Colonización incluyó desde el 2005 a la fecha más de 102 mil hectáreas

Gómez participó días pasados en el evento: “Balance y puesta a punto sobre políticas de acceso a la tierra en Uruguay. A 202 años del Reglamento de Tierras Artiguista”, que se desarrolló en la ciudad de Guichón, Paysandú.

La presidenta del INC expuso sobre las políticas de acceso a la tierra, cotitularidad y experiencias asociativas.

Sobre la política de tierras el planteo de Colonización fue realizar un análisis global del trabajo en los últimos años, las definiciones que se han tomado desde el año 2005 y la importancia de la incorporación de tierras para poder dar respuestas a la demanda.

La jerarca de INC resaltó que “desde el 2005 a la fecha se incluyeron más de 102 mil hectáreas”. Mientras que entre los años 2000 y 2004 (en el gobierno de Jorge Batlle) el Instituto compró 45 hectáreas y vendió casi 12 mil hectáreas. “Ello quiere decir que en dicho período el INC estuvo a punto de ser cerrado”.

Por otro lado dijo que desde la dictadura militar (1973-1985) hasta el 2004 “el patrimonio del Instituto “se redujo en más de 21 mil hectáreas, es decir que en lugar de comprar tierras, lo que se hizo fue vender”.

Mientras que en la gestión 2010-2015 se invirtieron 185 millones de dólares en compra de tierras. “Se trata de una inversión que se mantiene en manos del Estado uruguayo y las tierras se entregan en arrendamiento”.

En la actualidad, la inversión anual es del entorno de los 24 a 30 millones de dólares.

En el INC hay más de 177 experiencias colectivas, en más de 80 mil hectáreas que involucran a más de  2.400 familias.

El rol social de la tierra

“La tierra tiene un rol social y debe estar en función de generar alimento y condiciones de vida para la población en su conjunto, y quien es usuario de las tierras del Estado tiene que cumplir con un conjunto de obligaciones”, remarcó la jerarca.

Gómez también destacó el trabajo que se desarrolla con las “experiencias grupales” porque “existen grupos organizados que han realizado un esfuerzo importante para el acceso a la tierra y han demostrado tener un buen desempeño colectivo y como organización para apoyar al resto de los vecinos”.

La definición política del Instituto se basa en que “el acceso colectivo a la tierra es también una herramienta que permite la organización y el fortalecimiento de la actividad en el territorio”.

“Si queremos ser una institución de políticas de tierras y dar respuestas a la demanda de asalariados rurales y productores familiares, es decir los sectores más vulnerables del medio rural, entonces tenemos que tener una cartera de tierras para poder ofrecer y para ello se requieren recursos”, explicó.

Los recursos del INC surgen de impuestos concretos dirigidos (tales como: a las Transacciones Patrimoniales y un artículo que quedó de la Concentración de Inmuebles Rurales) dedicados en forma íntegra a la compra de tierras.

Asimismo es importante que los resultados positivos de la gestión sean utilizados en las inversiones en tierras o infraestructura.

Gómez dijo que “en Guichón existen grupos de asalariados rurales y productores familiares pequeños que han logrado llevar adelante en tierras de colonización, proyectos productivos y de vida. En general, en dicho territorio, se realizan actividades ganaderas”.

Añadió que en la zona se evaluó el trabajo de la supervisión y el control de que los usuarios de las tierras de Colonización cumplan con las obligaciones que establece la Ley tales como: “la residencia, explotación directa, cuidado de los recursos naturales y el pago de la renta”.

“También hemos recuperado algunas tierras de gente que ha sido usuaria, pero que por algún incumplimiento -ya sea porque no cumplen con las obligaciones para con la sociedad o por su perfil y el desarrollo económico y de capital-, ya no requieren de una política pública subsidiada por la sociedad uruguaya”, puntualizó.