Ejecutivo cierra expediente de DGI contra Francisco Casal para proteger el interés público

El gobierno dejó sin efecto una resolución de Impositiva que involucraba al contratista deportivo, Francisco Casal, a quien se le pretendía cobrar 10 millones de dólares por una presunta evasión del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (ICIR) y del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE). El Ejecutivo estima como un deber “ineludible el proteger de la forma más eficiente y celosa al erario público y el interés general”.

Presidencia difundió este viernes la resolución por la cual resuelve cerrar el diferendo con el empresario Francisco Casal, y evitar perder un eventual juicio.

De esta manera el gobierno renuncia, por parte de todas las personas físicas y jurídicas afectadas, a la promoción de acciones de reparación por daños y perjuicios y a cualquier reclamo de eventuales costas y costos.

El litigio entre el gobierno y Casal se remonta a 2008, cuando a pedido de la Dirección General Impositiva, la jueza actuante embargó los bienes del empresario y de ocho de sus socios por un monto de 25 millones de dólares. Luego, Impositiva fijó la deuda en 300 millones de dólares.

Con posterioridad, la DGI inició un juicio por defraudación tributaria que fue archivado.

Luego de que la Justicia penal determinó que no hubo delito de defraudación tributaria por parte de Casal, su defensa planteó que “si no hay delito de defraudación, no puede haber condena civil”.

El contratista inició entonces, una acción de nulidad ante el TCA. Con posterioridad, una consultora técnica concluyó que “no se configuró defraudación tributaria” por parte de Casal.

Ante esta situación, el gobierno analizó la posibilidad de la “salida negociada” con el empresario para evitar perder un eventual juicio millonario (unos 300 millones de dólares) por “daños y perjuicios”.

Resolución

Finalmente, este viernes Presidencia dictó una resolución que implica “dejar sin efecto el acto de determinación contenido en una resolución de la Dirección General Impositiva” que involucraba al contratista, así como la renuncia, por parte de todas las personas físicas y jurídicas afectadas, a la “promoción de acciones de reparación por daños y perjuicios y a cualquier reclamo de eventuales costas y costos”.

El gobierno estima como un deber “ineludible” el proteger de la forma más “eficiente y celosa posible al erario público y, de este modo, al interés general”.

Con el dictado de la resolución “se previene de forma definitiva toda posibilidad de generación de contingencias económicas de enorme cuantía al Estado Uruguayo, lo cual redundaría eventualmente en inocultables consecuencias negativas hacia la totalidad de los ciudadanos del Uruguay”.

“Ante la existencia de eventualidades económicas de considerable entidad y de posible concreción, otorgar importancia sustantiva, en el marco de la más estricta institucionalidad y apego al Derecho, a la intangibilidad del erario público ante la situación planteada”, puntualiza la declaración.

Astori no cambia de opinión

Ante la decisión del gobierno, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo que “reafirma su opinión”, y que se hace “plenamente responsables de lo que hace y dice el gobierno” luego de la decisión de cerrar el caso.