El EP-FA y las garantías de la transición: aporte y esperanza

Tal como era esperado, luego del 7 de diciembre, el Frente Amplio redireccionó sus postulados principales y, aún sin aportar novedad e innovación programática, comenzó a suministrar al mercado lo que éste le demanda: razonabilidad, convicción y voluntad de transparencia, aportes a la reafirmación institucional y, en tanto a la mejora de la confianza.

El Congreso programático y elector es leído desde fuera de su entorno más comprometido a través de las definiciones que adoptó sobre dos o tres temas esenciales para la disminución del riesgo financiero de la transición; esto es específicamente definiciones sobre el endeudamiento público y la reforma del sistema de seguridad social vigente. También es valorado en sus aportes vinculados al disciplinamiento interno de una fuerza que, desde el gobierno o la oposición, es un referente inevitable para cualquier alternativa política de futuro. Esto se denomina mejora del «riesgo compromiso», de fuerte ponderación en el riesgo entorno de la transición y el nuevo gobierno; esto es, esencialmente, precisión de autoridad y organicidad e, incluso, la capacidad de la fuerza de incorporar la disidencia razonablemente. Y por último, pero no por ello lo menos importante, el mercado lee mejora del riesgo soberano del país a través del aporte tajante realizado por el Encuentro a la reafirmación democrática institucional del país y el cumplimiento de sus leyes esenciales; y esto es reafirmación explícita del compromiso de aceptar los pronunciamientos democráticos de norma, sean estos plebiscitarios o legislativos. Específicamente es decisión sobre la aceptación y cumplimiento efectivo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Enfasis que habla por sí mismo

Incluso, las señales ofrecidas por el Encuentro en su presentación institucional ante los madrugadores analistas del riesgo son hasta excesivas. Demuestran una intención, consciente o en vías de serlo, que excede lo que el mercado esperaba del Encuentro al término del año. Esto es así porque, incluso, hay definiciones del Encuentro sobre el mantenimiento de las AFAP que uno hubiera esperado fueran formuladas en condicional explícito a la progresión de cambios que disminuyan el riesgo de defender la rentabilidad de los fondos previsionales de los trabajadores. O dicho de otra, manera a diversificar el riesgo que supone concentrar todo ese ahorro en financiar a un Estado con vocación de insolvencia; o, lo que es más peligroso y actual, a transferir costos y riesgos de actividades corporativas que carecen de acceso al financiamiento privado.

La transición

Algo similar sucede con temas que, incluso, deben haberle causado a los frenteamplistas los primeros desgarros serios en un largo camino que hay por delante. Uno de ellos es, insoslayablemente, la decisión sobre la incumplida Ley de Caducidad cuya vigencia democrática el Frente reafirma.

Estos aportes del Frente a la estabilidad de la transición hay que valorarlos. Sobre todo si se los confronta con la singular propensión al desborde institucional que se fomenta desde áreas de acción estatal cuya única preocupación actual parece volver a ser la satisfacción de las demandas corporativas. Esto implica por ejemplo, los actuales proyectos destinados a sancionar legalmente la imposibilidad de los gobernantes, actuales o futuros, de imponer detracciones y retenciones a las exportaciones agroindustriales y, en general, de actuar significativamente sobre cualquiera de las zonas en las cuales el sector está logrando un elevado nivel de acumulación interna sin visos, aún, de reinversión considerable ni afectación sustantiva de ese excedente a la amortización de las deudas sectoriales. Ni hablar de algunos proyectos de transferir recursos a actividades protegidas indecentemente, como el azúcar por ejemplo.

Renovación y otros riesgos

El Frente Amplio actúa en esta dirección y el mercado valora los esfuerzos también cuando los confronta con la anomia e inepcia de agentes emblemáticos de ese mismo mercado que parecen no haber aprendido nada. Es también en este sentido que el mercado comienza a internalizar realmente la necesidad de la renovación de cuadros y agentes de decisión institucional. El mercado teme el desequilibrio y va a tratar de evitar el riesgo de cualquier manera. Empero, a esta altura de las cosas hay que entender que ese mercado, ahora, lo que está temiendo es el mantenimiento de hombres y métodos que se siguen equivocando a sabiendas en formas y contenidos. Ahora se especula más con la profundización del error y la mala praxis consciente de quienes intentarán defender esos defectos tan costosos para el bienestar. Es más, es el mercado y no las corporaciones el que ahora demanda innovación política para afirmar la institucionalidad y su propio funcionamiento en ella. *