La transición llena de malos proyectos

El riesgo Argentina es por ahora imponderable. Si hubiera que cuantificarlo superaría holgadamente los 5.000 puntos básicos. Uruguay cerró el año con 630 puntos básicos. El resto del riesgo latinoamericano oscila entre los 150 puntos básicos, base Chile y algo menos de 500 que ostenta Brasil actualmente.

Técnicamente el riesgo país se define como el diferencial de tasas de retorno que debe pagar un país para lograr financiamiento de largo plazo en una relación comparada con los benchmarks (referentes) bonos norteamericanos de las mismas características. De esa manera si a EEUU le cuesta un 4% promedio el interés de sus bonos y letras de vencimiento mayor a un año, Uruguay debe pagar 4% + 6.3% = 10.3%, Brasil 9%, Chile 5.5% y Argentina algo así como 55%, todo esto en tasas anuales en dólares. Otros datos califican un poco más la relevancia de estos indicadores: en el caso uruguayo; por ejemplo, las características de quienes le prestan dinero al Estado o invierten en la financiación de sus déficit. Por decirlo de otra manera, grande mayorías de tendedores de bonos son particularmente adversos al riesgo y no tiene ni cultura ni posibilidades de evadir el riesgo país colocando sus ahorros fuera del Uruguay. Pero además no entienden ni pueden valorar la entidad del riesgo al cual apuestan manteniendo tal dominancia de deuda pública en sus pequeños portafolios. Además, el gobierno que se vanagloria de la libertad de movilización de capitales que tiene este país restringe a los trabajadores dicha posibilidad y les obliga a los administradores de sus fondos de pensión a mantenerlos dentro del país. Al alcance de la mano, naturalmente.

 

Complacencia que legitima

El gobierno y el sistema bancario se complacen de la aquiescencia de la izquierda y las organizaciones de los trabajadores a mantener esto incambiado. Bancos y administradores de fondos con movimiento libre de capitales, fondos provisionales hiperreglamentados; no hay que esforzarse demasiado para imaginar la enorme injusticia subyacente. A los trabajadores se les obliga a previsionar y a la vez se les obliga a que esa modesta acumulación provisional se juegue casi enteramente al riesgo de un Estado que se empeña en recordar cada tanto su vocación de insolvencia.

Al respecto, si las cosas siguen así, la Reforma de la Seguridad Social debería comenzar a ser cuestionada y revisada rápidamente. El compromiso frenteamplista respecto a «las AFAPs» es plausible y muy atendible como señal a varios navegantes pero sorprende la incondicionalidad de esa definición. Es cierto que los fondos provisionales de los trabajadores han contribuido tanto o más que sus salarios a sacar a este país de situaciones trágicas. Pero esos fondos no son un seguro del Estado sino de trabajadores con nombre y apellido.

La izquierda no es responsable de esta situación porque, esencialmente, la cautividad de los fondos provisionales tiene una misión muy funcional con el mantenimiento de la mala política. Empero, la izquierda contribuye enormemente a mantener las omisiones y defectos. Lo hace porque su oposición a permitir eventuales aperturas de las fronteras nacionales para la diversificación del riesgo que tienen el actual portafolio de los fondos provisionales le ha venido brindando al gobierno un excelente motivo para no obligarse a plantear ninguna modificación normativa en este sentido. Y ahora, preocupada por no quedar atrapada en una discusión para la cual no está preparada, la izquierda se ha quedado sin margen para participar en modificaciones inaplazables de dicha Reforma.

 

Transición con un mercado atado

Sin esas modificaciones mínimas tendremos un mercado de opciones financieras también muy limitado para la oferta de capital. En consecuencia habrá poco crédito para sectores de mayor generación de valor y hémelo. Pero por sobre todas las cosas, la irresolución de los problemas institucionales que afectan al sistema financiero incluida la regulación más activa de los eslabones que ligan al los bancos y los agentes del mercado de capitales privará a la transición de lo que quizás sea la mayor esperanza de mejorar el sistema de garantías y transparencia.

He aquí una de las asignaturas pendientes que debería impulsar políticas de encuentro. Aquí valen y tienen razón de ser las «políticas activas». Paradójicamente los programas vuelven a insistir con políticas de estimulación «productiva» y soslayan los temas de regulación y disciplinamiento.

Sin acciones y éxitos en este sentido a Uruguay no le alcanzarán los cinco puntos del PBI de crecimiento, ni superávit primario del 3%, ni tres mil millones de dólares de exportación. El mercado seguirá registrando el ya elevado riesgo país, terminara de entender que este no es mayor porque la gente no tiene libertad para vender deuda pública y si fuera poco aún, el mercado comenzará a temer desenlaces cuyos costos sean nuevamente pagados por los más pobres, incluyendo los trabajadores y propietarios medianos y chicos de deuda. Ese riesgo es naturalmente mayor a esos 625 puntos básicos que dice el UBI. Con lo cual además de todo aquello Uruguay vivirá su transición con pisos de tasas de interés que sencillamente no pueden ser pagadas por emprendimientos productivos. Estos seguirán siendo financiados con plata oficial y transferencias de los sectores más pobres de la población. Y lo peor al fin de todo es que frente a estos antecedentes, esos proyectos seguirán siendo malos. En general a sus propietarios no les interesa prioritariamente la calidad y el bajo riesgo de sus emprendimientos sino cuál será su posición relativa frente a las autoridades y cuales serán los mejores argumentos «sociales» para pedir más protección y más plata que si las cosas van mal nadie les va a exigir pagar.

 

(1) Paradójicamente los empresarios consultados en una encuesta reciente sobre los principales problemas que tendrá la economía en 2004 soslayan la importancia de bajar el riesgo y mejorar las garantías. De 134 empresarios consultados por el semanario Búsqueda sólo 7 están preocupados por endeudamiento, sólo 5 por la morosidad y el riesgo de cobro, y sólo 5 también están preocupados por la incertidumbre por reglas de juego… *