Asociación Rural asegura que el sector agropecuario triplicó el pago de impuestos

Reilly asistió días pasados ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores donde se refirió al proyecto de Ley del gobierno para restituir el pago del Impuesto de Primaria  a las extensiones de tierra superiores a 300 hectáreas.

El gobierno estima que las condiciones que llevaron a suspender dicho impuesto han sido “ampliamente superadas” por parte del sector.

Sin embargo, Reilly señaló que el “grueso del incremento de la carga tributaria se registró en los últimos dos años, a raíz de la reimplantación del Impuesto al Patrimonio, un gravamen ciego, como también lo es el Impuesto de Primaria”

Explicó que un impuesto ciego “es aquel que el productor tiene que pagar en forma independiente del resultado operativo o económico de la empresa, es decir, gane o pierda dinero, tal como va a suceder en este ejercicio por distintas razones, como los precios internacionales o el déficit hídrico”.

Reilly  sostuvo que “el estancamiento del sector agropecuario estuvo históricamente asociado a la acumulación de impuestos a la tierra”.

“Está claro que gravar el activo tierra es el principal desestímulo para la inversión directa en un negocio de alto riesgo como es el agropecuario, en el cual inciden muchos factores, entre ellos el climático y también la gran dependencia de los mercados internacionales, cuya situación actual no es muy favorable”, dijo.

“Impuesto negativo”

El presidente de ARU aseguró que si se aplica el Impuesto de Primaria a partir de las 300 hectáreas índice Coneat 100, “se alcanzará a productores con ingresos de capital que no cubren la canasta básica familiar a lo largo del año”.

Explicó que un predio que se dedica a la cría de ganado necesita 414 hectáreas índice Coneat 100 para cubrir la canasta familiar, mientras que se requieren 371 hectáreas índice Coneat 100 para quienes realizan ciclo completo.

Aseguró que la Asociación Rural “comparte el fin que persigue el impuesto, que es la alimentación de los escolares”, lo que no le impide asegurar que se trata de un gravamen “negativo para el sector agropecuario y, por ende, para el país”.