BOMBARDIER

Trabajadores de ALAS-U esperan respuesta del gobierno sobre el futuro de los aviones

Los trabajadores de la ex PLUNA aguardan una respuesta del gobierno sobre el futuro de los aviones que adquirió la cooperativa ALAS-U, luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley que habilitó el cierre de la aerolínea.

El futuro de los aviones de la exPluna es motivo de inquietud tras la resolución de la SCJ

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional los artículos que crearon el Fideicomiso, el que lo habilitó a enajenar los aviones de la ex PLUNA, y el que permitía al eventual ganador de la subasta de las aeronaves a negociar con el gobierno las frecuencias que tenía la ex aerolínea.

A raíz de tal decisión, los aviones deberían volver a PLUNA y formar parte de la masa de activos en el concurso de acreedores.

En caso de que ello suceda, la aerolínea ALAS-U, creada por ex empleados de PLUNA, con financiación del gobierno, podría perder sus aviones.

Buscan no perder los aviones

En tal sentido, el dirigente de la Asociación Civil de Pilotos de Líneas Aéreas, Jorge Méndez expresó este viernes que “la compraventa está hecha”, por lo cual buscarán “no perder los aviones”.

“Queremos ver qué posición toma el gobierno. Nosotros tenemos la compraventa hecha”, dijo el dirigente sindical en declaraciones a Montevideo Portal.

Méndez entiende que “existe alguna posibilidad de que la nueva aerolínea no pierda los aviones adquiridos”.

Aseguró que desde el Ejecutivo no hubo contactos con la asociación de pilotos, luego de que se conoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, dijo que la próxima semana los pilotos realizarán una asamblea para “informar a todos los socios sobre la situación”.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se había expresado, horas antes del fallo del Poder Judicial, que si se declaraba inconstitucional la Ley (lo que con posterioridad ocurrió) podría “hacer más compleja la definición de la cuestión”.

También relativizó los planteos formulados por tres grupos de acreedores de “menor importancia económica relativa, de cuya legitimación no existe certeza, ya que no han logrado verificar sus créditos en el concurso”.

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