En ocho años se multiplicó por siete la cantidad de procesados por delitos de lavado de activos

Según datos en poder de la Secretaría Antilavado, los procesamientos de la Justicia por lavado de activos pasaron de 10 casos en 2005 a 69 en 2013.

La secretaría coordina el trabajo de organismos que trabajan en el tema, en una tarea multidisciplinaria.

El control de las actividades no financieras comprende actualmente a unos 20.000 “sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas.

Asimismo, se estima que una vez que se introduzcan nuevos delitos precedentes como el “delito fiscal”, entre los años 2018 y 2019 serán cerca de 25.000 “sujetos obligados”.

El director de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, recordó que Uruguay fue sometido en 2009 a su última evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que revisa y eventualmente sanciona a los países en referencia al lavado de activos.

En su  informe el GAFI expresa que nuestro país está considerado, junto con Perú, “como los países de mayor cumplimiento en las medidas para combatir el lavado de activos”.

Díaz destacó que la estrategia de la Secretaría Antilavado se resume en un solo concepto: “defender la soberanía del país”.

Lo cual implica: “Luchar contra el crimen organizado y evitar que Uruguay sea incluido en una lista negra de organismos internacionales que castigan a los países que no cumplen con las recomendaciones en la materia”.

Asimismo, el jerarca destacó que a partir del año 2012 existió un cambio sustancial en las exigencias, “poniendo la lupa en los recursos que cada país destina para el cumplimiento de las metas”.

La secretaría también firmó un acuerdo de cooperación con el BID para identificar “vulnerabilidades del sistema”.

Se ha definido observar con mayor detenimiento a “sectores que merecen más control, en especial, las actividades no financieras”.

“Tenemos que preocuparnos por controles y análisis de riesgo en el sector inmobiliario, en zonas francas, casinos y en la comercialización de joyas”, enumeró Díaz.

En la actualidad para evitar el delito existe un sistema que comprende a distintos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, dividido en dos áreas: “El sector financiero, controlado por la Unidad de Información y Análisis del Banco Central; y el sector no financiero, controlado por la Auditoría Interna de la Nación”.

“Estamos evaluando si debería buscarse otra solución para reforzar los controles y ello es parte de lo que está analizando la Secretaría”, dijo Díaz.