Asesor de la Cámara de Comercio criticó ley de inclusión financiera

A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, la ley habilita que sea el empleado el que elija en qué institución quiere que su empleador le deposite sus retribuciones.

«De una manera indirecta, se está afectando el poder de dirección del empresario, porque en definitiva se le están poniendo las condiciones en las cuales tiene que hacer el pago de salarios o de los honorarios profesionales», sostuvo Mailhos, según publicó el diario El Observador.

En relación a los aspectos de la ley relativos a cómo se tendrán que realizar las compraventas de inmuebles, en tanto, Mailhos aseguró que «afectan los derechos de propiedad».

El dirigente de la gremial apuntó que la Constitución establece que los derechos solamente pueden ser limitados por «razones de interés general». La gran pregunta, prosiguió, es si detrás de la ley de inclusión financiera hay razones de este tipo o, por el contrario, «hay otro tipo razones», principalmente de índole fiscal.

Mailhos indicó que la gremial puede pensar en razones de otra índole que puedan estar detrás de esta ley. «Habrá que ver cómo evoluciona la incorporación de los ciudadanos y de las empresas a este sistema.  Habrá que ver el cumplimiento de los plazos. Y habrá que ver si alguno no se rebela contra el sistema y establece algún tipo de accionamiento contra la ley. Eso está latente», manifestó.

Sobre la DGI

También criticó que sea la Dirección General Impositiva (DGI) la encargada de controlar que lo establecido en la ley y sus decretos posteriores se cumpla, porque «cualquiera que haya tenido un asunto con la impositiva sabrá de las incertidumbres y dificultades que al contribuyente le significa poder discutir una sanción o el monto de la misma con la administración tributaria».

El régimen de sanciones les preocupa, dijo, porque no se distingue entre incumplimientos de fondo y de forma.