Comercios quieren que el cliente final asuma el costo de pagar con tarjeta de débito y crédito

El debate sobre la necesidad de regular las comisiones que cobran las compañías de tarjetas de débito y crédito está en un punto álgido estos días. CAMBADU planea presentar una denuncia por posible abuso de posición dominante y colusión contra los emisores de tarjetas.

Para los empresarios, algunos aranceles «son altos» y no están seguros de la legalidad de que se les obligue a aceptar estos costos. 

Una delegación del gremio se reunió la semana anterior con el comisionado de la Defensa de la Competencia, Javier Gomensoro, a quien solicitaron asesoramiento sobre los pasos a seguir para presentar la denuncia, según relató el diario El Observador.

También quieren poner sobre la mesa la imposibilidad de cobrar precios diferenciados entre pagos con tarjeta o en efectivo, pues algunas cláusulas en los contratos con los emisores de tarjetas lo prohíben. Bajo esta restricción, los comerciantes no pueden hacer promociones especiales para aquellos clientes que paguen de contado y eviten al comercio el costo de emitir un voucher.

Actualmente, la mayoría de los negocios pagan entre 2% y 2.2% de comisión en cada transacción con tarjeta de débito, y 4.5% en el caso de las realizadas con tarjeta de crédito. Los supermercados y tiendas de grandes superficies tienen acuerdos preferenciales debido al volumen de transacciones que generan.

Nueva propuesta

Los agremiados de CAMBADU, en su asamblea del sábado pasado en Florida, acordaron proponer modificaciones y agregados a la iniciativa que se discutirá en breve en el Parlamento en relación a la regulación a las tarjeta de débito y crédito.

La propuesta tiene nueve puntos. El primero dispone que cada comercio será libre de aceptar o no tarjetas como medio de pago. En caso afirmativo, este podrá fijar el mínimo de la compra, además de que se trasladaría al consumidor final el costo de la transacción.

Al consumidor o usuario se le deberá informar previamente los costos relacionados con la compra y las diferentes opciones de pago que tiene. «En caso de no brindar la información necesaria, en forma legible y al alcance del usuario o consumidor, el comerciante deberá mantener el mismo precio respecto del producto o servicio no pudiendo beneficiar el pago contado sobre el pago con tarjeta de crédito o débito», dice parte del documento.

Otro punto establecería que el arancel por comisión cobrado por los emisores de tarjetas no podrá sobrepasar el 1.5% en caso de las liquidaciones, y de 0.5% en caso del débito. Se clarifica que este punto  «no impide que los artículos de primera necesidad o que por su especialidad tuvieren un trato preferencial o bonificado sigan manteniendo esas condiciones especiales en forma proporcional».

Más adelante se propone que cualquier promoción deberá ser ofrecida previamente a todas las empresas que quieran adherirse en el mismo sector de la actividad.

Sobre los tiempos de pago del emisor al comercio, se solicita que, una vez que se presenten las liquidaciones, estas deberán ser pagadas en un plazo máximo de 24 horas (débito) y de una semana (crédito). Para aquellas compras que sean hechas en cuotas, la comisión deberá ser debitada de forma proporcional a la cantidad de pagos decidida por el usuario, a diferencia de la actualidad en que se cobra el arancel en la primera cuota.