¿No habremos canjeado más hambre por más plazo para el pago de la deuda externa?

Carlso Viera

Comencemos por afirmar que la necesidad de renegociar esa deuda fue planteada por el EP-FA allá por octubre del año pasado, cuando denunciamos que la quiebra generalizada de la economía, resultante del fracaso de la política llevada a cabo desde la década pasada, había hundido al país a tal extremo que el endeudamiento era casi equivalente al Producto anual, por lo que era imposible que el país cumpliese con sus compromisos con los acreedores del exterior. Dijimos que era constatable que no sólo se había perdido por largo tiempo el nuevo crédito de los inversores en bonos del tesoro, sino que éstos retiraban a su vencimiento lo que habían prestado, por lo que el único crédito disponible, el proveniente de los organismos internacionales, apenas si alcanzaba para afrontar esas amortizaciones, aventando su utilización para la reactivación económica. Pero dijimos también que la carga de los intereses era insoportable para el país, por lo que dicha renegociación, al igual que la que comenzara el gobierno de Sanguinetti y culminara el gobierno de Lacalle en 1991, debería contener alguna fórmula que aliviara el peso de esa carga porque, de otra manera, seguiría recayendo sobre el ya depredado bolsillo de los uruguayos.

La respuesta del gobierno fue terminante, la deuda era sustentable, Uruguay seguiría pagando para preservar la confianza que posibilitaba el crédito del exterior. En esa oportunidad lamentamos que alguien importante en la izquierda compartiera abiertamente la postura del gobierno, en contraposición a la nuestra.

Pero en febrero el gobierno cambió su posición. Semejante voluntarismo no tuvo cabida en la negociación con el FMI, quien tenía la llave del default uruguayo y se negaba a prestar gruesas sumas de dinero para que se destinasen simplemente al pago de los inversores que se retiraban. ¡Lástima que este FMI no planteó el mismo criterio y se limitó a presenciar cómo las reservas del país, por 3.500 millones de dólares, se escurrían para permitir el vaciamiento de los bancos y la fuga de capitales! El gobierno se avino a renegociar y acomodó el cuerpo transformando su inconsistente argumento de sustentabilidad en otro no menos cuestionable, al afirmar que el país era solvente pero con un problema transitorio de iliquidez, lo que fue inmediatamente apoyado por nuestro amigo de la izquierda. Encaró sí la renegociación, pero eligió una forma que a nuestro entender no fue la mejor, porque descomprimió la presión sobre la otra parte, presentándose a la mesa de negociación como rico en dificultades, que sólo solicitaba una espera para el pago.

 

Privilegiados en la quiebra

Justamente, cuando se alude a ganar la confianza de los inversores, sostenemos que en cualquier orden de la actividad humana, la confianza no puede cimentarse en engaños o en simulaciones de la realidad. Todo inversor sabe que corre un riesgo. Cuando un país quiebra, y éste quebró, los costos deben compartirse. ¡Vaya si habrán pagado y siguen pagando los asalariados y los pasivos, con la enorme caída de las remuneraciones reales, los desocupados, los empresarios que tuvieron que cerrar, las empresas o familias endeudadas, los depositantes en la banca oficial y bancos suspendidos, la gente que tuvo que emigrar!

Por lo tanto, no es equitativo que a ciertos actores involucrados se les haya pedido una contribución menor.

Además de eso, atenta contra la imperiosa reactivación económica, que se exija un esfuerzo adicional a la gente que sufre hasta hambre en este país, para poder pagar la altísima carga de intereses que sigue corriendo e inclusive se incrementa, al meramente estirar los plazos de la deuda.

La operación concretada, desperdicia una oportunidad de remover a fondo la restricción generada por el endeudamiento externo, pero algo aporta, y en consecuencia no se trata de estar en contra de ello.

Como única ventaja, abre la posibilidad de utilizar para su destino específico una parte de los préstamos de organismos internacionales que, de otra manera iban a ser usados para amortizar la deuda con los acreedores por bonos del tesoro. Según nuestros cálculos habrá un margen de holgura para el crédito en los años 2003 y 2004. A su momento, este gobierno deberá rendir cuenta del grado de responsabilidad con que utilice este instrumento que se pone en sus manos. Sobre todo cuando este margen se obtiene con altos costos a saber:

a) Significa aumentar la ya problemática relación deuda-producto. Recordamos el «frío por la espalda» que le corría al ex ministro Bensión cuando le solicitábamos tan solo acrecentar el endeudamiento en 300 millones de dólares, 10% de las reservas y 5% del endeudamiento de aquel momento, con el fin específico de reactivar. Resulta que ahora, no se cambia una deuda por otra sino que la deuda con bonos se tira hacia adelante y la deuda con los organismos internacionales se acrecienta en buena medida.

b) Sólo posterga la incertidumbre respecto a que el país cuente con el nivel de liquidez internacional necesaria, ya que nuevamente habrá que afrontar pesados pagos, con los organismos internacionales a partir de 2005 y otra vez con los bonistas a partir de 2008.

c) No soluciona la desconfianza, sólo la atenúa dispersándola en el mayor plazo y no va a generar una nueva corriente de crédito por parte de estos inversores. No bien se concretó el canje, la calificadora Standard & Poor’s pasó de CC a CD (default selectivo) la nota de la deuda uruguaya y la calificadora Fitch hizo lo propio, bajándola de C a DDD (default).

La nota que adelantan para los nuevos títulos seguirá siendo baja (nivel inferior de la categoría B) aunque esto representa una suba respecto a los valores anteriores lo que implicará una ventaja para los tenedores.

d) Deja intacta y hasta un poco agravada la restricción fiscal, con lo que, unido a los términos del acuerdo con el FMI, cristaliza la teoría del ajuste fiscal permanente, atando de manos también al próximo gobierno.

En particular, el último de los costos señalados, creemos que compromete el desenvolvimiento del mercado interno, efecto éste determinante al momento de pensar en una verdadera reactivación. Según el acuerdo con el FMI, el resultado fiscal deberá reflejar, de aquí a muchos años, un superávit de entre 3% y 4% del PBI, para dedicarlo al pago de la mitad de los intereses de la deuda externa. Según el mismo acuerdo, esto se lograría aumentando los impuestos y las tarifas de los servicios públicos y haciendo evolucionar muy por debajo de la inflación a los salarios públicos y por lo tanto a las pasividades. Al mismo tiempo se constriñe la inversión pública.

Especial atención merece la referencia que, respecto al manejo alcista de las tarifas de los servicios públicos, se formula en la Carta de Intención suscrita con el FMI. Al parecer el gobierno ha encontrado la forma de matar, no dos sino tres pájaros de un tiro.

En efecto, por un lado espera proveerse de más recursos para financiar el déficit. Por el otro, inflaciona artificialmente la economía, requerimiento éste que necesita para poder licuar el gasto público, vía caída real de las remuneraciones. Finalmente, crea un manto de desprestigio sobre las empresas públicas que ambienta su privatización.

En resumidas cuentas, nadie puede estar en contra de haber, al menos, ganado tiempo para el pago de una parte importante de los compromisos de la deuda externa.

Ello aporta una mejora en materia crediticia y será responsabilidad del gobierno su máximo aprovechamiento en las actuales circunstancias de severa crisis. Pero al mismo tiempo señalamos tres consideraciones fundamentales:

1)
Que se perdió la oportunidad de haber negociado condiciones más favorables.

2) Que esta mera postergación en los pagos, desde la lógica del acreedor y desde la ingeniería financiera en que está inmerso, más lo beneficia que lo perjudica, lo que lo privilegia frente al resto de los actores económicos involucrados en la quiebra del país.

3) Que la negociación dejó como secuela costos muy importantes, como lo son el aumento de la deuda externa, el mantenimiento de la desconfianza de los inversores y la consolidación de una restricción fiscal inconsistente con la reactivación productiva. *