salariales, del 5% en 2018 y otro de 5% en 2019, agregados al aumento retroactivo del 7,76%”. Al ser aumentos acumulativos, el porcentaje final de aumento salarial es de 18,8%.

Por otro lado, se establecen beneficios sociales, tales como: “licencias por maternidad, centros de cuidados para niños, atención odontológica, lentes, prótesis, órtesis y atención en el Hospital de Ojos José Martí.

Satisfacción

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que recibió la información con “mucha satisfacción”.

“Además de ser una muy buena noticia para el Poder Judicial, lo es también para todo el país”, aseguró el secretario de Estado. De este modo se pone punto final a un conflicto de siete años.

Murro explicó -en declaraciones que difundió Presidencia de la República- que el Poder Ejecutivo se abocará luego de Semana de Turismo a “elaborar el proyecto para enviar al Parlamento a los efectos de obtener los fondos para cumplir con el convenio, de igual forma que se hizo con los jueces, fiscales, defensores de oficio, informáticos y otros sectores del Poder Judicial que mantenían un conflicto similar”.

“La propuesta es importante, porque implica un aumento salarial sustantivo, en forma retroactiva y hacia el futuro, además de la incorporación de otros beneficios, como mejoras en las licencias por maternidad y paternidad, acceso a servicios de lentes, prótesis y órtesis que brinda el Banco de Previsión Social (BPS) y en guarderías, sobre todo para trabajadoras del interior del país”, resaltó.

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