La subasta del Aeropuerto se realiza hoy
Por otro lado, el ministro de Defensa Yamandú Fau explicó más en detalle el alcance de la subasta.
Indicó que el Estado mantiene toda la presencia que tiene actualmente ya que toda la seguridad aeroportuaria va a seguir estando a cargo de la Fuerza Aérea», ellos no sólo dan el apoyo técnico, sino también tienen la responsabilidad de asegurar la operatividad del aeropuerto».
También explicó que el Estado mantiene todo el control de lo que es la operativa tanto de pasajeros como de carga a través de la Dirección de Aduanas.
«Cuando se habla de que hay una privatización, esa privatización comprende algunas actividades empresariales que se realizan en el aeropuerto, que sigue siendo del Estado. Algunas actividades se licitan para que permitan transformar un aeropuerto que hoy el Estado por razones públicas no dispone de fondos y recursos para hacerlo», sostuvo.
En cuanto a la rebaja en las aspiraciones del gobierno para esta nueva subasta la explicó así: «Las nuevas normas que se dictaron aspiramos que expresen una realidad que el mercado dijo en la subasta anterior, y de acuerdo a la información que se maneja la subasta se llevará a cabo en la medida que habría ofertas de interesados».
La decisión del gobierno de subastar «contra viento y tormenta» la concesión de los servicios del Aeropuerto Internacional de Carrasco, pese a la oposición de sectores políticos, empresarios y sindicales no dejó de sorprender.
Será el segundo intento, luego de que el 25 de junio se declaró sin oferentes la subasta para la explotación de la terminal aérea, que tiene un movimiento aproximado a un millón de pasajeros anuales, en medio de críticas del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), representantes del Partido Nacional, la Cámara de Turismo y de Aeronáutica y los propios funcionarios del Aeropuerto que demostraron con cifras que la subasta no es «un buen negocio» para el Estado.
La concesión será por 20 años, con opción a 10 más. La base para la adjudicación del aeropuerto es de 15 millones de dólares, financiados, y con exigencia de realizar inversiones en infraestructura por 70 millones de dólares y pagar un canon anual de 2,5 millones al Estado.
Según las condiciones de la subasta, el Aeropuerto de Carrasco debía ser remodelado en cinco años con el objetivo de transformarlo en una de las principales puertas de entrada al Mercosur. La subasta se retrasó desde el 26 de febrero, la primera fecha que estableció el gobierno para rematar los servicios del aeropuerto. La segunda fue el 29 de abril y el espinoso camino incluyó un mes atrás modificaciones en el pliego de condiciones, estableciéndose menos requisitos.
El gobierno tenía en su haber una exitosa experiencia en materia de remates en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), al adjudicar dos años atrás la explotación de la playa de contenedores del Puerto de Montevideo.
El nuevo pliego de condiciones establece que el adquirente abonará en el acto de la subasta 20% del precio resultante de su oferta y otro 10% previo al momento de toma de posesión. En el plazo de un año contado desde la realización de la subasta se deberá abonar el restante 70%.
El pliego de la subasta frustrada establecía que el pago debía hacerse 20% en el acto y 80% en los 15 días posteriores.
La concesión a privados del Aeropuerto de Carrasco obedece a que el Estado aduce no estar en condiciones de realizar una inversión cercana a los 80 millones de dólares, necesaria para contar con una terminal moderna y adecuada a los requerimientos internacionales, señaló el secretario de la Presidencia, Raúl Lago.
El EP-FA reclamó postergar la subasta a un solo controlador de todos los servicios del aeropuerto porque sería «un pésimo negocio» para el país, dijo la senadora frenteamplista Marina Arismendi .
Otros dirigentes políticos, como el senador Carlos Garat del Partido Nacional, alertó que «el precio base para la subasta es de 15 millones de dólares, y el aeropuerto recauda 28 millones de dólares en sólo un año», y reclamó otros mecanismos para la gestión de la terminal aérea.
A las reclamos de suspensión de la subasta se sumaron las protestas de la Cámara Uruguaya de Turismo (CUT) y de la Asociación de Funcionarios de la Aeronáutica Civil (AFAC).
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