Oposición se suma a los empresarios contra la inclusión financiera y para socavar al FA

Los partidos de oposición se suman a la idea de un grupo de empresarios del interior, que intentan convocar a un plebiscito para revocar la ley de inclusión financiera e incluir en la Constitución de la República que los pagos con tarjeta sean opcionales y no obligatorios, como manda la legislación actualmente.

Esta consulta popular podría convertirse en una moneda de cambio en la campaña electoral, como herramienta para derribar al Frente Amplio del Poder Ejecutivo.

Actualmente, el Gobierno intenta que el uso de tarjetas de crédito se masifique, incentivando a los usuarios con rebajas en el IVA para quienes compren productos o servicios con este dinero plástico, convirtiéndolas así además en herramientas para evitar que los comercios evadan controles fiscales y traer a flote la información financiera de las empresas.

El Ejecutivo también considera que reducir la cantidad de efectivo circulante, como consecuencia del uso de tarjetas de débito y crédito, ayudará en temas de seguridad, especialmente a comercios como estaciones de servicio y taxistas, blancos fáciles del hampa.

Los comercios no están contentos con la alzada en el uso de dinero plástico pues los bancos y entidades emisoras de tarjetas cobran porcentajes por cada transacción, que varía según el volumen de compras, convenios y otros factores.

La Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) se reunirán el próximo fin de semana en Atlántida para definir los pasos a seguir con la idea de revertir los aspectos «perniciosos» de la ley de inclusión financiera, y muchos de los agremiados están a favor de la consulta. Varios shoppings pondrán a disposición sus instalaciones para que se recolecten firmas dentro de estas.

Uno de los aspectos que más incomoda a los empresarios es que el dinero en efectivo y las tarjetas están equiparadas en el sentido de que no se pueden hacer promociones especiales a los clientes que paguen en efectivo. Aseguran que, mientras que el efectivo no tiene costo operativo, las tarjetas, con sus costos y comisiones, les dejan menos ganancias.

Las comisiones que cobran los operadores de tarjetas oscilan entre los 4.5% y 4.9% en las tarjetas de crédito, y 2.2% en el caso de las de débito. A ambos casos se les debe agregar el IVA.

Los empresarios afirman estar «preocupados» por ciudadanos como los jubilados, que en el interior no tiene lugares para cobrar sus mensualidad en pueblos y localidades pequeñas, o los locales comerciales ahí no tienen sistema de cobro con tarjeta, y al viajar a las ciudades a retirar sus jubilaciones y realizar sus compras, esto acusa afectación económica en el comercio local.

Un referendo más bien político

La obligatoriedad de la bancariazción toma un tono político de cara a las próximas elecciones, y más de uno de los precandidatos de los partidos de oposición levanta el papelito oportunista.

Por el Partido Nacional; Luis Lacalle Pou levantó la voz a favor del empresariado, dándoles su apoyo público al plebiscito el sábado pasado. El precandidato blanco legitimó la convocatoria de los comerciantes -la mayoría del interior del país- y colocó el tema en la competencia electoral. Su apoyo le da un nuevo aire a una campaña que hasta ahora era solo popular entre empresas y consorcios privados.

El también nacionalista Jorge Larrañaga también le dio el espaldarazo al proyecto, pero fue un paso más allá: asegura que quiere no solo apoyar el referendo, sino que también quiere borrar de la Constitución de la República los impuestos a las jubilaciones y pensiones, una idea movida por los representantes de los jubilados. Esto último que se convoquen firmas del 25% del electorado, algo difícil pero no imposible.

El Partido Colorado aún no toma una posición oficial como bloque, pero varios dirigente han expresado su apoyo a la convocatoria. El Comité Ejecutivo Nacional, el más importante órgano partidario- resolvió tener papeletas en todas las sedes para que la ciudadanía pueda acercarse y firmar.

Para que el referendo procesa, sus impulsores deben recoger el 10% de las personas inscritas en la Corte Electoral, y los empresarios juegan varias fichas para lograrlo. Entre las ideas que tienen está la de pedir al Partido Colorado que se comprometan a ensobrar la papeleta del «Sí» en las elecciones nacionales de octubre de 2019.

El Partido Independiente, bloque del senador Pablo Mieres, no parece tener claro si están a favor o en contra, por lo que no han emitido criterio al respecto, aunque parece que la idea no les suena mucho. El bloque compuesto por un senador y tres diputados buscarían más bien hacer modificaciones a la legislación, pero no necesariamente por la vía constitucional.

La Unidad Popular sí decidió darle el apoyo a la convocatoria y pusieron a disposición de los empresarios a sus militantes para salir a las calles a hacer propaganda y recoger firmas.

El Partido de la Gente será importante como posición, ya que su candidato, Edgardo Novik, es él mismo un importante empresario montevideano, pero hasta el momento no se han pronunciado ni el candidato ni el partido.